La justicia pampeana condenó a una docente por tratar en el aula el conflicto entre Israel y Palestina en la franja de Gaza, donde hoy las Naciones Unidas habla de “métodos compatibles con el genocidio” implementados por Israel desde octubre de 2023 y julio de 2024.
Mediante un formulario (https://docs.google.com/forms/d/1yxpiv2BTSBYYGTyAxYtrFL4A4hkUAG4mtNyua23vJXc/edit) que se difunde por interntet, piden la absolución de Ana Contreras, condenada el 9 de abril por el juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, con una multa de casi un millón de pesos y sancionada penalmente “por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario”.
“Hoy lanzamos un llamado urgente a la acción: necesitamos el respaldo masivo de organizaciones sociales, sindicatos, periodistas, medios de comunicación y figuras públicas para frenar este ataque a la educación pública, laica y gratuita. El plazo es crítico: la defensa de Ana presentará la apelación en los próximos 5 días (venciendo el miércoles 16 de abril), por lo que la difusión inmediata y la presión colectiva son esenciales”, se lee en el pedido de repudio al fallo y apoyo a la docente.
“La figura utilizada para imponer esta pena fue la de ‘maltrato psicológico’, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica”, añaden.
“La condena a Ana no es un caso aislado, sino la manifestación visible de un problema más profundo. Durante más de un año, fue sometida a un agotador proceso judicial que, tras culminar en un juicio y una sentencia condenatoria, dejó secuelas en su salud mental, compromete su situación económica y su trayectoria profesional. Sin embargo, el impacto trasciende lo individual: esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, donde el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible”, contaron.
“El denunciante, padre de dos alumnas, ya había intentado impedir previamente contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), pese a que estos están garantizados por la Ley Nacional 26.150. Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas, vulnerando tanto la libertad docente como el marco normativo vigente que concibe que los alumnos son sujetos de derechos no propiedad de sus progenitores”, añadieron.
“La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza”, finalizaron.
Genocidio
“La guerra de Israel en Gaza es coherente con las características del genocidio, con bajas civiles masivas y condiciones que amenazan la vida impuestas intencionalmente a los palestinos allí, dijo el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes”, concluyó un informe de la ONU del 23 de noviembre de 2024.
“Desde el comienzo de la guerra, las autoridades israelíes han apoyado públicamente políticas que privan a los palestinos de los bienes esenciales para su sustento: comida, agua y combustible —declaró el Comité—. Estas declaraciones, junto con la interferencia sistemática e ilegal de la ayuda humanitaria, dejan clara la intención de Israel de instrumentalizar suministros vitales para obtener beneficios políticos y militares”, detallan.
El informe, que abarca el período comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2024, examina los acontecimientos en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado, pero se centra en el impacto catastrófico de la actual guerra en Gaza sobre los derechos de los palestinos.
“Mediante su asedio a Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques selectivos y el asesinato de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los repetidos llamamientos de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muerte, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina”, dijo el Comité.
El informe documenta cómo la extensa campaña de bombardeos israelí en Gaza ha diezmado los servicios esenciales y desatado una catástrofe ambiental con consecuencias sanitarias duraderas. A principios de 2024, se habían lanzado sobre Gaza más de 25.000 toneladas de explosivos (equivalentes a dos bombas nucleares), causando una destrucción masiva y el colapso de los sistemas de agua y saneamiento, devastación agrícola y contaminación tóxica.
“Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentación, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una combinación letal de crisis que infligirá graves daños a las generaciones futuras”, afirmó el Comité.
El informe plantea serias preocupaciones sobre el uso por parte de Israel de sistemas de orientación mejorados con inteligencia artificial para dirigir sus operaciones militares, y el impacto que ha tenido sobre los civiles, particularmente evidente en el abrumador número de mujeres y niños entre las víctimas.
“El uso por parte del ejército israelí de objetivos asistidos por IA, con una mínima supervisión humana, combinado con bombas pesadas, pone de relieve el desprecio de Israel por su obligación de distinguir entre civiles y combatientes y de adoptar las salvaguardias adecuadas para evitar muertes de civiles”, afirmó el Comité.
En medio de la devastación en Gaza, la creciente censura de los medios de comunicación por parte de Israel, la represión de la disidencia y los ataques a periodistas constituyen esfuerzos deliberados para bloquear el acceso global a la información, concluyó el Comité. También señaló cómo las empresas de redes sociales eliminaron de forma desproporcionada el contenido pro-palestino en comparación con las publicaciones que incitaban a la violencia contra los palestinos.
El Comité condenó la actual campaña de desprestigio y otros ataques contra el UNRWA y la ONU en general.
“Este silenciamiento deliberado de la información, combinado con la desinformación y los ataques a los trabajadores humanitarios, es una clara estrategia para socavar la labor vital de la ONU, cortar el sustento de la ayuda que aún llega a Gaza y desmantelar el orden jurídico internacional”, afirmó el Comité.
El Comité instó a todos los Estados Miembros a que cumplieran con sus obligaciones jurídicas de prevenir y detener las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y a exigirle cuentas.
“Es responsabilidad colectiva de cada Estado dejar de apoyar el ataque a Gaza y el sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental”, afirmó el Comité.
Defender el derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones recae plenamente en los Estados Miembros. No hacerlo debilita la esencia misma del sistema jurídico internacional y sienta un precedente peligroso, permitiendo que las atrocidades queden sin control.
El informe del Comité se presentará en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 2024.
