La acusada es su expareja, a quien se le imputa haber envenenado un licuado. Las pruebas recolectadas contra la mujer fueron cuestionadas por vicios y fallas en la cadena de custodia. El caso desnudó episodios de violencia de género e infantil hacia Yanina Coronel y el hijo que tienen en común.
El 25 de julio comienza el debate oral que se tramita en el expeciente 1226101/22 por “homicidio doblemente agravado, en calidad de tentativa” contra Yanina Coronel, pareja de Gabriel Páez Albornoz. Se espera la declaración de 60 testigos.
La mujer estuvo detenida desde septiembre hasta el 14 de noviembre, cuando cambió de abogada defensora. Desde que la representa Camila Aimar, se encuentra en libertad.
Yanina Coronel denunció en varias oportunidades que su expareja violó la restricción de acercamiento a ella y su hijo, que se le impuso por la violencia de género y contra su hijo.
El tribunal de Audiencia está integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olie. El Ministerio Público Fiscal es representado por Oscar Cazenave.
Denuncian violencia económica del policía Páez Albornoz hacia su hijo y su expareja
El hecho
El policía se descompensó el 5 de septiembre pasado luego de haber ingerido veneno en un licuado. Por el hecho fue detenida su esposa, Yanina Coronel, de 31 años. La hipótesis de fiscalía es que la mujer habría preparado el licuado y se lo habría dado durante varios días. Se basa en un relato de familiares del policía que estuvo varios días internado en terapia intensiva. Sin embargo, las pruebas fueron cuestionadas y no se hallaron huellas digitales de Yanina en la licuadora.
Plan B pudo saber que las pruebas consideradas esenciales para la acusación de Yanina Coronel no se habrían realizado en el marco del debido proceso. Se habla de falta de órdenes de allanamiento, de un veneno aportado por un vecino y de errores en la cadena de custodia de las pruebas.
Fuentes judiciales indicaron que el veneno utilizado no es de acceso civil, pero sí de las fuerzas policiales. Las muestras de Metomil 90 “no fueron secuestradas en la vivienda” sino que “fueron aportadas por un vecino que encontró cerca de la vivienda un sobre con veneno y lo entregó a la policía”.
Además, se tratará de establecer si la licuadora “fue secuestrada sin orden de allanamientos ni testigos”. En ella se hallaron rastros del veneno “pero sin huellas dactilares de Coronel”, confiaron.
También se cree que los investigadores “no aseguraron la cadena de custodia”. Por los delitos que es acusada, Coronel podría pasar hasta 18 años en prisión. En un acuerdo, se reduciría la sentencia, pero la mujer niega haberlo envenenado y cree que fue una autoagresión. Además, dio a conocer que fue víctima de violencia de género y que los dispositivos de atención y acompañamiento no estuvieron a la altura de su pedido de ayuda.
Asfixia y perro
En ese expediente figura que una de las prácticas del policía sería provocar asfixia y someter a una posible mordedura de perro a su pequeño hijo, como una supuesta forma de “entrenamiento”.
Plan B pudo saber que el uniformado le habría tapado la nariz y la boca para que aguantara la respiración, casi hasta la asfixia, al hijo que tienen en común.
Otra acusación que se le hace es la de meter la cabeza del niño dentro de la boca de un perro de caza. Esta situación se conoció porque una vez el niño tuvo una mordedura en la oreja y fue allí que se lo contó a su madre.
Por el momento, la causa penal y civil se encuentran en plena etapa de investigación.
Violencia de género e institucional
Según las pericias psicológicas, Coronel sufrió violencia de género. También afirman que la mujer no presenta “predisposición a la agresividad y/o a actos impulsivos”.
“Se trataría de una situación de Violencia de Género, en el tipo Psicológico-Emocional-Verbal, Sexual, Físico, Económico-Patrimonial, Ambiental y Simbólico, en un contexto de Violencia Familiar, en el marco de un vínculo de pareja de 13 años, con el agravante de la no aceptación por parte del Sr. de la ruptura del vínculo. Surge además como víctima de esta situación el hijo de la pareja, niño de 5 años”, se lee en el informe pericial.
“A partir de lo evaluado, esta Unidad considera que la situación de Violencia de Género descripta se da además con una modalidad de violencia vicaria, entendida como aquella violencia que se ejerce hacia los hijos o hijas para dañar a la mujer”, añade.
Agregan que “el contexto de Violencia Institucional al que habría estado expuesta la entrevistada, teniendo en cuenta los múltiples pedidos de ayuda que la misma habría realizado en diversos organismos estatales, los cuales no habrían garantizado con su accionar la protección de la misma”
A los días del supuesto envenenamiento, la pericia indicó que “en los últimos 15 días aproximadamente los episodios de violencia emocional-psicológica-verbal se darían en forma diaria y continua durante el transcurso del día y de la noche, con episodios además de violencia física. Circunstancias en las cuales el Sr. la amenazaría con matarla a ella, a miembros de su familia, al niño, haría alusión permanente al arma de fuego, la cual utilizaría además para intimidarla y la dejaría sobre la mesa. También le impediría por diversos medios que la misma pudiese pedir ayuda; emerge en este sentido una situación de encierro”, añade el informe pericial.
“Se desprenden del relato las secuelas y/o signos que afectarían a la entrevistada, compatibles con la violencia de género padecida: dificultades para dormir en el último tiempo, falta de apetito, estado de alerta permanente, angustia y llanto reiterado a solas, miedo a que su pareja la dañe a ella y/o a su familia, estado de desesperación y terror”, dice.
“De la evaluación realizada surge que la periciada no presenta Patología Psiquiátrica. La examinada no demanda tratamiento psicológico y no requiere tratamiento psiquiátrico. Comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”, señala el informe realizado por el psiquiatra Camilo Muñoz y la psicóloga Virginia Carretero, del Poder Judicial.
Por último, indican que sufrió violencia institucional porque no recibió una respuesta satisfactoria a los reiterados pedidos de ayuda que habría realizado a la Policía, la Unidad Funcional de Género y Niñez de la Policía, la Jefatura de Policía y a la Secretaría de la Mujer.
