Por Colectivo Sanitario La Pampa
Luego de un año de sufrir los efectos de una pandemia que todavía no da tregua y que nos hizo pensar en la importancia de una buena salud, las pulverizaciones continúan su curso como si nada distinto estuviera ocurriendo. Parece no terminar de encontrar el camino de salida, o más bien, lo obstruyen constantemente, propios y ajenos. Las bondades que este modelo decía traer a viva voz, no eran sino los efectos directos que la población padece con enfermedades; esas bondades resultaron ser en realidad la concentración del capital, de la tierra y de la especulación. Grandes corporaciones y dueños de la tierra gozaron de grandes beneficios a costa de la salud y el bienestar de millones de familias en el interior de nuestro país.
En 2020 fueron sancionadas en La Pampa dos leyes de trascendental importancia para la salud humana y del ambiente: la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas y la Ley de Promoción de Sistemas de Producción Agroecológica. Sin embargo, en 2020 también se cometieron múltiples delitos violando la normativa ambiental vigente al amparo de un anonimato facilitado por un confinamiento domiciliario de la ciudadanía, enmarcado en las disposiciones iniciales del ASPO sancionadas por el Gobierno Nacional.
Entre esos delitos se pueden mencionar los ocurridos en septiembre pasado, cuando las autoridades encontraron más de 400 bidones de agroquímicos enterrados en terrenos linderos a las vías del ferrocarril en la localidad de Vértiz, o los 260 bidones abandonados en un camino vecinal de Metileo y otros que a diario ocurren pero que no toman estado público. Recientemente se sumó una denuncia informal realizada a través de una captura de video obtenida en un lote productivo de la Facultad de Agronomía, UNLPam en la que una máquina pulverizadora realiza una aplicación en un sector lindero con la ruta 35 por donde cada día vecinos de Santa Rosa circulan haciendo actividad física o simplemente se detienen a recrearse en sus cercanías. Lo que aumenta la peligrosidad de la práctica que se estaba llevando a cabo es que aquella mañana, la velocidad del viento era superior a la establecida por las normas técnicas. Cabe señalar al respecto que por encima de determinados límites de velocidad de viento, aumentan significativamente los efectos de deriva través del aire del agroquímico aplicado.
Este suceso ha tenido una gran trascendencia en la opinión pública, como así también las expresiones de la vicedecana de la mencionada Facultad realizadas recientemente en una entrevista concedida a un canal de televisión local. Sus términos no dejan de sorprender ya que ¿Cómo es posible querer explicar lo que se explica por sí solo?. Para decirlo más claramente: ¿Cómo explicar que “el cuerpo docente de la Facultad tiene una mirada muy respetuosa con el ambiente” si una pulverizadora en uno de sus lotes esparce una mezcla de Glifosato, Dicamba y 2,4 D bajo condiciones de velocidad del viento superior a las establecidas por las Buenas Prácticas Agronómicas? ¿Y a propósito de esto, el 2,4 D aplicado en la mezcla fue bajo la forma amina o bajo la forma éster? (Si fuera bajo esta última, la ley prohíbe expresamente su aplicación en esta época del año) ¿Cómo explicar que reducir bajo una sinonimia a la Agroecología con las Buenas Prácticas Agronómicas es reconocer implícitamente que institucionalmente no se entiende o no se quiere entender el concepto y los alcances de la Agroecología. Con solo hacer una revisión de las definiciones que de ella hace la FAO alcanza al respecto (http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf).
Seguramente el lector y la sociedad en general concibe a una institución educativa pública como un espacio crítico y de transformación, no de sumisión a un modelo hegemónico (en este caso agroindustrial) que impone sus directrices desde las multinacionales del agronegocio con el auspicio de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, esta sumisión al modelo hegemónico que ya lleva más de dos décadas en el país ha generado una retroalimentación de agentes empresariales, funcionarios de gobierno e investigadores egresados de Facultades de Ciencias Agrarias públicas, para quienes desde la comodidad del discurso dominante no se permiten concebir otro modelo posible. Quienes también esgrimen el discurso de que “no se puede producir sin agroquímicos” son con frecuencia los mismos productores agrícolas que a diario reciben ese mensaje disciplinador que ha sido autorizado por los profesionales egresados de esas casas de estudio, que sin duda gozan de un prestigio ganado a fuerza de dedicación pero que han claudicado en realizar un análisis crítico de la realidad cada vez que este daña los intereses del poder económico. Las Universidades Públicas deben educar, investigar y hacer extensión en función de las necesidades de toda la sociedad, de los sectores de la sociedad que sustentan un modelo productivo que sin lugar a dudas permite obtener ingresos económicos necesarios para llevar adelante las políticas de Estado, pero así también en función de las demandas de los sectores de la sociedad menos favorecidos, que con frecuencia padecen con mayor intensidad y sin los recursos necesarios los efectos negativos sobre la salud y el ambiente de ese modelo.
