La integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, Lila Calderón, participó este sábado del 2° Foro Interprovincial por la Tierra y la Vivienda digna que se realizó en el espacio del Desayunador de Villa Germinal, en Santa Rosa.
«El problema de la tierra es un problema político y los Estados municipales, provinciales y nacionales deben hacerse cargo», expresó a Plan B Noticias.
Calderón es vecina del Barrio Obreros de Cipolletti, que consiguió su expropiación luego de varios años de lucha. A su vez participó del debate por la ley nacional de barrios populares, por medio de la cual se declaró en 2018 de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones, las tierras en las que se asientan las villas.
En total son 4.400 asentamientos urbanos precarios a cuyos habitantes se les otorgó un certificado de vivienda familiar. Estos fueron relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), trabajo realizado por las propias organizaciones sociales. Asimismo, la ley estableció la suspensión de los desalojos por 4 años y también que un cuarto de las obras que se realicen en esos espacios sea en manos de las cooperativas de trabajo.
La dirigente social recordó que lo senadores pampeanos se opusieron al proyecto de ley nacional del los barrios populares. Dentro de esos barrios estaba la comunidad de Chakra Raíz de Toay, toma que judicializó el intendente del PJ, Ariel Rojas, y el asentamiento de 25 de Mayo. «Las y los compañeros de La Pampa no tuvieron representación y yo que ya conocía la experiencia, estaba en contra de que quisieran vetar la posibilidad de que los compañeros tuviera la regularización del barrio. Nos plantearon que iba a salir, por más que estuvieran en contra», contó.
«El problema de la tierra es un problema político y los Estados municipales, provinciales y nacionales deben hacerse cargo», expresó.
Calderón relató que «las condiciones en las que viven las y los vecinos de muchos estos barrios es tremendo». «No tiene gas, luz, agua, cloaca, por ejemplo, y la mayoría han tenido situaciones críticas como incendios, o viven con pozos sépticos y cuando hay lluvia se inunda todo y se derrama. En otros lugares se calientan con leña».
«En Río Negro son 140 barrios populares. La realidad no es la misma en todos lados, pero para algunos es muy dura. En Viedma hace unos meses murieron 3 chicos electrocutados», contó.
«Lamentamos la cantidad de vecinos que pagan con su vida el hecho de vivir en esta situación de irregularidad. Pero habla claramente del abandono que por años los gobiernos llevaron al pueblo. Tienen que haber en todos los municipios y provincias políticas de tierra que incluyan y que las y los vecinos no tengan que salir a hacer asentamientos informales», manifestó Calderón.
– Hasta el momento son las personas perjudicadas que se organizan y resuelven esta problemática
– Si. Los estados no están generando políticas de tierra. Nosotros planteamos que Barrio que se organiza debe regularizarse. El tema es aquellos que no tienen esa organización y es fundamental. Nosotros pudimos hacerlo y hoy en esos Barrios, que ya ganaron la expropiación, hay bachilleratos, merenderos, jardines, huertas comunitarias, y eso es porque la gente tiene la posibilidad de un lugar para vivir. Cuando no la hay, tiene que salir a buscarlo. Lo que esperamos es que esto genere políticas públicas de tierra, porque la culpa es del Estado.
– ¿Que pasa con los barrios que surgieron después de la ley de barrios populares?
– Lo que estamos planteando es que se sumen al RENABAP. Nosotros presentamos ahora al gobierno nacional y a la oposición un proyecto a 12 años para la regularización de los que ya están y estamos pidiendo la incorporación de los que no están. Hubo algunos que quedaron afuera en el mapeo nacional.
