En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la interpretación que se le debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación, que contempla el aborto que no se considera un delito porque la salud o la vida de la mujer está en peligro o porque el embarazo es producto de una violación, y recomendó a todas las provincias a que redacten su propio protocolo.
El fallo no fue una simple expresión judicial. Estableció las pautas de ese protocolo. Debía hacerse en base a:
–El permiso para el aborto procede en todos los casos de violación, sin importar la capacidad de la mujer (hasta entonces, por cómo estaba redactado el artículo en el Código Penal, había un debate sobre si sólo podría practicarse sobre un mujer idiota o demente);
–No se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso;
–El único requisito habilitante para el aborto sea una declaración jurada;
–Se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria;
–Se eviten procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
-Se eliminen los requisitos que no estén medicamente indicados;
-La objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente (esto permite que en caso de que un médico declare objeción de conciencia se pueda prever la presencia de otro médico para asegurar el acceso).
Ese mandato del máximo tribunal fue ignorado por 8 provincias: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Las otras 16 jurisdicciones hicieron uno, pero solo 9 respetan el mandato judicial. La Pampa está entre las que se quedaron al medio, hicieron uno, pero con características propias que desvirtúan el fallo porque incluyen requisitos extra que dificultan el acceso al aborto no punible. Allí aparecen la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba (suspendido parcialmente por una orden judicial desde 2012), Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Salta y nuestra provincia de La Pampa.
En cambio, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, hicieron un protocolo para garantizar el aborto legal no punible acorde a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
