
El abogado Pablo Rodríguez Salto que defiende a la jueza de familia, niños, niñas y adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, en el jury de enjuiciamiento por su actuación en el caso del crimen del niño Lucio Dupuy, manifestó que en el momento de intervención de la jueza no hubo ningún “indicio, indicador o denuncias de parte de terceros que podía existir una situación de violencia latente”.
El jurado de enjuiciamiento que analiza las denuncias presentadas contra la jueza de familia, niños, niñas y adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de niños, niñas y adolescentes Elisa Alejandra Catán, por sus actuaciones en el caso Lucio Dupuy, escuchó a las dos funcionarias en una audiencia realizada en el Centro Judicial de Santa Rosa.
Pérez Ballester declaró en primer término durante unos 45 minutos, siendo acompañada por el abogado piquense Pablo Rodríguez Salto.
Respecto a la declaración el abogado Rodríguez Salto habló con el periodista Daniel Lucchelli, donde señaló que “fue una exposición extensa y detallada de cual fue su actividad en los procesos judiciales en los cuales se les imputa”.
Detalló que “lo medular de la defensa tiene que ver con que la tutela a la tía política y luego el cuidado personal a la progenitora se basaron en un mero motivo económico, cuando el chico queda con los tíos viviendo fue porque la madre no tenía una buena situación económica y habitacional”
Continuó expresando que “cuando la madre reclama la restitución del nene dice que su situación económica mejoró que tiene un trabajo estable y alquila, y antes de ese segundo juicio se llegará a realizar, presentan un convenio firmado la madre con su abogado particular, y por otro lado, la tía con su propia abogada lo cual despeja cualquier sospecha que hiciera algo presionada y en ese acuerdo dicen ambas que efectivamente cuando el niño se quedó con la tía fue por dificultades económicas de la madre. Incluso el niño ya estaba viviendo en Santa Rosa con la madre antes de presentar el convenio”.
Recalcó que “Los motivos eran económicos, la única explicación que había en los expedientes, era esa afirmación y la absoluta ausencia de indicios, indicadores o denuncias de parte de terceros que podía existir una situación de violencia latente, por lo tanto, la asesora de menores recomendó homologar el acuerdo como ocurre normalmente”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.
El jury, pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 19, a las 9, donde continuará con el proceso.

