La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) lleva una estadística desde hace 25 años. En 2021 murieron 537 personas en lugares de detención o por gatillo fácil.
La CORREPI explica que tiene datos desde hace 25 años (desde 1996, 14 años después de la recuperación de la Democracia) y que constantemente corrigen los números de víctimas de años anteriores ante la aparición de casos nuevos: a diciembre de 2021, la democracia mató a 8.172 personas.
“Los datos registrados, con una acumulación de 25 años, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa”, explican.
“En 2021, a pesar del paulatino cambio del ASPO al DISPO, los datos objetivos que surgen del Archivo no son alentadores. En esta 26ª actualización, incorporamos 585 casos al Archivo, totalizando 8.172 hasta mediados de noviembre de 2021, contra 7.587 que teníamos registrados hace un año”, indican.
“De esos 585 casos nuevos, 417 ocurrieron en el curso de2021. Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de esos 417 casos ocurridos en 2021, incorporamos 140 de 2020, con lo que el año pasado registra un total de 537 casos; 5 de 2019; 2 de 2017; 16 de 2016; 2 de 2015 y uno de 2010, 1999 y 1997, respectivamente”, informan.
“El año 2020 y los primeros once meses de 2021 muestran otro salto importante, debido al crecimiento inusitado de muertes en lugares de detención en pandemia. De los 537 casos de 2020, son muertes en cárceles y comisarías el 71,5% (384), y de los 417 casos de 2021, el 65,5% (273). Aunque no todas las muertes fueron por COVID-19, esto comprueba el impacto brutal que tuvo la falta de políticas adecuadas para proteger a la población carcelaria frente a la pandemia”, resaltan.
“Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son: las muertes de personas detenidas (51%) y los fusilamientos de gatillo fácil (35,21%). La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era mucho menor 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. El sostenido endurecimiento del sistema penal incrementó enormemente la tasa de carcelación en Argentina. Entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, y alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”, informan.
“Esto es consecuencia directa de que, sin que se modificara la política punitivista que abusa de la prisión preventiva –salvo cuando son represores- y dilata las concesiones de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, en el contexto de pandemia, además de las muertes por COVID-19, se multiplicaron los fallecimientos por otras enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros. En segundo lugar, el hacinamiento y los reclamos aumentaron los niveles de violencia carcelaria, y por ende, las muertes en el marco de medidas de protesta o por castigos”, aseveran.
En los dos años de gestión del Gobierno de Alberto Fernández “las muertes bajo custodia abarcan casi el 70% y por ende el gatillo fácil –sin haber disminuido en números absolutos- queda reducido a poco más del 21%”.
“El 60% del total de personas presas son jóvenxs de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia”, señala la CORREPI.
“Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la ‘crisis depresiva’, como dicen los partes policiales para justificar los ‘suicidios’, pues son personas que en horas recuperarían la libertad”, agregan.
“En los primeros 11 meses de 2021, registramos 53 muertes en comisarías: Una en una comisaría de la Policía de la Ciudad en CABA y el resto en comisarías de policías provinciales de Buenos Aires (25), Chaco (11), Chubut (1), Corrientes (1), Entre Ríos (29, Formosa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Salta (1), San Luis (1), Santa Cruz (1), Santa Fe (4) y Tucumán (4). Todas, en el más absoluto silencio mediático”, acusan.
Por último señalan que “los asesinatos en el marco de causas fraguadas para ‘hacer estadística’ y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios”.
