Lo que comenzó en La Pampa y el resto de la Patagonia, este jueves y viernes se extiende a todo el país.
Las principales cámaras que agrupan a clínicas, sanatorios y hospitales privados declararon el estado de extrema fragilidad financiera y anunciaron que este jueves y viernes no atenderán en una suerte de paro en todo el país, debido a un marcado retraso arancelario frente a la inflación y exigieron respuestas urgentes a las autoridades para evitar la parálisis total de los servicios destinados a los jubilados.
A través de una dura carta enviada el 20 de agosto de 2026 y dirigida al director de la obra social de los jubilados, los centros prestadores encendieron las alarmas sobre la imposibilidad de sostener la estructura sanitaria.
Según advirtieron en el texto oficial, el deterioro sostenido del financiamiento está afectando la capacidad efectiva de garantizar el acceso a la salud de las personas mayores, poniendo en jaque el mandato histórico de la Ley 19.032, normativa fundacional del Instituto.
El reclamo central de las clínicas y sanatorios se sostiene en una disparidad económica que califican como una “asfixia operativa sin precedentes”. De acuerdo a los datos aportados por las cámaras, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación general (IPC) alcanzó un 241%. Sin embargo, en ese mismo período, la cápita que abona PAMI a los prestadores solo se incrementó un 110,55%.
Esta diferencia genera una brecha negativa acumulada del 131,96% frente al costo de vida general, lo que vuelve financieramente inviable el sostenimiento de las prestaciones diarias.
La crisis resulta aún más evidente cuando el sector compara los ingresos provenientes de PAMI con otros indicadores del sistema de salud privado. Mientras la cobertura para los jubilados quedó completamente rezagada, las empresas de medicina prepaga recibieron autorizaciones para aumentar sus cuotas en un 268,51% durante el mismo lapso temporal, superando incluso a la inflación acumulada.
