Porteras y porteros de las Escuelas provinciales reclaman la regularización de las tareas que realizan bajo el régimen de jornada laboral reducida. La gran mayoría son monotributistas, aunque también hay empleados en negro. Denuncian aprietes del Gobierno y los gremios ATE y UPCN.
Este miércoles, porteras y porteros de distintas Escuelas paran en su lugar de trabajo en reclamo de la regularización de su situación laboral en la que los tiene el Estado provincial.
Habían anunciado un paro para hoy con movilización en Santa Rosa pero la medida se desactivo frente a la dificultad de trasladarse desde las distintas localidades hasta la capital pampeana pero también ante la desmovilización provocada por “aprietes”, según contó Sergio Noguera, a Plan B.
“Hemos recibido aprietes del gobierno con que nos iban a descontar presentimos y días de trabajo. Y ante un posible pase a la 643 una sanción en el legajo”, dijo el referente del Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docentes.
Noguera apuntó también a la “complicidad” de los gremios estatales “tanto ATE como UPCN han hecho el mismo trabajo, lo que demuestra que están en connivencia con el gobierno”, dijo y agregó que “aunque lo salgan a desmentir esos son los hechos”.
“Así y todo, trabajadores que están afiliados a estos sindicatos adhirieron y se solidarizaron. Y aquellos que no se adhirieron, visibilizaron en las redes la lucha de los monotributistas y trabajadores en negro”, destacó.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docentes presentó la semana pasada una carta al gobernador Sergio Ziliotto y las autoridades de Educación y Trabajo para pedir una mesa de diálogo por el reclamo de las y los trabajadores que se encuentran encuadrados en la ley 2.871, casi todas y todos porteros de escuelas las provinciales.
La ley establece el pase progresivo de los trabajadores a la ley 643 de trabajadores de la administración provincial, pero desde el gremio apuntan a que “ya pasaron 6 años y la situación es la misma”.
Denuncian que entre una ley y otra “hay muchas desventajas” no solo en lo salarial, sino también en los derechos laborales. Desde el espacio aseguran que cobran “salarios de indigencia”, cuyo valor sería alrededor de los 35 mil pesos.
Para el Gobierno es algo que no está en discusión y sostienen que ya están enmarcados y el salario que cobran es proporcional a la cantidad de horas trabajadas.
