(Por Franco Armanini)
Esta semana fue fotografiado en libertad al ex jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini, condenado a 25 años de prisión en la causa por delitos de lesa humanidad Subzona 14 II. A un mes de esa sentencia, el hecho generó un repudio general y terminó por reafirmar lo que se viene pidiendo hace años: los genocidas deben cumplir las condenas en la cárcel.
Baraldini fue visto el miércoles 25 de septiembre, en horas del mediodía, en Av. Rivadavia al 6.700, en el Barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, donde fijó domicilio particular en la instrucción del juicio. Cabe recordar que en el primer juicio de 2010, Baraldini no pudo ser juzgado por que estaba prófugo en Bolivia. Dicho esto, el hecho reviste de mayor importancia, dado que ya hubo una acción previa de evadir a la justicia.
Si bien resulta repudiable la actitud de Baraldini de violar las condiciones de reclusión impuestas por la justicia, sobre todo cuando se menciona que fue una víctima de la represión ilegal la que se topó en la calle con el ex militar, tampoco sorprende que quienes son los máximos responsables del genocidio perpetrado en nuestro país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tengan estos beneficios. Pero ¿por qué caminan libres por la calle cuando fueron condenados a prisión por la justicia federal?.
Aunque el Tribunal Oral Federal (TOF), compuesto por los jueces José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, ordenó la inmediata detención los condenados no fueron alojados en una cárcel común y si se les otorgo el beneficio de la domiciliaria. De hecho, la mayoría llegó al juicio y lo atravesó bajo esta última condición. Esto se debe a la apelación presentada por las defensas.
A partir del fallo del Tribunal comienza la instancia recursiva. Este camino podría extenderse más allá de los 3 años, según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH). Este es el Promedio de tiempo entre la sentencia y el fallo de último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Cabe destacar que el TOF consideró además, por voto mayoritario, que los crímenes juzgados en la causa no fueron cometidos en el marco de un “genocidio”. Lo que motivará la presentación de recursos por parte de las querellas ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Aunque aguardarán a la lectura de los fundamentos de las sentencias de los jueces que darán a conocer el 15 de octubre. La Fiscalía, por su parte, no se ha pronunciado aún en este sentido.
Lo que resuelva la CFCP puede ser materia de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Una vez que esta resuelve se agota la posibilidad de todo recurso y el fallo queda “firme”.
De acuerdo a la PCCH, insume un promedio de cinco años la tramitación de una causa entre su radicación ante tribunal oral, la realización del juicio y la sentencia definitiva.
La causa Subzona 14 II tomó 4 años desde la elevación a juicio hasta la sentencia.
El informe de la PCCH, que abarca hasta marzo de 2019, señala que de las 611 causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país, un total de 36 por ciento obtuvo sentencia. Esto representa una baja que comienza a producirse a partir de 2018.
Condenados, no presos.
Salvo por el caso del ex comisario, Carlos Alberto Reinhart, quien cumple la sentencia del juicio Subzona I, el resto de los condenados gozan de libertad o de prisión domiciliaria, tal como se mencionó anteriormente.
Se trata de uno de los cuestionamientos más serios en las causas de lesa, puesto que durante los últimos años se ha venido reduciendo el número de detenidos en cárcel común y se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante. Lo mismo ocurre para quienes continúan siendo investigados por estos delitos.
En gran parte, los motivos de que esta modalidad se haya profundizado obedecen a que el proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad es de “justicia tardía”, ya que se produce décadas después de la comisión de los crímenes, y todos los responsables superan los 70 años de edad en promedio por lo que son considerados “personas mayores”.
La Ley de Ejecución Penal contempla la posibilidad de que el juez reemplace el encierro por un arresto domiciliario en los supuestos de personas mayores de 70 años.
En términos porcentuales, un 65 % del total cumple con esta modalidad. Esa tendencia es definitiva, y se profundiza aún más al analizar el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77% de los casos, y al 82% si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia «firme».
El informe de la PCCH señala que de 2015 a 2019, los arrestos domiciliarios pasaron de 439 a 650. Los detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal disminuyeron de 603 a 252.
¿Cuántos años tienen los represores condenados en la causa Subzona 14 II?
Luis Enrique Baraldini (81); Nestor Omar Greppi (80); Athos Reta (86); Antonio Yorio (78); Nestor Bonifacio Cenizo (68); Carlos Alberto Reinhart (73); Hugo Roberto Merenchino (78); Oscar “Miseria” López, se cambió el apellido a Melasi (70); Orlando Osmar Pérez (75); Juan Domingo Gatica (76); Miguel Angel Ochoa (71); Jorge Osvaldo Quinteros (74); Máximo Alfredo Pérez Oneto (78).
El informe citado de la PCCH sirve para comprender con información fehaciente porque se habla de justicia tardía y de impunidad, en las causas por delitos de lesa humanidad vinculados al genocidio llevado adelante por la dictadura cívico militar en nuestro país a partir de 1976.
Justicia tardía porque justicia que llega 40 años después no es justicia e impunidad que representa que las víctimas tengan que cruzarse con sus torturadores libres caminando por las calles del barrio como cualquier vecino.
Ahora el Fiscal interviniente, Leonel Gomez Barbella, peticionó al Tribunal Oral Federal que revoque el beneficio de la prisión domiciliaria por haberla quebrantado sin justificación y se lo ponga bajo arresto en una Unidad Penitenciaria Federal.
El Ministerio Público Fiscal pidió que se le revoque la domiciliaria a Baraldini