El mandatario pampeano, Carlos Verna envió ayer a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, una nota en la que respondió que no asistirá al plenario de comisiones que tratará el proyecto “anti-tarifazo” que tiene media sanción de Diputados.
Verna había recibido una misiva desde vicepresidencia que se inscribe en el marco de las presiones que el gobierno nacional inició sobre los gobernadores para, a través de ellos, forzar a los senadores a rechazar el proyecto aprobado en la Cámara Baja.
“Expreso mi total adhesión al proyecto de ley en tratamiento, y auguro que la totalidad de los representantes de la provincia de La Pampa en ese cuerpo legislativo acompañen con su voto dicha iniciativa”, escribió el mandatario pampeano en el cierre de un texto de seis carillas cargado de críticas a la Casa Rosada.
La información fue publicada en los diarios de papel de La Pampa. Según expresa La Arena, la primera parte del escrito repasa el proyecto que Diputados aprobó días atrás, en el cual se declara la “emergencia tarifaria” desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre del año próximo, de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, en todo el país, y agua potable y cloacas, en CABA y algunos partidos del conurbano bonaerense. A grandes rasgos, explica que la iniciativa establece, mientras dure la emergencia, que el tope de los aumentos a los usuarios residenciales lo ponga el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Verna analiza luego el impacto que los “tarifazos” de Macri tuvieron en La Pampa. En el caso del gas natural, concluyó que Camuzzi Gas Pampeana aumentó su tarifa un 798% entre diciembre de 2015 y abril de este año y obtuvo 452 millones de pesos en ganancias en los últimos 12 meses, y Transportadora de Gas del Sur subió su cuadro tarifario 798% en el mismo período y ganó 2.797 millones de pesos en el último año.
Como contrapartida, dijo, Camuzzi no ha realizado ni una sola nueva conexión de gas por obras propias o financiadas por ella desde el comienzo de la readecuación tarifaria, mientras que la totalidad de las obras de infraestructura se ejecutaron y financiaron desde el Estado provincial. Recordó luego que el plan de inversiones que Camuzzi presentó ante Enargas y este último aprobó solo prevé ajustes tarifarios que se sucederán hasta 2021 y recién a partir de ese año la concreción de las obras que los pampeanos le están demandando.
Verna le informó a Michetti que, por esa razón, La Pampa reclamó al Enargas y también a la Justicia Nacional que se le revoque la licencia a Camuzzi en nuestra provincia.
En cuanto a la energía eléctrica, Verna explicó que producto de la quita escalonada de subsidios dispuesta por Nación, desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 el costo de la energía que La Pampa compra a los licenciatarios nacionales ascendió 1.012%, a la vez que el costo del transporte subió 1.469%.
“Como en el caso del servicio público de gas natural, la política llevada adelante por el gobierno nacional en la materia también ha impactado fuertemente en la rentabilidad de la prestadora del servicio público de transporte eléctrico”, dijo. Luego mencionó que Transener SA obtuvo en los últimos doce meses una ganancia de 2.300 millones de pesos, lo que significó una suba en sus ganancias del 18% desde 2015 hasta hoy.
“Las empresas prestadoras de los servicios públicos de gas y electricidad en el territorio provincial han sido las exclusivas beneficiarias a partir de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, pues mis comprovincianos han visto menoscabados fuertemente sus ingresos por el aumento de las tarifas, llegando a afectar en muchos casos alrededor del 20% de los ingresos familiares y produciendo, consecuentemente, una imposibilidad real de pago de los mismos”, dijo Verna.
Luego citó expresiones del propio Macri -en el diario El Litoral en abril de 2018- que confirman lo antedicho: “Sé que para muchos es muy difícil enfrentar una actualización de tarifas. Sé lo que pesa en el bolsillo”.
A tono con ello, el gobernador pampeano desdramatizó el impacto fiscal que podría tener en La Pampa la sanción del proyecto de ley, pues concluyó que el “tarifazo” ya generó un impacto en las cuentas públicas de la provincia atento a la mayor demanda social que se generó por parte de las familias que no pueden afrontar los aumentos.
A ello agregó que no existe una estimación concreta de cuál sería el impacto fiscal en las provincias toda vez que distintos actores del oficialismo han dado cifras dispares respecto a ello.
Pero, a su vez, sostuvo que ese impacto podría ser morigerado por la Casa Rosada adoptando las medidas correspondientes. “Confío por un lado en que, así como el Gobierno Nacional ha tomado medidas proactivas para garantizar una muy buena rentabilidad a las empresas prestadoras de los servicios públicos de gas y electricidad, tome similares iniciativas para garantizar que las arcas provinciales no se vean afectadas por medidas que beneficiarán a una gran mayoría de los habitantes de la Nación”, sostuvo.
En esa línea, recordó que en el presupuesto 2018 el Gobierno Nacional subsidió obras de infraestructura para Agua y Saneamiento SA (AYSA) por alrededor de 14 mil millones de pesos. Pero no solo eso, mencionó también que, por decisiones de política monetaria de los últimos días (NdR: en alusión a la corrida del dólar), se perdieron por parte del Estado más de 10 mil millones de dólares. “Ese ‘costo fiscal’ fue asumido sin ninguna objeción. Solo una parte de ese valor sería destinado al bienestar general de todos los argentinos, con ello, resulta inexplicable la objeción técnica y política del proyecto (de ley)”, disparó.
Verna discrepó con gobernadores peronistas como Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta) que manifestaron públicamente que el Poder Legislativo no tenía facultades para decidir sobre los cuadros tarifarios. Para el pampeano, la legitimidad de los diputados y senadores reside en que la temática es de “bienestar general” y que el proyecto obtendrá el “consenso mayoritario de las fuerzas políticas de la Nación”.
Luego recordó que el Ejecutivo nacional no se privó durante la presidencia de Macri de tomar decisiones que correspondían al Congreso. Como ejemplo puso al megadecreto que derogó 19 leyes y afectó y modificó en su vigencia más de 140, algo que, según sostuvo, no tiene antecedentes históricos. El otro ejemplo que citó estuvo ligado al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” que sancionó el Poder Legislativo y fue modificado por un decreto presidencial para que, al contrario de lo que disponía la ley, los familiares del propio Presidente y sus funcionarios pudieran acogerse al “blanqueo”.
