Por Luciano Gaich. Hace más o menos 6 años, específicamente el 5 de junio de 2016, se llevó a cabo en Suiza un referéndum para determinar –popularmente- si debía implementarse una “Renta Única Incondicional” que otorgase a cada ciudadano una asignación mensual, independientemente si tenía empleo o no.
En el proyecto, impulsado por una organización no gubernamental comandada por un empresario gastronómico de Basilea, se aseguraba que, de implementarse, se iba a “combatir la pobreza y la desigualdad en el país”. Para ello, cada mes, se depositarían 2500 francos suizos (u$s 2500) a cada adulto y 625 a cada menor de edad. La normativa también incluía el pago a los extranjeros con 5 o más años de residencia.
Suiza era, en aquellos tiempos, uno de los países más ricos del mundo y sus seguridad y leyes bursátiles los hacen depositario de cuentas bancarias internacionales, basadas en la fiabilidad del mercado bancario. Hoy también lo es, rango compartido con un altísimo costo de vida.
La organización política suiza es lo que se llama “democracia directa”; esto es que los ciudadanos están habilitados a impulsar leyes mediante iniciativas populares, como el referéndum, para manifestar indignación sobre tal o cual decisión del gobierno, proponer cambios o incentivar tal o cual reglamentación. Para ello, simplemente, hay que juntar una determinada cantidad de firmas que demuestren que la propuesta es medianamente “popular”.
La campaña para impulsar esta Renta Única fue bastante “pintoresca”: el día de la presentación de las firmas, los organizadores dejaron estacionado en la puerta del parlamente suizo un camión con ocho millones de monedas de cinco centavos, la misma cantidad de habitantes del país.
Pero más allá de los datos de color, el proyecto estaba planteado para “proporcionar una red de seguridad financiera a la población” ante la creciente automatización (servicios públicos, sobre todo, y sustitución de operarios por máquinas). La salvedad era que, el financiamiento, no estaba calculado de una forma muy novedosa, sobre todo para los argentinos: el dinero saldría de los sistemas de seguridad social.
Entre los centros de esquí, los circuitos por castillos medievales, las industrias bancaria y financiera, el mundo de los relojes y el chocolate, el desempleo en el país de los cantones oscila la friolera del 5%; por lo que no es, digamos, un problema de gran envergadura.
SALARIO BÁSICO UNIVERSAL
En Argentina, por estos días, se debate frugalmente –sobre todo mediante las redes sociales- el papel de las organizaciones sociales y, mayormente, el rol que tienen éstas en el manejo de los planes sociales que el estado financia y ellas distribuyen.
En la cúspide del intercambio de opiniones –y entremezclado con la puja de poder dentro del ejecutivo nacional- se aseguró que la implementación de un “Salario Básico Universal” para los trabajadores informales, arrojaría algo de justicia en la redistribución de la riqueza; o equipararía el poder adquisitivo, que es más o menos lo mismo.
La diferencia con el país europeo es que aquí –al igual que allí- el “aporte” saldría de las arcas del Estado, presuntamente del sistema previsional y de seguridad social, régimen que nutren los propios trabajadores “formales”, cuyo poder adquisitivo (sueldos) padecen una anemia terminal; por lo que la ecuación no tiene razón de ser cuando un gran porcentaje de esta masa no alcanza a cubrir la canasta básica.
En aquella gesta del referéndum suizo el resultado fue terminante: el 76,9% de los electores la rechazó, al considerar que la propuesta de normativa desalentaría a los ciudadanos a trabajar.
