(Por Javier Urban) – De lo más movida la semana que atravesó Sergio Ziliotto. Todas eran noticias que presagiaban lo peor para el destino de La Pampa. Pero al anuncio del paro de la CGT le siguieron otras que le permiten al gobernador asentarse en sus convicciones y desde ahí seguir batallando.
Una tras otra eran las desagradables novedades de las que se iba notificando el gobernador Sergio Ziliotto a comienzos de la semana pasada. Si las indigeribles informaciones no le provocaban insomnio, seguramente le generarían pesadillas porque el panorama era realmente tenebroso.
Por un lado se confirmaba que, como resultado de la reunión que había tenido el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de JxC, el presidente quedaba a un paso de conseguir la aprobación de la “Ley de bases” que, aunque reducida de ómnibus a minibus, le significaría dar un paso más que importante para iniciar una nueva etapa. El buen clima que trascendía que se respiraba en ese tipo de encuentros, a los que el gobernador de La Pampa no era invitado, representaba la confirmación de que el gobierno nacional podría presentar el nuevo proyecto antes del finde que dejamos atrás, que esta semana se tratara en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y que en la próxima llegara al recinto. Los gobernadores colaboracionistas, los del PRO, sostenían que no podían retacearle el apoyo después de los recortes a los que había accedido el gobierno de Milei al texto original; los dialoguistas, los radicales, afirmaban que había que darle esa llave al libertario para que deje de culpar por todo a quien trata de “corruptos y mugre de la política” merecedores de ser “meados” y a los que quiere fundir, y así, si le fuera bien no quedarían como los que le pusieron palos a la rueda y si le fuera mal, no podría responsabilizar a los demás; y los gobernadores opositores, los peronistas cercanos al presidente, le harían las concesiones mínimas y necesarias, a la espera que pase el tiempo y se demuestre si el apoyo social a Milei es inmune a las consecuencias del ajuste y la profunda recesión que se viene. Aún con dudas sobre el contenido más crítico en discusión, como los recursos para las cajas jubilatorias no transferidas, las obras públicas paralizadas y el piso al impuesto a las ganancias, todo parecía estar ok para aprobarle la ley y dotarlo al libertario de herramientas (la emergencia económica, aunque acotada, y la delegación de facultades) poderosas para avanzar sin atravesar nuevos peajes legislativos. Incluso vendría con yapa: la aprobación del Pacto de Mayo.
Otra razón para el disgusto del mandatario pampeano fue la publicación de que la Corte Suprema de Justicia tenía en sus manos unas 30 causas en las que 16 gobernadores de provincias le reclamaban al Estado nacional por la eliminación de fondos por mil millones de dólares, entre ellas el planteo de La Pampa para que la Justicia deje sin efecto la eliminación del fondo de compensación al transporte público. Si bien las causas se habían comenzado a mover, hacían trascender que nada presagiaba una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional y que las novedades se tendrían a mediano plazo.
Y la sorpresiva reunión que en Casa Rosada tuvieron autoridades del gobierno de Milei con la CGT fue, seguramente, el golpe más duro de los que recibió el gobernador pampeano en la semana. Cuando se enteró de que el arquitecto libertario Santiago Caputo les transmitió que el presidente no tiene nada con los dirigentes sindicales, ni tiene intención de meterse en la vida interna de las organizaciones; que el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, les aseguraron que no impulsarán ninguna eventual propuesta de reforma laboral sin antes tener el consenso de la central obrera y que el tema de la homologación de las paritarias lo irían a solucionar, lo mismo que la situación de las obras sociales; y que después de 2 horas y media de reunión, los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, más el secretario general de camioneros, Hugo Moyano, dijeran que «fue una reunión mucho mejor de lo que esperábamos y de lo que imaginábamos», seguramente Ziliotto habrá tenido una lógica sensación de impotencia.
Ya nada se podría hacer y Milei cumpliría con su palabra: fundir a las provincias y sus habitantes. Lo que tenía planificado en su plataforma electoral: echar a 1,5 millones de empleados de todas las jurisdicciones. Sacarle a las provincias salud y educación. Eliminar la coparticipación federal. Que las provincias vivan del impuesto inmobiliario, patentes de autos e ingresos brutos. E incluso que a aquellas provincias cuyo presupuesto depende casi en un 90% de la coparticipación federal, está dispuesto a declararlas financieramente inviables, solicitar su quiebra y obligarlas a recurrir a la integración regional (con otras provincias) o zonal (con otros municipios)”. O sea desaparecer.
Eso lo llevó a Ziliotto a convocar a todos los sectores para plantearles la involución que sufrió La Pampa en el envío de recursos nacionales, una deuda acumulada en 3 meses de 24 mil millones de pesos: a los intendentes, que se volvieron a sus pueblos con la seguridad de «esto va a ser cada vez peor»; a los sindicatos que reconocieron que el no cumplimiento de pactos ni compromisos de parte del gobierno de Milei y la caída en la recaudación le pone «luz roja a todo el funcionamiento del Estado»; y a los sectores productivos, que se retiraron en alerta por los efectos devastadores de la política nacional, que hasta hará que no se haga la Expopymes este año. Los gremialistas manifestaron su apoyo al gobierno provincial al que los empresarios le piden ayuda para mantener los puestos de trabajo.
Y Ziliotto fue más allá y, a través de una conferencia de prensa, quiso llegar a todos los rincones de la provincia para hacernos saber que “en tres meses la provincia perdió el 37 por ciento de sus recursos”, que “la situación económica ha empeorado en todos los sectores y ha visto quebrada la mínima expectativa del crecimiento en la economía”, que «el DNU es la espada de Damocles que está destrozando la vida de los pampeanos y de los argentinos y es necesario que la Cámara de Diputados de la Nación lo derogue”, que «el gobierno nacional se apropia ilegalmente de recursos que le pertenecen a la provincia», que «ahora estamos obligados a fijar prioridades» y que se recortarían fondos destinados al desarrollo económico.
En medio de ese panorama, nadie vio al gobernador dispuesto a retroceder (ni para tomar carrera, como le gusta decir). Lo pone cabrón que no lo llamen a dialogar (insólitamente el diputado libertario del PRO-MID, Enrique Juan salió a cuestionarlo porque no se sienta a dialogar con el gobierno nacional, cuando es re contra evidente que al que no le interesa es a Milei) y aunque no le deja de dar vueltas en la cabeza que La Pampa sería una de las 5 provincias más beneficiadas con la reversión de la baja del impuesto a las ganancias, al haber sido una de las más perjudicadas con la eliminación del mismo en plena campaña electoral por el exministro de Economía Sergio Massa ($ 111.052 por habitante es el costo fiscal que está pagando la provincia), no quiere que eso pase porque su convicción es que el trabajo no es ganancia y porque es lo que acordó con el resto de los mandatarios patagónicos.
Su ministro de hacienda, Guido Bisterfeld, reveló ante los diputados que hoy por hoy el fondo anticíclico es de 30 mil millones de pesos, pero también que la plata desde Nación no llega, que paralelamente se va cayendo la recaudación y la constante retroalimentación del mismo flaquea.
La situación la plasmó Zliotto en una entrevista a radio 10 donde dijo: «siempre pienso siempre en positivo, de encontrarle a ver por dónde saldría la famosa luz al final del túnel. Y no la encuentro». También que la provincia tiene equilibrio fiscal, que sabe de lo importante que es tener la economía ordenada y que a ese equilibrio fiscal hay dos formas de mantenerlo: generando más recursos o ajustando…o ajustando, con todo lo que eso implica.
Tal vez pudo asimilar como un mínimo bálsamo el acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados, para tratar sobre tablas su proyecto de ley de emergencia en obras públicas que le permitirá la reactivación de las que dejó de pagar Milei, incumpliendo con el financiamiento al que estaba comprometido el Estado nacional. Pero no más que eso.
“¿Y ahora quién podrá ayudarme?” se estaría preguntando cuando escuchó a Pablo Moyano, cotitular de la CGT, explicando por qué resolvió no participar del encuentro con los funcionarios del Gobierno Nacional: «Es un tema de dignidad, no me puedo sentar en una mesa con tipos que se cagan de risa cuando cierran Telam”, planteó, asegurando además que la unidad de la central obrera está sólida.
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A eso le sucedió la conferencia de prensa del Consejo Directivo de la CGT anunciando para el 23 de abril una movilización intersectorial con la comunidad universitaria, para el 1ro de mayo una movilización en otro aniversario del Día Internacional de los Trabajadores y para el 9 de mayo, un paro general de 24 horas, en rechazo a las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Milei que llevarán al país a un «proceso recesivo inaceptable», según Daer, que agregó «no podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar a acuerdos».
Todo reconfortante. Como lo que dijo en una conferencia del Rotary Club, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Primero asegurando que “el capitalismo es el sistema al que adhiere la Constitución Nacional. Y eso es reconocimiento de la propiedad privada, iniciativa particular y competencia en un marco de igualdad de oportunidades”, pero aclarando que la Constitucion «no prohibe la intervención del Estado, sino que señala que es el que debe favorecer asuntos como la educación o la industria, entre otros».
