El bloque de concejales del Partido Justicialista de La Adela manifestaron “preocupación ante la grave situación institucional, administrativa y financiera que atraviesa el municipio, agravada por decisiones que ponen en riesgo el futuro de toda la comunidad”.
El oficialismo local, que responde al intendente Federico Moro, “ha impulsado y aprobado una ordenanza de emergencia administrativa y financiera que, lejos de brindar soluciones responsables, habilita mecanismos repudiables, peligrosos y para nada claros, como el pago en cuotas del salario a los trabajadores y la posibilidad de cancelar deudas entregando bienes del Estado municipal”.
En la última sesión, y a pesar de que el oficialismo cuenta con mayoría, “decidimos no acompañar esta medida porque carece de claridad, previsión y criterios técnicos sólidos. Exigimos lo que cualquier bloque con compromiso democrático exigiría: información precisa, participación real y resguardo del patrimonio público”, indicaron.
Denunciaron que “la forma de manejarse, y las declaraciones públicas de la presidenta del Concejo, integrante del oficialismo, deja en evidencia una visión distorsionada del funcionamiento institucional. Plantea como un gesto de generosidad el haber ‘permitido’ el debate, cuando en realidad el diálogo y la transparencia son obligaciones, no concesiones”.
Además, “pretenden trasladar la responsabilidad de la crisis hacia nosotros, la oposición, exigiendo propuestas alternativas, cuando quien gobierna es el intendente y su bloque. Nuestra función es controlar, aportar cuando se nos convoca seriamente y, sobre todo, no ser cómplices del desmanejo”, señalaron Carlos Pereyra y Erminda Birge.
“Recordamos que esta situación no es nueva: la deuda millonaria con la cooperativa local de electricidad, que derivó en el corte de luz a edificios públicos, fue saldada con la entrega de terrenos del Parque Industrial, una decisión que sentó un precedente alarmante. La ciudadanía merece saber con qué criterios se tomarán futuras decisiones similares. No puede haber “vía libre” para desprenderse del patrimonio de todos”, denunciaron.
“Por si fuera poco, por primera vez desde el inicio de esta gestión se incumplió con el pago completo de los salarios municipales en tiempo y forma. El propio Ejecutivo reconoce que los trabajadores cobraron una parte y que el resto se pagará “si entran fondos”. Esto es inaceptable. El salario es un derecho, no una variable de ajuste”, añadiern.
“Por último, el radicalismo reconoce que solo el 35% de la ciudadanía paga impuestos, pero no asume ninguna responsabilidad en esa caída de la recaudación. ¿Dónde están las políticas de incentivo, de cercanía, de confianza con el vecino?”, se preguntaron.
“No se puede gobernar culpando al pueblo ni escudándose en la oposición. Gobernar es asumir las responsabilidades. Desde nuestro bloque, vamos a seguir defendiendo el rol del Concejo Deliberante como garante del orden institucional y del control de los recursos públicos, sin dejarnos presionar ni silenciar. Por los trabajadores, por los bienes de nuestro pueblo, por el respeto a la democracia: no vamos a ser parte del ajuste, ni de la entrega”, finalizaron.
