En el marco de la primera Audiencia Pública de 2016 convocada por la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, La Tosca intervino para exigir el pago de los Fondos de Fomento Concursables (FOMECA), la implementación de una “tarifa social” para el sector comunitario, la regulación en la distribución de la pauta oficial, entre otros.
En la Universidad Nacional del Comahue, en Nequen, las y los representantes de La Tosca se dirigieron a las 65 organizaciones presentes de las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, como “los sectores históricamente postergados” por los gobiernos en materia de comunicación audiovisual.
“A pesar de los avances parciales que significó la ley aún vigente, todavía estamos lejos de revertir los efectos de décadas de marginación”, dijeron desde la emisora comunitaria, al mismo tiempo que reconocieron que “más allá de una incompleta aplicación, representa una oportunidad inmejorable, para su plena aplicación”.
La Tosca, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC), denunció que los Decretos del Ejecutivo Nacional que intervinieron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA), “favorecen las prácticas monopolicas y la concentración de la palabra en manos de los agentes corporativos de información más importantes del país”.
“Una de las medidas adoptadas por el actual gobierno y que representa un franco retroceso para el sector, es la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA), en el que teníamos representación, y tenía como función intervenir en el diseño de políticas públicas de radiodifusión, proponer pautas para los llamados a concursos por licencia, proponer a representantes de las autoridades de aplicación y brindar informes en el Congreso de la Nación sobre el cumplimiento de la ley, entre otras misiones”, expusieron las y los representantes de la emisora local.
En el mismo tono, demandaron que “no se puede retroceder en los derechos consagrados en la LSCA, como lo son la reserva del 33% y la negativa a un norma restrictiva de potencia, para los medios sin fines de lucro”.
“El vaciamiento de las políticas publicas de comunicación en estos meses del nuevo gobierno, incluye la suspensión de los FOMECA, lo que atenta aún más al desarrollo de los medios comunitarios”.
Al mismo tiempo, se planteó la actualización de los montos de los mismos, “hubo una gran perdida del poder adquisitivo sufrida en los montos otorgados por la devaluación existente desde 2015. Queremos saber que medidas compensatorias se van a tomar al respecto, ya que esto compromete la posibilidad de realizar compras y por ende continuar con las mismas condiciones con las que fueron encarados los proyectos”.
La Tosca fue convocada en los últimos días por las nuevas autoridades del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), organismo que reemplaza al extinto AFSCA, “allí tomamos conocimiento del vaciamiento que se produjo en las oficinas de la delegación pampeana y que por este motivo dijeron las autoridades demoran en conocer la situación de los medios de comunicación audiovisual en la provincia. Esto nos preocupa y nos pone en estado de alerta”.
Tarifa social. “Exigimos la pronta implementación de una tarifa social de lo servicios, que contemple a los medios comunitarios, uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas regresivas aplicadas por la gestión cambiemos”, dijeron desde La Tosca.
Desde la emisora destacaron que es uno de los temas en discusión “mas importantes”, porque se trata de “una limitación impuesta por el propio Estado a nuestros escasos recursos, lo que repercute directamente en la mala prestación del servicio que producimos día a día”.
“Significa la vulneración del derecho a la comunicación y la libre expresión, y de las audiencias que ven como el discurso es cada vez más homogéneo”, denunciaron.
En el mismo tono, desde el sector exigieron el “establecimiento de pautas para la distribución de la pauta oficial”.
“Creemos que cualquier proyecto debe contemplar un piso de porcentaje para el sector y no debe ser el rating el criterio de su distribución”.
En ese sentido consideraron que “profundiza las desigualdades, incentiva más la concentración”, y por lo tanto “resta pluralidad y democracia al sistema de medios”, argumentaron.
Además, los representantes de AMARC volvieron a pedir “la elaboración de un plan técnico para que se garantice la reserva del 33 % del espectro a las organizaciones que gestionan medios sin fines de lucro, por la apertura de concursos y el otorgamiento de licencias”.
“Aún no se ha solucionado definitivamente el reconocimiento de algunas emisoras comunitarias que no contamos con licencia”, remarcaron, al mismo tiempo que denunciaron que “hasta ahora las únicas políticas implementadas van en favor de la concentración de la palabra en manos de unos pocos”.
Por último, aunque no por eso menos importante, se denunció la criminalización y la judicialización de las organizaciones de comunicación popular, como las del canal comunitario Antena Negra Tv que sufrió el secuestro de sus equipos y la causa judicial contra la Revista Barcelona.
“Todo este proceso sienta un muy mal precedente y nos pone en estado de alerta y movilización a todos los medios comunitarios que llevamos años luchando por la legalidad y construyendo legitimidad en la práctica activa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular”, concluyeron.