Para el gobierno provincial el caso de la familia de contención de un bebé está resuelto. Aseguran que se cumplió con una decisión judicial y que el Registro Único de Adopción busca transparentar y hacer un sistema mucho más justo y más equitativo para aquellas personas que quieren adoptar.
El ministro de Desarrollo Social opinó sobre el caso de la familia de contención de Rancul y la resolución del caso, en el marco de su visita a la Legislatura para adecuar la Reforma del Código Procesal Penal Juvenil en La Pampa.
“Nosotros cumplimos una orden judicial y para ese niño ya estaba resuelta la situación de fondo, que era que ya estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia Número 1 de General Pico ya tenía seleccionada la familia adoptiva”, dijo a Plan B.
“Por lo cual se estaba esperando poder cumplir con esa orden judicial para poder materializar esa orden y que el bebé tuviera el destino indicado por la jueza”, agregó.
En cuanto a los diferentes momentos de tensión generados en el día de ayer, Álvarez afirmó que se buscó que la situación fuera lo menos violenta para el bebé. “Acá lo que nosotros priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas. En esta circunstancia era un bebé que tenía que ir, tal cual el procedimiento de la normativa de adopción a la familia adoptante”.
Preguntado si la ley de Adopción es correcta o si puede modificarse, luego de este caso, Álvarez dijo “la ley de fondo lo que vino a buscar en su momento fue terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, que era la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares”.
“Esto creo que fue uno de los principales objetivos que buscó la ley cuando se modificó el Código Civil y con la creación del Registro Único de Adoptantes, donde había un procedimiento claro, donde se buscó que con las guardas directas no se pudiera adoptar, para poder transparentar y hacer un sistema mucho más justo y más equitativo para aquellas personas que quieren realmente adoptar y que, poniendo en eje el derecho de los niños y niñas, todo el proceso de lo que se hace en materia del Registro Único de Adopción, es poder buscar un perfil que se acorde para ese niño y que tiene que ver con una decisión que va a ser final para toda su vida”, destacó el ministro.
En cuanto a los planteos judiciales y el enojo de la familia de contención, Alvarez lo consideró un tema resuelto. “Puedo comprender algunas situaciones, pero nosotros nos debemos atener a la ley y a la orden judicial. Fue un proceso judicial transparente, donde ellos tuvieron la oportunidad de hacer todas las defensas que pretendieron, en primera instancia, en segunda instancia, Corte y, como ayer, el último rechazo del Superior Tribunal de Justicia, diciendo que no había recursos extraordinarios ante la Corte Suprema”, dijo Álvarez.
Cabe recordar que ayer, el STJ recordó que el 20 de marzo, la Dirección de Niñez entregó un bebé a una familia de contención bajo un acta-convenio donde esta se comprometía a no adoptarlo. Tras el control de legalidad, la Justicia dictó la sentencia de adoptabilidad el 29 de junio y solicitó la lista de aspirantes al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA-La Pampa).
La familia de contención presentó cautelares para retener al niño, alegando falsamente estar inscripta en el registro de adoptantes. La Justicia dictó una medida de no innovar para mantener al bebé con ellos temporalmente, ratificada por la Cámara de Apelaciones para evitar un cambio transitorio previo a la adopción definitiva, aclarando que esto no les otorgaba ningún derecho ni condicionaba la resolución final.
Luego, la familia presentó un amparo y pedidos de guarda adoptiva, los cuales fueron rechazados en todas las instancias (Primera y Segunda Instancia, STJ y vía recurso extraordinario federal), con el respaldo de organismos de Niñez. En tanto, la Justicia designó a una familia inscripta en el RUA con el objetivo de garantizar el interés superior del niño.
Álvarez y su presencia en la Legislatura Provincial
Diego Álvarez estuvo presente este martes en la Legislatura Provincial para hablar sobre el proyecto de Reforma del Código Procesal Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo Provincial. “Venimos a explicar la reforma enviada por el Poder Ejecutivo, que fue trabajada conjuntamente con el Superior Tribunal, con el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría y todos los organismos que tienen que ver con el tema de la aplicación del Código de Procedimientos”.
“Como se sabe, fue modificada la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años a través de la Ley 27.801. Y lo que corresponde a las provincias en el ámbito de la competencia es modificar el procedimiento penal para modernizarlo y acondicionarlo a los nuevos límites que fija la Ley de Fondo”, agregó.
“Esto no necesariamente quiere decir que se trate de sancionar y castigar, sino sí que va a haber persecución penal. Lo que plantea la reforma del Código Procesal de la provincia, otras alternativas distintas a la prisión y castigo para los adolescentes que infrinjan la ley penal, sino que como venimos haciendo que son prácticas modernas, prácticas que tienen que ver con la reparación del daño, con otras salidas de justicia restaurativa que tienen que ver de entender que, más allá que obviamente con el fondo de la ley nacional no estamos de acuerdo, pero estamos dentro de un Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho las leyes están para cumplir, para cumplir con la Constitución, y dentro de ese marco que nos indica ese Estado de Derecho es que tenemos que acondicionar la normativa procesal provincial”, explicó Áĺvarez.
Consultado por la decisión judicial de la provincia de Buenos Aires, de suspender la aplicación por 60 días, Álvarez dijo que es una decisión judicial de Provincia de Buenos Aires. “Nosotros los que estamos acá, y en esto le agradezco la prontitud también a la Cámara que hace un plenario de comisiones para ver si el día jueves en un plenario de la Cámara se puede aprobar con las mayorías especiales que requiere”.
“Por eso venimos a explicarlo, a poder evacuar algunas dudas que surjan. Es un proyecto muy técnico, es un proyecto que modifica la normativa procesal, no modifica cuestiones de fondo, por lo cual vienen parte del equipo que estuvieron en la redacción de ese proyecto para poder darles las explicaciones a los legisladores”, manifestó.
