El presidente subrogante del Tribunal de Cuentas, José Sappa confirmó a Plan B que el gobierno provincial evalúa la caducidad del crédito a la fábrica Montenegro. Cuestionan actuación de funcionarios de la gestión anterior y la falta de cumplimiento de parte de la empresa.
José Sappa dialogó con Plan B y explicó el estado del crédito a la empresa Montenegro, ubicada en la ruta 35, al sur de nuestra ciudad.“El Tribunal de Cuentas de la provincia tiene un control posterior a los pagos, de forma casi inmediata. Las habilitaciones tienen casi 48 horas después de pagar para rendir ante el Tribunal de Cuentas”, explicó.
“Lo que estuvimos observando es un pago del mes de agosto, que fue el último certificado pagado a la empresa Montenegro. De allí hubo una observación de los Relatores de Tribunal y se dio vista a la habilitación, para ver por qué ha pagado evadiendo o no haciendo caso omiso a una normativa”, dijo Sappa.
“Ahí empezó un proceso de defensa que tuvo la habilitación del Ministerio de la Producción, hasta que el Tribunal de Cuentas llegó a una conclusión, en donde advirtió que hicieron omisión a unas pautas de la Ley de Promoción Industrial o de la Promoción que había tenido Montenegro, con respecto a la verificación de la Subsecretaría de Relaciones Laborales”, explicó.
“Por lo tanto, después de un proceso de defensa de los funcionarios actuantes en el expediente y la empresa Montenegro, que no contestó a la requisitoria del Tribunal de Cuentas, emitimos un acuerdo entre los tres integrantes en donde se advierte a estos funcionarios, a la Contaduría General de la Provincia y al Ministerio de la Producción, que se deben seguir los procedimientos establecidos por la ley y que cada uno debe cumplir y ejercer su función”, dijo.
“También dimos vista a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de un proceso que ya se está realizando, en donde diputados denunciaron a la empresa Montenegro, para que se adjunten las actuaciones del Tribunal de Cuentas, a las actuaciones de la FIA”, agregó.
Sappa también dijo, atento a que el último certificado presentado por Montenegro es irregular, se le solicitó a la Asesoría Letrada de Gobierno que verifique el estado del crédito y vea los pasos a seguir jurisdiccionales y administrativos.
—¿Esto se puede solucionar de manera administrativa o tiene otra vía?
—Son dos los reclamos: uno de ellos es el procedimiento llevado por los funcionarios actuantes con la empresa Montenegro, para el cobro del último certificado que se manifiesta en el expediente y ese es el tema del daño patrimonial que el Tribunal de Cuentas tiene que juzgar.
Para el Tribunal de Cuentas, no habría daño patrimonial porque es un crédito ejecutable, es decir, recuperable por la provincia.
El otro paso, por el que se le da paso a la Asesoría Letrada de Gobierno, es ver si hace caducar este crédito o no y si comienza o no con la etapa de ejecución del crédito, pero eso tienen que ser un análisis de la Asesoría, de acuerdo a los elementos del expediente, no solo con la rendición, sino con el cumplimiento directo del crédito.
—¿Hay reproches directos a los funcionarios mencionados?
—Sí. Una advertencia y llamado de atención a cada funcionario de la Subsecretaría del Ministerio de la Producción, como de las personas que actuaron de la Contaduría General de la Provincia.
—¿Cuáles son los ex funcionarios involucrados en el último pago?
—No recuerdo los nombres. Son el habilitado de la Contaduría General de la Provincia, el Jefe de la Habilitación de la Contaduría General de la Provincia y la Subsecretaria de Comercio del Comercio Anterior, María Teresa Álvarez.
La empresa ya recibió un préstamo por 48 millones de pesos e inició una producción mínima en el mes de junio de 2015, al filo del plazo de los requisitos del crédito promocional otorgado.
Cabe recordar que el Gobierno Provincial le entregó un crédito de Promoción Industrial de 60 millones de pesos (40 millones, inicialmente, en 2011, y una ampliación en noviembre de 2013 de 60 millones de pesos, que no se desembolsó).
La promesa de Montenegro había sido que en enero de 2015 iba a iniciar la producción, pero esto no se cumplió y solicitó seis meses más de plazo para concretar su proyecto. A fines de julio comenzó a producir.
La empresa va a producir máquinas de transporte, líneas de riego y maquinaria agrícola. Se prevé que en un principio trabajen entre quince y veinte personas, aunque en el proyecto está previsto para unos cien puestos de trabajo.