Tras la aprobación en el Senado de la ley que otorga un aumento del 7,2% y un bono móvil de $110.000 a jubilados, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79% del PBI anualizado. También se prevén compensaciones para cajas provinciales y una mejora real del poder adquisitivo de hasta el 16%.
A una semana de la aprobación en el Senado de la ley que brinda un aumento para los jubilados, se conoció este jueves el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de la medida.
La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.
Según informa la OPC, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)
Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó también que sin la nueva norma, los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.
Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.
El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende, según calculó la OPC, a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo se desagrega de la siguiente manera:
Impacto por moratoria previsional:
La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
Impacto por Ampliación de la PUAM:
La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios
