
El diputado nacional Martín Ardohain presentó este martes el proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir, también conocido como el de “muerte digna”. Podrán solicitarla personas mayores de 16 años. Y las menores, con autorización de un mayor.
“La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho de toda persona a transitar con dignidad el proceso de morir y reconoce el derecho de cada individuo a decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que considere insoportables según su percepción personal”, señaló el diputado Martín Ardohain.
“En nuestro país, tanto la Ley de Derechos del Paciente N.º 26.529 como la Ley de Muerte Digna N.º 26.742 permiten rechazar tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida y garantizan el acceso a cuidados paliativos. No obstante, subsiste un vacío legal respecto del derecho de los pacientes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida de forma digna y controlada”, agregó.
“Por ello, la presente iniciativa tiene por finalidad subsanar dicha laguna normativa, ofreciendo un marco legal claro”, explicó.
EL PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
“Ley de Regulación de la Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir”
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho de toda persona a transitar con dignidad el proceso de morir, conforme a las condiciones y procedimientos que se establecen en la presente Ley.
Se disponen garantías específicas para pacientes, profesionales de la salud y demás actores involucrados en la atención, con el fin de asegurar la libertad de decisión, la dignidad, la ausencia de presiones de cualquier índole, la claridad e igualdad en los procedimientos y la seguridad jurídica.
Asimismo, se reconoce el derecho de cada individuo a decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que considere insoportables según su percepción personal.
Artículo 2° DEFINICIÓN. A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
Eutanasia: procedimiento médico realizado por un profesional de la salud, mediante el cual se administran de forma inmediata los medios necesarios para producir la muerte de una persona, previa solicitud libre, expresa, informada y debidamente documentada, conforme a los requisitos establecidos en la presente Ley.
Muerte asistida: procedimiento mediante el cual la persona solicitante ejecuta por sí misma el acto final que ocasiona su fallecimiento, contando para ello con la asistencia, información, prescripción y supervisión médica correspondientes, de acuerdo con las disposiciones y protocolos previstos en esta Ley.
Ambos procedimientos tienen por objeto poner fin al sufrimiento de personas que padecen enfermedades graves e incurables o en fase terminal y hayan formulado su solicitud de manera libre, reiterada, válida, fehaciente y verificable ante la autoridad competente.
Artículo 3° DERECHO. Toda persona, que se encuentre en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud de igual carácter, padezca sufrimientos físicos o psíquicos que considere insoportables y que impliquen un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a solicitar, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, la práctica de la eutanasia o muerte asistida, a fin de que su muerte ocurra de manera indolora, serena y respetuosa de su dignidad y de su voluntad
autónoma.
Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley. No obstante, el médico responsable valorará la intervención de los padres y/o de quien ejerza la tutela del menor.
Las personas menores de dieciséis (16) años pueden solicitarla con autorización expresa de los padres o tutores legales, y debe existir una evaluación médica y psicológica que confirme que el niño comprende el significado de la decisión. En estos casos, se requiere que la persona se encuentre en la fase final de una enfermedad terminal o atraviese un sufrimiento extremo al momento de efectuar la solicitud.
Asimismo se garantizará el acompañamiento psicológico al menor y su familia, antes, durante y después del procedimiento, para asegurar una decisión libre, informada y respetuosa de la dignidad humana.
Artículo 4° VOLUNTAD ANTICIPADA. Toda persona capaz y mayor de edad podrá disponer de directivas anticipadas sobre su salud, expresando de manera consciente, libre y voluntaria su deseo de acceder a la prestación de asistencia directa para poner fin a su vida, en caso de que concurran las circunstancias establecidas por esta ley y sea incapaz de manifestar su voluntad o se encuentre inconsciente.
Podrá asimismo designar a una persona que actúe como interlocutor ante el equipo sanitario, con el fin de tomar decisiones en su nombre y velar por el cumplimiento de la voluntad expresada.
La directiva anticipada podrá elaborarse en cualquier momento, deberá constar por escrito y ser firmada ante escribano público o juez de primera instancia, pudiendo ser modificada o revocada.
Artículo 5° REQUISITOS. Podrán ampararse en las disposiciones establecidas en la presente Ley las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Padecer una enfermedad grave e incurable, o un sufrimiento físico o psíquico de carácter grave, crónico e imposibilitante, que no pueda ser aliviado de manera tolerable.
b) Haber recibido información clara, completa y precisa acerca de su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas y posibilidades de actuación, incluida la opción de acceder a cuidados paliativos integrales.
c) Ser ciudadano argentino, o extranjero con residencia legal en el país por un período no inferior a doce (12) meses.
d) Tener capacidad legal al momento de formular la solicitud correspondiente. En el caso de personas menores de edad se aplicará lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.
e) En caso de restricción de la capacidad o incapacidad sobrevenida a causa de la progresión de la enfermedad, la práctica solo podrá realizarse si el paciente hubiera suscrito previamente un documento de instrucciones anticipadas, debidamente formalizado y reconocido conforme a la legislación vigente, en el cual conste expresamente su voluntad respecto del procedimiento.
f) Formular la solicitud de manera libre, voluntaria, consciente e informada, sin estar sujeta a presión externa.
