* Por Ricardo Cheli. Hoy la Argentina se debate en una crisis económica y social donde el Gobierno se ve debilitado frente al endeudamiento asumido con F.M.I., la fuga total de préstamo de este Organismo prestamista internacional y, al mismo tiempo, jaqueado internamente por una bandada de buitres integrada por los poderes fácticos de la derecha neoliberal fascista, narco, financiera, mediática y judicial que genera la inestabilidad cambiaria y la inflación galopante y agrava las condiciones de desigualdad social. En síntesis una situación que agrava los padecimientos de más de un 50% de la población, ya sumida en la pobreza y la indigencia, y pone en riesgo la democracia al hallarse violado el poder soberano del Estado.
Antes que se concretara el acuerdo con el FMI algunos sectores del arco político y de las organizaciones sociales, a la que nos sumamos, entendíamos que la deuda la debían pagar quienes la tomaron y manifestamos la oposición al mismo por las consecuencias nefastas que acarrería. El 10 de Marzo dijimos que “Sabemos lo que significa achicar el gasto social y reducir políticas públicas… El aumento de tarifas de Servicios públicos esenciales como luz, agua y gas, serán parte de esas exigencias y requisitos impuestos, que se buscan ocultar bajo argumentos técnicos. De esa manera la inflación continuará golpeando nuestros ingresos. El modelo productivo extractivista y del agronegocio se consolidará aún más, saqueando y destruyendo nuestros recursos naturales para obtener ingresos destinados al pago de la Deuda…”. Lamentablemente no nos equivocamos, nuestros legisladores no nos escucharon oponiendo argumentos técnicos que hoy han quedado absolutamente desvirtuados.
Al mismo tiempo se reclamaba que el Gobierno planteara la nulidad de la deuda ante los Organismos internacionales (Asamblea de la ONU y Corte Internacional de Justicia) solicitando un pronunciamiento que aplicara la doctrina de la “deuda odiosa”, condición que reviste la deuda tomada durante el Gobierno Macrista. Esta doctrina fue elaborada en 1927 por el jurista Alexander Sack y consiste en afirmar que el “principio de la continuidad de las obligaciones de los Estados” (posición que sostuvieron el P.E. nacional y la mayoría de legisladores oficialistas y de la oposición), no se aplica en el caso de deudas odiosas y de cambio de gobierno y por ende, no se debe reembolsar porque es nula.
¿Y cuando la deuda se considera odiosa? Lo es, si presentan estas dos condiciones esenciales: a)–La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída en interés del pueblo, ni del Estado, sino contra sus intereses y/o por el interés personal de los dirigentes y de personas próximas al poder. En nuestro caso y por propia confesión de Macri, era para «pagarle a los bancos comerciales que se querían ir que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Y b)-La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o estaban en condiciones de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población y el único fin de la fabulosa e ilegítima deuda acordada por el FMI en violación de sus Estatutos, era posibilitar que Macri ganara las elecciones. Los mafiosos de esta película fueron Macri y Trump, con Christine Lagarde y David Lipton como actores de reparto.
Por eso, la deuda es odiosa y la justicia internacional debería castigar de manera ejemplar este megadelito que ha puesto en riesgo de descomposición social a millones de personas con un préstamo exorbitante que transgredió las leyes argentinas y los reglamentos del Fondo. Como dato relevante cabe decir que esta propuesta no se trata de la tesis trasnochada de su autor y/o de quienes la sostienen, ejemplos sobran. Citamos algunos de las más recientes:-la anulación de la deuda de Namibia con respecto a Sudáfrica por el gobierno de Nelson Mandela en 1994, la anulación del 80% de la deuda iraquí en 2004 a pedido del propio Gobierno de EE.UU, la anulación realizada por Noruega en 2006 de las deudas de cinco países (Ecuador, Perú, Sierra Leona, Egipto y Jamaica), deudas contraídas para la compra de barcos de pesca en 2006 y la anulación en 2009 de una parte de la deuda ecuatoriana que había sido identificada como ilegítima por la comisión de auditoría en 2007-2008.
Desde el siglo XIX, de América Latina a China, contando con Haití, Grecia, Túnez, Egipto y muchos otros países, la deuda pública fue utilizada como arma de dominación y de espoliación. Al fin y al cabo, es la combinación del endeudamiento y el libre comercio lo que constituye el factor fundamental en la subordinación de las economías de los países a partir del siglo XIX. Las clases dominantes locales se asociaron a las grandes potencias financieras extranjeras para someter a sus países y a sus pueblos a un mecanismo de transferencia permanente de riquezas de los productores locales hacia los acreedores, ya sean nacionales o extranjeros.
Como decimos al inicio de esta nota, producto de esa deuda ilegítima, hoy estamos en presencia de una difícil coyuntura inflacionaria que afecta a la mayoría del pueblo argentino, tanto más considerando que las arcas del Estado se vieron sobre afectadas con el aumento de la deuda pública para atender la pandemia del COVID que tuvo innumerables efectos económicos y sociales colaterales y que exigió importantísimas inversiones en salud, en tanto el sistema se hallaba devastado por las políticas neoliberales previas del macrismo y luego, los derivados de la guerra en Europa que eyecta jefes de Estado uno tras otro en medio de una fiebre inflacionaria como no se veía en cuarenta años. A ello se suma una desembozada acción especulativa y desestabilizante, coordinada y deliberada por los poderes fácticos que pretenden dar un golpe, generando un estallido social que nos lleve a otro diciembre de 2001 y que sólo el pueblo movilizado puede detenerla a tiempo.
En nuestra historia, numerosas veces en unidad de acción se generaron en la sociedad los debates necesarios que, apoyados por grandes movilizaciones populares que interpelaban a sus representantes en los gobiernos, lograron sostener la institucionalidad con un cambio de rumbo social y económico de liberación, de soberanía y de realización para nuestro pueblo. Tengo la convicción que esa hora ha llegado y que el compromiso es de todos los que queremos preservar la democracia.
*Ricardo V. CHELI
