Los secretarios generales de AFEP, SOEM y el adjunto de CTA Autónoma fueron detenidos por la policía fueguina esta madrugada. Ayer habían intentado hablar con el vicegobernador y la fuerza reprimió con gas pimienta la manifestación.
La Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego denunció que durante la madrugada de este martes 3 de mayo la policía de Tierra del Fuego procedió a la detención del Secretario General de AFEP José Gómez, del Secretario General del SOEM Horacio Gallegos, cuatro dirigentes más entre los que estaría el Secretario Adjunta de la CTA Autónoma Roberto Camacho, y la persecución para detener a otros dirigentes sindicales de los gremios que conforman la Unión
El procedimiento policial se realizó como represalia a la protesta que realizaron ayer los gremios estatales en el acto por un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano. Los gremialistas reclamaron ser atendidos y la policía los reprimió con gas pimienta.
Por estas detenciones la Unión de Gremios convocó a un paro y concentración contra las medidas de persecución y por la reforma de la ley que incrementó la edad jubilatoria y estableció un descuento salarial mayor al que abonaban hasta el momento de la sanción de la nueva norma.
El conflicto. El 8 de enero, cuando en Tierra del Fuego la mayoría de los estatales estaban de vacaciones viajando a sus provincias de origen, los legisladores realizaron una sesión especial en la que terminaron en la madrugada del 9 de enero votando un paquete de leyes que habían dado a conocer públicamente el día anterior. No permitieron el ingreso de los trabajadores ni de sus representantes que estaban afuera del recinto manifestando en contra de un paquete de leyes nocivos para los estatales. Un fuerte operativo policial rodeando el recinto de sesiones y el corte de la fibra óptica interrumpiendo todas las comunicaciones de celulares e internet.
El IPAUSS, Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social era el ente autónomo, cogobernado por trabajadores y Poder Ejecutivo, que contenía la Obra Social y la Caja de Jubilaciones de todos los trabajadores estatales cuyos ingresos provienen exclusivamente del salario diferido, es decir aportes y contribuciones. Estas leyes, separan la Obra Social y la Caja de Jubilaciones.
Las leyes provocaron la licuación de la deuda del gobierno con la Caja Previsional Estatal y generó la mayor pérdida económica que sufre el trabajador. Es de aproximadamente 15.000 millones de pesos en la Caja Previsional. El Gobierno había usado los ahorros de los aportes de los trabajadores para créditos a amigos del poder. Nunca se devolvió. Eran 208 millones de pesos –dólar (estábamos en el 1 a 1). Para actualizar y pagar la deuda se estableció un mecanismo mediante la ley 676. El mismo consistía en lo siguiente: esos 208 millones alcanzaban en ese momento para pagar 154 meses de jubilaciones. Por lo tanto se estableció que el Gobierno pagaría 154 cuotas mensuales cuyo valor equivaldría al monto actualizado necesario para pagar las jubilaciones de ese mes en curso. Esto se llamó CPPM (Compromisos Pago Previsional Mensual). El Gobierno de Colazo (2003-2006) pagó algunas cuotas, luego el Gobierno de Cóccaro (2006-2007) pagó algunas cuotas pero con menor valor al que correspondía para finalmente dejar de pagar. No se pagó un solo peso en las 96 cuotas mensuales de los dos Gobiernos de Fabiana Ríos. Ahora el Gobierno de Bertone, deroga la ley, y establece un interés irrisorio a esos 208 millones de pesos-dólares originales, bajando la deuda en aproximadamente 15.000 millones de pesos.
– Desmembramiento de la Obra Social: La creación de la obra social estatal que establece el paquete de leyes lleva a la desregulación de la Obra Social. Esto es, los estatales pueden irse a otra obra social. Como consecuencia, los estatales quedarán con una obra social destruida y elegirán irse a una prepaga. Habrá una caída de ingresos quedando solamente los enfermos crónicos que no son aceptados en otras obras sociales o prepagas, y son los que generan mayores gastos. Se pierde el principio básico de solidaridad que sustenta las obras sociales en las cuales aportan todos para atender a quienes se enferman. Además se armoniza con las condiciones de Nación que cubre prestaciones y remedios en menos porcentaje que actualmente lo hace el IPAUSS.
