El legislador provincial del FrePam se refirió a la elección de miembros para el Tribunal de Cuentas y el STJ. Criticó las designaciones a dedo y planteó un mecanismo similar al de la Corte Suprema de la Nación, con participación ciudadana para evaluar e impugnar candidatos.
Martín Berhongaray se refirió a la solicitud de la oposición de lograr la presidencia del Tribunal de Cuentas y la participación en la elección de uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y dijo que “los miembros del STJ son elegidos por el Gobernador, pero habiendo dos vacantes, el presidente de nuestro bloque (Ricardo Consiglio) ha entendido que corresponde que la oposición parlamentaria proponga alguna persona y que el partido de gobierno, elija al restante”, dijo.
“Yo presenté hace tiempo un proyecto que busca establecer en la provincia un procedimiento de selección similar al que opera en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2003, donde haya participación ciudadana de las designaciones y haya una evaluación previa de los distintos antecedentes de los postulantes, se puedan presentar impugnaciones y que las designaciones se puedan realizar para mejorar el sistema actual, en donde el Gobernador los designa a dedo”, dijo.
“Creo que la oposición está habilitada a proponer candidatos y que no sea solo el Gobernador, como representante del Ejecutivo y máximo representante del partido de gobierno, para elegir a los representantes”, dijo Berhongaray.
“Yo complemento ese planteo con una cuestión de instalar un procedimiento novedoso de selección en la provincia donde participe la ciudadanía y pueda realizar impugnaciones, en función de cada uno de los postulantes”, dijo.
—¿Y con respecto al Tribunal de Cuentas? Se piensa desarchivar el proyecto que lo impulsa como presidente
—Creo que hay que generar un consenso muy importante, habida cuenta de que fracasaron un par de concursos y ahora la designación requiere de una mayoría calificada de dos tercios, lo que suma en la discusión al FrePam.
—¿Eso es así o es discutible?
—Estoy convencido que es así.
—¿Cómo viste lo sucedido en el río V?
—Es una situación que viene de larga data y muchas veces los gobernantes se acuerdan cuando suceden este tipo de episodios. Hubo tiempo más que suficiente para que las autoridades insten a los ejecutivos nacionales a reglamentar la Ley 25688, de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, una norma vigente del año 2002 y que prevé la creación de los Comités de Cuencas.
Sucede que como es una ley paraguas, no establece cuáles deben conformarse, ni cómo se van a integrar o qué atribuciones van a tener y estas cuestiones son resorte de normativa complementaria. Para algunos doctrinarios, esa cuestión debe subsanarla el Ejecutivo a través de un decreto y otros piensan que pueden complementarse mediante leyes nacionales.
Lo correcto sería que el Gobernador instruya a sus legisladores nacionales a que complementen la ley 25688 y que definan esas cuestiones que están faltando para tener el Comité de Cuenca, no solo del río V, sino del Atuel, el Salado y de todas las cuencas del territorio argentino.
—¿Coincidís en que había que dejar que las máquinas trabajen sí o sí, usando la fuerza?
—No tengo un panorama completo para hacer una evaluación de lo que sucedió. Sí estoy convencido que hay que buscarle una solución de fondo al tema y que estas reacciones son de momento, de circunstancia, pero nuestros gobernantes no han trabajado en serio y con la firmeza del caso, para resolver estas cuestiones de fondo.
Es necesario que comiencen a funcionar los Comités de Cuenca y la ley sea operativa para que, por ejemplo, como establece en su artículo 6º, al tratarse de aguas interjurisdiccionales, ninguna provincia puede hacer acciones que afecten a otras, sin la aprobación del comité de cuenca correspondiente. Muchas de esas cláusulas son letra muerta, porque falta completar esta normativa.