Artículo 6° PROCEDIMIENTO. El derecho regulado por la presente ley se ejercerá mediante el siguiente procedimiento, debiendo quedar documentado en la historia clínica del paciente:
a) La persona que desee recibir asistencia para morir deberá presentar una petición voluntaria, libre, expresa e informada, manifestando su decisión de acceder al procedimiento por escrito, siempre que sea posible, o, en su defecto, por cualquier otro medio que permita dejar constancia fehaciente. La solicitud deberá contener la fecha, nombre y apellido, edad, domicilio, diagnóstico y estado actual de salud del paciente.
b) El médico evaluador verificará que el paciente padece una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico o irreversible, que le provoque sufrimiento físico o psíquico insoportable y sin perspectivas razonables de mejoramiento. A su vez deberá garantizar que el solicitante se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales al momento de presentar la solicitud, circunstancia que deberá ser certificada por el profesional interviniente.
c) El médico tratante deberá informar al paciente sobre su situación médica, pronóstico, alternativas terapéuticas, posibilidades de tratamiento y cuidados paliativos disponibles, asegurando que su decisión sea plenamente informada.
d) La solicitud deberá ser sometida a la evaluación de un equipo interdisciplinario o ateneo médico, el cual analizará la procedencia del pedido y verificará el cumplimiento de los requisitos legales, éticos y clínicos.
Concluido dicho proceso, el paciente deberá reafirmar su voluntad libre e inequívoca antes de la ejecución del procedimiento.
e) Cumplidos todos los requisitos establecidos, el médico tratante podrá proceder a la administración directa de los medios necesarios para la eutanasia, o, en el caso de la muerte asistida, facilitar los medios para que el propio paciente lleve a cabo el acto final, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su reglamentación.
f) Se deberá establecer un mecanismo de control y revisión a cargo de una comisión o autoridad competente, que llevará un registro de los casos, efectuará auditorías periódicas y garantizará la transparencia, legalidad y ética del procedimiento, a fin de prevenir abusos o irregularidades.
Artículo 7° PLAZOS. El plazo máximo será de cuarenta (60) días contados a partir de la solicitud formal hasta la realización del acto de eutanasia. El plazo podrá reducirse cuando el estado de salud del paciente sea crítico y se prevea que no podrá sobrevivir durante la totalidad del procedimiento.
De manera excepcional, el plazo podrá ampliarse si se requiere tiempo suplementario para la obtención de dictámenes médicos, informes psicológicos o consentimiento familiar, siempre que el estado clínico del paciente lo permita.
Cualquier profesional o autoridad sanitaria que dilate injustificadamente dichos plazos, por motivos ajenos a los previstos en esta Ley, será pasible de la sanción de inhabilitación del ejercicio profesional correspondiente.
Artículo 8° REVOCACIÓN. La voluntad del paciente de poner fin a su vida será siempre revocable en cualquier momento del procedimiento. Dicha revocación no estará sujeta a formalidad alguna y producirá el cese inmediato y la cancelación definitiva de todas las actuaciones en curso relacionadas con la solicitud.
El médico tratante deberá dejar constancia expresa de la revocación en la historia clínica del paciente, asegurando la preservación de su voluntad y el respeto absoluto por su decisión.
Artículo 9° PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El sistema de salud, integrado por el sector público, las obras sociales y el sector privado deberán garantizar a sus pacientes el acceso efectivo a los servicios necesarios para el ejercicio del derecho reconocido por la presente Ley.
Asimismo, deberá asegurar la igualdad en el acceso a estos procedimientos en todo el territorio nacional
Artículo 10° OBJECIÓN DE CONCIENCIA. El médico y los demás integrantes del equipo de salud cuyos servicios se requieran para el ejercicio del derecho regulado por la presente Ley podrán invocar válidamente la objeción de conciencia para abstenerse de participar en la realización del procedimiento. En tal caso, la institución deberá garantizar la continuidad del proceso y la efectiva prestación del servicio, designando de manera inmediata a otro profesional o equipo de salud que no haya formulado objeción, asegurando que el paciente no sufra demoras indebidas ni obstáculos en el ejercicio de su derecho.
Todas las entidades que integran el sistema de salud, deberán asegurar el cumplimiento de la presente Ley a través de sus profesionales habilitados, garantizando siempre la prestación del servicio.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Artículo 11°. Modifíquese el Artículo 11 de la Ley 26.529 Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud, así como optar, en caso de padecer una enfermedad incurable, irreversible y que le provoque sufrimientos físicos o psíquicos intolerables, por la práctica de la eutanasia o asistencia médica para morir.
Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo quien actuará bajo los principios de autonomía de la voluntad, dignidad y derechos humanos del paciente. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó.
Artículo 12°. Modifíquese el Artículo 83 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 83: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.
No constituirá delito prestar asistencia a una persona para poner fin a su vida, en el marco de las prácticas eutanásicas permitidas, ni la ayuda brindada a solicitud expresa de la persona para terminar con su vida impulsado por motivos no egoístas y a su pedido. Se entenderá por motivos no egoístas, a motivos ajenos a todo interés económico de quien presta la ayuda.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 13° AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ministerio de Salud de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Tendrá a su cargo la supervisión, control y evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como la elaboración de protocolos técnicos y éticos, la capacitación del personal de salud y la implementación de mecanismos de registro, auditoría y transparencia. Se deberá garantizar la confidencialidad de los datos.
ARTÍCULO 14°. DEROGACIÓN. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO 15°. REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.
ARTÍCULO 16°. ORDEN PÚBLICO. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 17°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

