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Silvia González llevó su testimonio al Congreso y reclamó penas más duras por siniestros viales

18 marzo, 2026
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En el marco del debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca endurecer las penas por siniestros viales, la voz de Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, tomó un rol central al exponer su historia personal y cuestionar la actual legislación. Durante la reunión informativa, González relató la muerte de su hijo de siete años y apuntó contra la baja penalización de estos delitos, reclamando justicia y cambios concretos para evitar la impunidad.




La Cámara de Diputados realizó este miércoles una reunión informativa en la que expuso Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas e integrantes de otras organizaciones de víctimas de siniestros viales, en el marco del debate sobre la media sanción del Senado del proyecto que endurece penas por ese tipo de delitos.

La comisión de Legislación Penal, que conduce Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) pretende avanzar dentro de dos semanas con la firma del dictamen para llevar la iniciativa al recinto de la Cámara baja.

El debate
La primera oradora del debate fue Vivian Perrone, una de las fundadores de Madres del Dolor, quien señaló que las muertes por siniestros viales “son todos hechos evitables”, en tanto que advirtió que «siempre son los más vulnerables los que pierden la vida”.

“Para quienes deciden conducir con exceso de velocidad, después de haber ingerido alcohol o estupefacientes, o utilizar el celular mientras conducen, ¿cuáles son las consecuencias para ellos? Prácticamente nada”, lamentó.

Al respecto, recordó que con la normativa vigente la pena mínima para homicidios culposos es de tres años en suspenso, por lo que configuran delitos excarcelables.

Perrone denunció que el 90% de los casos reciben esas penas mínimas, y reclamó elevar las penas para evitar que los autores de los delitos puedan cumplir condenas sin cárcel efectiva.

“Los familiares de víctimas muchas veces dicen: ‘Queremos caratular a nuestras causas como homicidio simple con dolo, pero para que eso suceda, uno tiene que demostrar que al conductor se le representó que podía matar y no le importó. ¿Cómo hacés?”, se preguntó.

A su turno, Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, relató la pérdida de su hijo de siete años en el 2003, cuando fue atropellado por un vehículo conducido muy por encima de la velocidad permitida por “un puntero político muy conocido” de La Pampa.

“Venía totalmente alcoholizado, con marihuana, tenía una camioneta sin frenos, no tenía licencia ni seguro… Todos agravantes”, relató, y agregó que el autor del delito se dio a la fuga.

“No puedo concebir que a la persona que mató a mi hijo, con siete agravantes, le dieran 3 años de prisión en suspenso”, afirmó.

También habló de la desproporción entre esa carga de pena con los ocho años de prisión en que su provincia le adjudican a quienes son hallados culpables de “robar una vaca”, condena que se extiende a 14 años “si rompe un alambrado”.

“¿Una vaca vale más que una vida humana?”, se preguntó la representante de Estrellas Amarillas.

María Luján Rey, titular del Observatorio de Víctimas del Congreso, reclamó “dejar de hablar de accidentes viales” porque “le quita responsabilidad al hecho”.

«Podemos decir ‘siniestros viales’, ‘hechos viales’… El solo hecho de hablar de accidentes hace que todo esto que estamos hablando sea en vano. Nosotros estamos hablando de cosas que pueden prevenirse, los accidentes son otra cosa. Por eso pido evitar hablar de accidentes, porque es confuso”, enfatizó la ex diputada nacional del PRO.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el 18 de septiembre de 2025, a partir de la amalgama de proyectos presentados por Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Ávila (Independencia).

Los detalles del proyecto
El proyecto endurece las penas por impericias e irresponsabilidad en la conducción de un vehículo y establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la víctima se aumenta la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes.

La inhabilitación, en tanto, para conducir será por el doble del tiempo de la condena.

Se incorporan como agravantes de este delito consumir medicamentos que afecten la aptitud para manejar o tomar alcohol, no tener habilitación para conducir, exceso de la velocidad del 30%, utilizar celulares o pasar un paso ferroviario sin estar habilitado.

 

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