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Denuncian que la policía cobra $200 a $500 a mujeres en situación de calle y les solicita “favores sexuales”

1 abril, 2016
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autoconvocadas

La Agrupación Mujeres Autocnovocadas emitió un duro informe tras la exposición de Carina Verdasco en el Concejo Deliberante. “Mientras las y los funcionarios hacen el período de adaptación, las mujeres siguen siendo blanco de golpizas, violaciones y femicidios”, indicaron.

[pullquote]DATO. Altolaguirre había decidido eliminar el área de género y dejarle la responsabilidad a la provincia pero por las presiones de las organizaciones feministas la mantuvo y designó a Carina Verdasco.[/pullquote]

La agrupación feminista participó de la exposición de la funcionaria municipal el miercoles pasado cuando hizo la presentación pública del área de Desarrollo Social. Le criticaron a la titular del área de género el lenguaje y utilizado porque incurrió en “errores conceptuales” cuando “sostuvo, al referirse a las víctimas de Trata y Explotación Sexual, que son mujeres que ‘practican Trata y Prostitución’”, señalaron.

“Esto no solo es incorrecto, puesto que las mujeres en situación de víctima no ‘practican’ su propia esclavitud, sino que deja ver la inconsistencia y la falta de profundización sobre una de las problemáticas más extremas que comprende a la violencia de género. El uso de los términos correctos es una lucha que se plantea como una transformación cultural en la construcción de sentido con perspectiva de género”, enfatizaron.

“Nuestra preocupación se agudizó cuando, al referirse a los mecanismos para encontrar soluciones a la Trata y explotación Sexual, la Directora hizo mención a reuniones con la Unidad Funcional de Género. La Policía, en este caso particular comandada por el golpeador Juan Carlos Tierno, es el principal actor de hostigamientos y violencias de todo tipo ejercidas sobre las víctimas del sistema prostituyente”, expresaron en un parte de prensa.

Mujeres Autoconvocadas informó que “en nuestra ciudad, se han encargado hasta la fecha de confeccionar ‘padrones’ de niñas y mujeres prostituidas, en los que colocan sus nombres, su alias, su ‘condición’ de mujer o de trans, su edad (en muchos casos, escriben ‘menor’ con total liviandad). Estos listados son los que utilizan para, a diario, molestarlas y aprovechar el momento para cobrarles entre 200 y 500 pesos, que hacen las veces de peaje para cesar, por algunas horas, con sus vejámenes. Ni hablar de los oportunismos policiales a la hora de solicitar ‘favores sexuales’ que, en algunos casos, hasta se han judicializado por denuncias de niñas victimizadas”.

Agregan que “la policía, los milicos, en un paradigma superador de la conciencia prohibicionista, debe quedar afuera de cualquier intento de rescate de estos grupos vulnerados. Si llama la atención que la titular del área, en esa búsqueda de alternativas a la cuestión planteada, no se disponga a dar cumplimiento a la ordenanza Municipal 4477/11, sancionada en el gobierno radical de Francisco Torroba, que prevé un acompañamiento integral (terapéutico, económico, laboral) a las víctimas de trata y explotración sexual”.

[pullquote]CONTRA LARRAÑAGA. El miércoles pasado el equipo encabezado por Diana Bonifacio hizo un informe público sobre la situación en la que se encontraron el área de Desarrollo Social. Denunciaron faltantes de cosas y mal uso de los comedores escolares.[/pullquote]

Indicaron que “referirse a las mujeres que se encuentran en tránsito en el Hogar de Medio Camino como ‘internas’ reproduce una lógica de encierro y no de acompañamiento, contención y fortalecimiento con perspectiva de género. Consideramos urgente que se concluya con la confección del protocolo de ingreso y acompañamiento, dado que las razones que expuestas no son óbice para mayor dilación”.

“Vaya paradoja: el mismo día de la exposición de Verdasco, este colectivo, a través de una funcionaria provincial, solicitó la intervención urgente en el caso de una mujer que huyó de la vivienda del violento y solo recibió respuestas negativas. Lo cierto es que resulta contradictorio estimular a las mujeres a escapar del contexto de violencia si las autoridades obligadas a asistirlas las van a cuestionar en esa decisión y les van a ofrecer soluciones momentáneas, casi como si les hicieran un favor, cuando se trata de una obligación asumida a través del convenio de descentralización”, dijeron.

Por último aseguraron que “nos vemos en la obligación de hacer públicos estos planteos, porque mientras las y los funcionarios hacen el período de adaptación, las mujeres siguen siendo blanco de golpizas, violaciones y femicidios”.

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