Y, fundamentalmente, sobre las causas contra el DNU 70 de desregulación de la economía y quita de distintos fondos compensadores a las provincias en los que se reclame la inconstitucionalidad de esas decisiones, al decir: “Hay que darle una primera chance a la política. Hay charlas, reuniones, negociaciones que seguimos con avidez. Si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá. No nos parece que la judicialización sea el camino. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea. Sino lo resolveremos en un tiempo razonable”. Eso provocó que Milei dejara trascender que “al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable con el DNU”, en referencia, sin nombrarlos, a Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Tres de cuatro.
Paralelamente se hacía añicos el pequeño bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de diputados de la Nación, donde rajaron a Oscar Zago de la jefatura del bloque oficialista e inmediatamente aseguró que formará un bloque propio, junto a otros dos diputados. Zago, que está enfrentado con el presidente de la Cámara Martín Menem y nada menos que con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, dijo “si vamos a seguir siendo más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas, conmigo no cuenten”.
Y como piezas de dominó que van cayendo una sobre otra, “Toto” Caputo comentó, como si no fuera el ministro de economía, que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. Frente al paro de colectivos en el área metropolitana de Bs As, el gobierno sólo se dedicó a mirar si dejar que suban las tarifas de transporte porque se les escaparía la inflación, aunque manteniéndolos se les descontrola el equilibrio fiscal comprometido con el FMI. A la fiesta de la timba financiera y de la caída abrupta en el valor de los activos argentinos y en la macro, la siguen pagando con la plata de los jubilados.
Y encima de todo, lo más bizarro. En la promocionada entrevista con Fantino, el ensobrado, Milei ostentó que la inflación ya no se estaba derrumbando, sino que directamente ya hay deflación. Pero lo hizo usando las estadísticas del Jumbo Bot, una cuenta fake que a las horas se mofó de eso, reveló que eran todos datos falsos y se autodestruyó a la cuenta de 10. O sea que el presidente compró una falsedad sin el más mínimo asesoramiento de su gobierno de tuiteros. Tan bizarro como grave, pero sobre todo quedó enchastrado por lo inverosímil de sus números y lo que la gente no siente en el bolsillo.
Todo eso permite sospechar que buena parte de la mayoría o de las minorías intensas, empiezan a cansarse. Y como es de manual que el límite al ajuste es la reacción de los ajustados, pareciera que algo del tipo de lo enunciado viene asomando, al punto que la CGT tuvo que darle respuesta a esa olla a presión.
Incluso más allá de las consideraciones previas, se deja ver una transformación hasta en la metodología que están usando para presentar el nuevo proyecto de ley bases, que algunos dicen que ni hacía falta que lo volviera a presentar porque es una continuación del otro. Pero lo importante es observar que no sólo se redujo ostensiblemente el número de hojas, sino que los acápites fueron tocados, con modificaciones importantes dentro de los temas tratados. Por ejemplo ya no se habla de privatizar el BNA, sino que se podrá vender, pero el Estado deberá seguir teniendo el control; y hay empresas que han sido eliminadas directamente de la lista de privatizaciones, incluida la que genera uranio para centrales nucleares.
Lo novedoso es que el anarcocapitalista inflexible que comenzó su gestión con una metodología de sorpresa, de brutal shock, ahora se ha visto obligado a un cambio de metodología en la presentación de la ley ómnibus reducida a minibus. Ya no fue algo sorpresivo, ya no nos levantamos y nos encontramos con un decreto, no nos levantamos y nos encontramos con una ley que es prácticamente imposible de leer. Esta vez se ha impuesto todo lo contrario: la mandaron, la hicieron trascender, instrumentan el ensayo y error.
Foto: AFP.
Pero hay otros cambios importantes que indican que el proceso de transición ha comenzado. En medio de todo esto Milei se fue a los EE UU e iba a seguir viaje a Dinamarca sin que se sepa por qué. Iba a estar afuera siete u ocho días, sin ninguna agenda relevante para eso. Sólo fue a una universidad, donde había no más que unas decenas de personas y a una reunión con el empresario dueño de la ex Twitter, ahora X. Nada era demasiado importante.
Recibiría un premio de una comunidad judía. Nada relevante. Pero, en su ausencia, la vicepresidenta presidió una reunión que parecía una reunión de gabinete, no sólo senadores, había ministros, algo muy raro.
Frente a todo ese panorama, y sin analizar la cuestión internacional, estamos viviendo días bien distintos a los de comienzos de la semana pasada. Y el gobernador de La Pampa cuenta con elementos que le permiten estar más tranquilo e incluso pasar al ataque, recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con otra demanda contra el gobierno nacional, esta vez por los fondos previsionales que le debe a la provincia.
La fiscal de Estado de La Pampa le demandó al máximo órgano judicial del país que “se ordene pagar en forma inmediata la deuda del Gobierno nacional en concepto de déficits de las cajas previsionales”. Ziliotto sabe que ahora puede ganar. O que, por lo menos, ahora, volvió «a estar en partido».
