El Gobierno argentino solicitó que proceda a avalar la orden del juez Griesa, librada el viernes, que contempla la posibilidad de levantar restricciones, así como suspender el caso con los bonistas «me too» que habían obtenido el fallo ‘pari passu’ el 30 de octubre.
El nuevo estudio de abogados de la Argentina, Cravath, Swaine & Moore, libró este lunes una serie de pedidos a la Cámara de Apelaciones neoyorquina, todos relacionados con la nueva orden de Griesa del viernes último.
Sobre los «me too», el gobierno pidió que le dé luz verde a Griesa para ejecutar su orden, y de esta forma poder alcanzar un acuerdo con los tenedores de deuda en default que decidieron aceptar la oferta argentina.
Así envió este lunes una moción de emergencia a la Corte de Apelaciones para que se cancele una audiencia prevista para este miércoles 24 de febrero, por el caso de los fondo NML y Aurelius, contra la Argentina y el Citibank.
Argentina indicó que, tras la nueva decisión del juez Griesa del pasado viernes, en el que sostuvo que está dispuesto a levantar la restricción que pesa contra el país, los letrados dijeron que de esta forma desiste de la apelación presentada en su momento que tiene ver con los bonos del canje de Argentina, cuyo pago era canalizado a través del Citibank.
Asimismo, la Argentina solicitó en otro documento la extensión por 30 días de otra audiencia, también en un caso paralelo al fallo ‘pari passu’, nuevamente contra el fondo NML, al indicar que «necesita tiempo para familiarizarse con el caso» en cuestión, tras haber tomado la defensa argentina en los últimos días de la semana pasada.
Esto se relaciona con la decisión de los fondos NML y Aureluis de no plegarse hasta el momento a la oferta Argentina.
El viernes pasado, Griesa avaló la oferta Argentina, si bien puso dos condiciones. Por un lado, que la Argentina trate en el Congreso la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Y por, otro, consideró que el país deberá cumplir con lo acordado en su totalidad con los acreedores que arreglen hasta el 29 de febrero, lo que acotó el poder de presión de los fondos buitre díscolos.
En el escrito, Griesa le solicitó a la Corte de Apelaciones un permiso para poder ejecutar su orden.