– Aumento de años de la edad jubilatoria: Aumentaron en 5 años y, en algunos casos, 10 y 15 años en las mujeres. A los docentes le impusieron límite de edad, le quitaron el histórico régimen especial que se tiene desde principios del siglo pasado, por la tarea específica, que establecía 25 años de aporte sin límite de edad.
– Pérdida del 82% móvil que regía en la Caja Provincial: Primero, con el cálculo del haber jubilatorio, establecieron una nueva forma de calcularlo que utiliza los últimos 120 meses en lugar de 24 meses como era antes. De esta forma, baja considerablemente llegando a significar un 60% del sueldo en actividad en lugar del 82% actual. En segundo lugar, la movilidad se hacía directamente, es decir, un aumento en un sector de trabajo logrado en paritaria se aplicaba en el mismo mes al haber jubilatorio de los pasivos de ese sector. EL jubilado así recibía enseguida el mismo porcentaje de aumento. Con estas leyes, solo tendrá dos aumentos anuales en general para todos, no siendo el mismo que logra el trabajador en actividad, por lo tanto, años tras año, va a ir bajando su haber con respecto a lo que ganaba en actividad bajando ese 82% (que ya lo bajaron al 60% con el cálculo del haber) llevando a cobrar lo mismo que cobra hoy un jubilado de ANSES que llega a duras penas a $6000.
– Pérdida de representación y poder de decisión de los trabajadores al modificar la autonomía y autarquía de la Caja y Obra Social: Hasta ahora el megainstituto que nucleaba Caja y Obra Social, llamado IPAUSS, era conducido por un directorio conformado por 3 representantes votados por los trabajadores activos, 2 representantes votados por los jubilados y 3 representantes nombrados por los Ejecutivos (Provincial, municipio Ushuaia y municipio Río Grande). Esto, con mayoría de trabajadores, en cierta forma, garantizaba la defensa de los intereses de los afiliados, máxime siendo los ejecutivos los mayores deudores de la Caja ya que además de la deuda histórica hay una deuda millonaria del último Gobierno de contribuciones patronales y otras deudas históricas, además de las deudas de los municipios y entes descentralizados. Con estas leyes, habrá, tanto en la Obra Social como en la Caja, un presidente nombrado por el ejecutivo con facultades superlativas, es decir atribuciones en las que solo decide él y un directorio que será más bien consultivo con 2 representantes nombrados por el ejecutivo, un trabajador activo y uno pasivo votados por los afiliados. Lo que lleva a una minoría de trabajadores electos con respecto a los nombrados por el ejecutivo.
– Rebaja salarial por el aumento de los aportes personales: históricamente, todos los afiliados aportaban 3% del salario para la Obra Social y un 13% para la jubilación. Mientras que, en jubilación, el Ejecutivo hacía aportes por el 15%, en su momento, bajó al 7,5 % durante muchos años y fue aumentando gradualmente hasta el 17%. Lejos del 21% mínimo que existe en todo el país. Con estas leyes, aumentan los aportes de los trabajadores un 1% para la obra social y un 1% para la Caja, excepto docentes, radiólogos y regímenes especiales que les aumentaron un 3% para la Caja. Mientras que las contribuciones patronales quedan como están.
– Más rebaja salarial a trabajadores activos y a jubilados: Mediante un aporte solidario, que es en realidad un impuesto a la ganancia fueguino, le imponen rebajas que están en el 1%, el 3% y el 4,5%, de acuerdo a la edad en el caso de activos y de acuerdo al ingreso en el caso de los jubilados. Esto es por 4 años.
– Descuento a los pensionados por discapacidad RUPE del 5%: Hasta la sanción de estas leyes, los RUPE eran atendidos por la Obra Social del IPAUSS y el Ejecutivo debería reponerle a la Obra social estatal los gastos generados. Esto nunca lo hizo y así el Gobierno acumuló más deuda con el IPAUSS. Con estas leyes, es el pensionado discapacitado RUPE el que va a pagar lo que el ejecutivo nunca pagó. Sin palabras.
FOTOS: Gremiales Del Sur.
