Las principales clínicas y sanatorios privados de La Pampa anunciaron una suspensión total de la atención a afiliados de PAMI durante 24 horas el próximo lunes 24 de agosto, en el marco de un reclamo por la actualización de los aranceles que paga la obra social nacional.
La medida fue comunicada en conjunto por prestadores de las provincias patagónicas y alcanza en La Pampa al Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.
Según explicaron las instituciones, vienen reclamando desde hace meses una recomposición de los valores que reciben de PAMI, al considerar que quedaron muy por debajo de la evolución de los costos y la inflación. De acuerdo con el comunicado, durante los últimos dos años y medio la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras que los aranceles de PAMI se actualizaron un 143%.
Los prestadores señalaron además que durante 2026 el incremento comprometido por el organismo sería de aproximadamente un 6% en términos reales y que comenzaría a percibirse recién en octubre. Para las clínicas, esta actualización resulta insuficiente frente a la evolución de los costos del sistema de salud.
En La Pampa, la situación se suma a las dificultades que los prestadores aseguran que ya vienen atravesando en la atención de los afiliados. El comunicado regional advierte que desde hace aproximadamente dos meses existen restricciones en las guardias, recepción de derivaciones y programación de determinadas cirugías, una situación que podría profundizarse si no se modifica el esquema de financiamiento.
Los prestadores también cuestionaron los cupos establecidos por PAMI para determinadas prestaciones ambulatorias, al considerar que esas limitaciones complican todavía más la atención de los jubilados.
La suspensión del lunes 24 será por 24 horas y los prestadores aclararon que lamentan los inconvenientes que pueda ocasionar a los afiliados. Al mismo tiempo, remarcaron que consideran necesario hacer pública la situación para advertir sobre el deterioro que, según sostienen, atraviesa la atención médica de los jubilados.
Las instituciones sostienen que no pretenden financiar el sistema, sino contar con aranceles que permitan cubrir los costos de las prestaciones y sostener el funcionamiento de los establecimientos y los puestos de trabajo.
La medida se enmarca en un reclamo que involucra a prestadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, que en conjunto aseguran atender a unos 300.000 jubilados y sostener alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos en la región.
