El diputado Luis Solana manifestó la necesidad de “un urgente sistema de control” sobre el Ministerio de Seguridad y la Policía. Además consideró que el área de Derechos Humanos debe ser un área “autónoma”.
El legislador Luis Solana declaró que la política de seguridad provincial necesita que “se implemente urgente un sistema de control sobre el accionar tanto del ministerio como de la Policía”.
El socialista destaca que este análisis surge de los hechos que “conmocionaron a la sociedad pampeana en los últimos tiempos, y que han llevado a la detención arbitraria por parte de la Policía de la periodista y militante social Cintia Alcaraz, acto que responde a una metodología impuesta por el ministro Tierno que hemos visto avanzar y que seguirá creciendo”.
Resalta que “Le han dado vía libre a la policía en la calle para usar la fuerza a su antojo, y eso es alarmante”, sin embargo, precisa que “no toda la policía ha asumido ese metodología y que hay reparos internos a la política implementada”.
“Ya lo habíamos advertido. No se puede tener una política de seguridad en base al miedo. Dijimos en su momento que no está mal controlar y darle seguridad a la población, y que se debe brindar un buen servicio de seguridad, pero eso no es a costa al amedrentamiento y a posibles abusos de autoridad”, sostuvo.
Consideró que el área de Derechos Humanos debe ser un área autónoma. “En ese sentido, vuelvo a insistir, ante la poco clara respuesta de las autoridades provinciales a la denuncia realizada por Alcaraz, que la Secretaría de Derechos Humanos debe servir para evitar el descontrol y los abusos en materia de seguridad. Y en ese sentido, vuelvo a replantear que se convierta en un organismo autónomo del gobierno provincial para que no esté sujeto a condicionamientos en su accionar. No puede controlarlo el mismo organismo que comparte el gabinete con el ministro al que debe denunciar”.
Finalizó expresando que “Un proyecto presentado en su momento en la Legislatura promueve que la Secretaría de DDHH se convierta en una Defensoría para poder abordar con mayor independencia casos de violaciones de derechos, acceso a la información pública y evitar abusos de autoridad. A eso apuntamos”.