
El gobierno nacional enfrenta un inconveniente: en el sector petrolero, las operaciones suelen estar entre lazadas. Es el caso de la empresa Bluewater, que invirtió la exploración Sea Lion en Malvinas, donó fondos para la construcción del museo granaderos (donde piensan llevar el sable de San Martín) y recibió el beneficio de Argentina al sumarse al RIGI.
Bluewater es la compañía de servicios contratada por Navitas, la principal accionista del consorcio que opera en las islas, para proveer la planta flotante para la extracción de petróleo de Sea Lion, reveló el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación este jueves.
El periodista cuenta:
Gracias al aviso de un diplomático advertido de esta historia, se demoró el envío de la carta. Sencillo: Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas en las que se sostendrá el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades hicieron una excepción y esperaron a que esas boyas salieran de Dubai, sortearan el bloqueo del estrecho de Ormuz y fueran transportadas hasta la Argentina.
Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025 el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que ya era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo, y que Milei quiere endurecer, no se aplicó. ¿Se ignoraba la relación de Bluewater con Navitas? ¿O el Gobierno no estaba tan sensibilizado con las inversiones en Malvinas como empezó a estarlo después de las declaraciones de Trump?
Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron, de un modo u otro, con la explotación petrolera de Malvinas. En el marco de esta vía de acción, el caso Bluewater habilita a plantear algunas incógnitas que ya deben haber sido despejadas por el “Mago” y los funcionarios oficiales. Por ejemplo, ¿qué bancos financiaron a Navitas, la empresa israelí que, en sociedad con la inglesa Rockhopper, opera Sea Lion? ¿Son bancos que gestionan intereses argentinos?
Es posible que Luis “Toto” Caputo y el propio Quirno, ex secretario de Finanzas, se lo estén preguntando. Otro interrogante: ¿cuáles son las compañías de trading que comercializarán el petróleo argentino usurpado en Sea Lion? En ese rubro no hay muchas firmas. ¿Ninguna opera u operará en Vaca Muerta? No hay por qué dudar de la consistencia técnica de la arremetida penal de la Casa Rosada. En todo caso, esa consistencia se podrá calibrar por un detalle: las excepciones que se vayan decidiendo, como en el caso de la demora con Bluewater.
Un detalle relevante: el procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias. Habrá que ver cómo se proyecta esta prudencia sobre la redacción de la reforma a la ley de sanciones. Es posible que se introduzcan dispositivos disuasivos más que punitivos.
Es posible que entre las excepciones en danza esté la situación de Eduardo Elsztain. Este reconocido empresario estuvo comprando desde 2005 acciones de la Falkland Islands Holding, controlante de Falkland Islands Company, la empresa que durante años controló casi toda la economía de Malvinas. Elsztain publicó una nota explicando esa operación. El texto es muy interesante en varios aspectos. Uno de ellos: en 2017, cuando estuvo cerca de convertirse en accionista mayoritario, el gobierno británico lo bloqueó con el argumento de su origen argentino. Elsztain recuerda ese antecedente para verificar que él no pretendía sólo hacer negocios en Malvinas: creía que la posición que había adquirido forzaría un acercamiento capaz de facilitar la discusión de soberanía.
La evocación de Elsztain hace juego con la ocurrencia de un experto que se acercó a Julio De Vido en pleno kirchnerismo para sugerirle: “Si varios empresarios siguen a Elsztain, una vez que los argentinos controlen la Falkland Islands Company pueden bloquear todo el juego ‘kelper’ en las islas”. La ocurrencia no voló.
La carta de Elsztain justificando sus negocios en Malvinas tiene otro aspecto interesante. Reivindica un enfoque particular del problema de la soberanía. Es el punto de vista que adoptaron Carlos Menem y Di Tella. Para recuperar las islas no hay que hostigar a los “kelpers”. Al revés, hay que involucrarse con ellos a partir de los negocios. Si esos lazos se fortalecen, habrá un día en que la discusión por la soberanía será inevitable. Si algo no se puede sospechar de Elsztain es que sea crítico del gobierno de Milei. Aun cuando, en contra de una versión muy extendida, no le haya prestado un departamento a la hermana del Presidente. Sin embargo, la nota de este empresario es una crítica tácita, implícita, pero muy fundada, a la vía que acaba de adoptar el Gobierno.
El “Mago” Caputo parece haber ordenado: “Luz, cámara, Malvinas”. Es natural. La soberanía argentina sobre las islas se convirtió en un argumento de conflictos mucho más globales. Fue puesta en el centro de la escena internacional por Trump y por el gobierno israelí en su disputa con el Reino Unido. Imposible no aprovechar esa oportunidad. Caputo la aprovechó al cuadrado: avanzó también sobre el presupuesto de la administración y fortaleció las áreas que él domina. En especial, la SIDE y sus fondos reservados. Otro desafío a la señorita Milei.
La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes. Desde la batalla parlamentaria por las moras financieras, hasta el nuevo derrumbe de la construcción y de la industria. Malvinas debe compensar esos sinsabores. Con una dificultad. Como señaló la especialista en campañas electorales Ana Iparraguirre, es casi imposible llevar agua para el propio molino cuando se trata de una cuestión que, como la “sagrada causa” de Malvinas, no provoca debate alguno. El “Mago” por un momento exhibió algún sentido del humor y ordenó “márquenlos”. Pero no hay a quien marcar.

