El grupo de Mujeres Radicales de La Pampa reclamaron al Estado Provincial medidas efectivas contra la violencia de género, de parte de todos los estamentos del Estado provincial.
Luego de que se conociera el caso de Romina Regis, desde la UCR pidieron “la inmediata puesta en funcionamiento de los mecanismos de prevención y sanción de todas las formas de violencia hacia la mujer”.
Además, solicitaron “la la inmediata implementación de políticas públicas en pos del fortalecimiento de espacios de formación, reflexión e intercambio que permitan visibilizar y deconstruir estereotipos y vínculos violentos, como también la continuidad y profundización del camino de sensibilización iniciado con la implementación de la Ley Micaela”.
El comunicado completo, consigna lo siguiente:
“Ante los graves y reiterados casos de violencia de género que ocurren en el país y en nuestra provincia, acrecentados a partir de la situación de pandemia, las Mujeres Radicales de La Pampa acompañamos a las víctimas y exigimos al Estado en sus tres niveles Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la inmediata puesta en funcionamiento de los mecanismos de prevención y sanción de todas las formas de violencia hacia la mujer, originadas en las relaciones desiguales de poder establecidas por masculinidades posesivas, coercitivas y avasallantes, y reclamamos la inmediata implementación de políticas públicas en pos del fortalecimiento de espacios de formación, reflexión e intercambio que permitan visibilizar y deconstruir estereotipos y vínculos violentos, como también la continuidad y profundización del camino de sensibilización iniciado con la implementación de la Ley Micaela.
La igualdad de género, tan declamada en los discursos, no puede ni debe ser un slogan adaptable al momento. Es imperioso que se deconstruyan preconceptos, costumbres, modalidades y paradigmas para transitar el camino hacia una sociedad más justa, que no será tal mientras a las mujeres nos sigan matando los machos patriarcales que nos consideran “su propiedad”.
Exigimos el efectivo funcionamiento y el fortalecimiento de redes interdisciplinares e interinstitucionales.
Reclamamos el cumplimiento de todas las leyes de protección integral contra todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres y la diversidad, como así también la implementación de las Guías y protocolos de abordaje de la violencia de género. Reafirmamos la igualdad de derechos en los ámbitos político, económico, gremial, empresarial, laboral, familiar y social. Nuestra ciudadanía no será plena hasta que el Estado no garantice nuestras libertades individuales.
En la provincia de La Pampa contamos con dispositivos provinciales y en algunos casos locales, para la atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Si bien sabemos que existen, es también cierto que se encuentran desbordados y poco financiados, con profesionales precarizados o mal pagos, situación que deja a las claras el orden de prioridad que la temática de la violencia ocupa en las prioridades de las políticas públicas.
Si bien el eje de las políticas de género es y debe ser la protección, acompañamiento, fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres o diversidades violentadas, es necesario también el abordaje con el/los agresor/es para evitar su reincidencia en el delito. Exigimos un sistema de tratamiento y acompañamiento técnico profesional en el proceso de ejecución de las penas punitivas por medio de dispositivos y acciones destinadas a la corrección de las conductas con recursos familiares grupales, comunitarios e institucionales, en el que pueda reflexionar sobre los hechos, la consecuencia del o de los delito/s a fin de posibilitar la creación a futuro de vínculos saludables. Hoy nos encontramos con que el agresor de Romina cumplió su pena de un año en una comisaría sin ningún tipo de tratamiento, nada hizo que este tiempo de cárcel haya cambiado su actitud frente a la víctima y el delito, nada va a impedir que las mismas situaciones de violencia se repitan, tanto con ella como con nuevas parejas.
La realidad en cuanto a la violencia nos perturba, sacude, desvela y desborda, e interpela el rol de los Organismos públicos y sus decisiones políticas. Las instituciones en un Estado de Derecho no pueden ni deben ser cómplices NUNCA MÁS, por acción u omisión, de muertes que se anuncian permanentemente. No toleramos, ni toleraremos Ni Una Menos”.