El plazo establecido por el municipio expiró y el intendente cumplió con lo anunciado. Personal municipal inició este miércoles las tareas de retiro del tendido de fibra óptica que había sido colocado de manera irregular. Sacaron tres postes. Dos en la calle Melvin Jones entre Valerga y Oses y otro en la calle Giachino entre Montaldo y Valerga
Luciano di Nápoli, jefe comunal de Santa Rosa, tomó una decisión que sitúa un nuevo conflicto en la agenda pública. En línea con sus declaraciones previas, en las que afirmó que era una obligación hacer cumplir las normas, ordenó el inicio del desmantelamiento de la infraestructura de Clarín.
La empresa había manifestado la semana anterior que presentaría denuncias penales contra las autoridades que intervinieran en el retiro de sus instalaciones. Los trabajos comenzaron en las calles Jones y Giachino, en tramos específicos de los barrios involucrados.
Paralelamente, se conoció que la administración local contestó formalmente la intimación enviada por el Grupo Clarín. Maximiliano Cheli, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, declaró improcedente la carta documento remitida por la empresa.
El origen del enfrentamiento se remonta a la detección por parte del municipio de obras de instalación de postes y cables de fibra óptica en diversos sectores de la ciudad, sin las autorizaciones municipales requeridas. Informes técnicos verificaron la presencia de nueva infraestructura en la zona sur y norte, en algunos casos geolocalizada con precisión.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante analizaba los expedientes presentados por Clarín para desplegar una red extensa con miles de postes. Los proyectos fueron archivados de forma unánime, al considerar que la empresa había actuado previamente sin autorización, violando la Ordenanza 2486/99 que regula el uso del espacio público.
En las horas previas al vencimiento del plazo para que la empresa regularizara o retirara la red, Clarín reiteró su advertencia de acciones penales. Sin embargo, este miércoles la Municipalidad procedió con el inicio del desarme de la infraestructura que carece de aval administrativo local.
