La situación del bebé de siete meses y medio de Rancúl llegó este jueves a la Legislatura pampeana, donde la familia que había cumplido funciones de guarda expuso ante los diputados una serie de hechos que considera irregulares y entregó un petitorio para solicitar su investigación. Tras escuchar el reclamo, los bloques acordaron avanzar en la conformación de una comisión especial que analizará lo ocurrido y tendrá como eje el interés superior del niño.
Desde Comunidad Organizada sostuvieron textualmente lo siguiente:
En la sesión ordinaria realizada hoy en la Cámara de Diputados, Ana Laura y Joaquin, familia de contención del bebé de Rancul, presentaron y expusieron ante los diputados la cronología de los hechos y los fundamentos de la grave situación que, atraviesan a partir del accionar de los organismos provinciales de niñez, adolescencia y familia.
Durante su exposición, la familia señaló que el niño quedó en poder del organismo de niñez sin que se les informara su paradero; que el recurso administrativo presentado continúa sin resolución; que tampoco ha sido resuelto el pedido de suspensión del artículo 55 de la Ley N° 951 y que permanece pendiente la petición formulada por el Ministerio Público.
Asimismo, plantearon como uno de los hechos de mayor gravedad el traslado del niño, de siete meses y medio, en un móvil policial durante un control caminero, pese a que no se habían negado a entregarlo y sin que se exhibiera el acto administrativo que dispusiera dicha medida, mientras permanecían pendientes de resolución tanto el recurso administrativo como la impugnación judicial.
La familia solicitó a los legisladores que se investiguen los hechos y planteó, además, una cuestión vinculada directamente con la situación jurídica de las familias de contención, y la falta de ley especifica que establezca expresamente dicha prohibición.
La familia aclaró que su planteo no pretende que la Cámara ejerza facultades que no le corresponden, sino que ejerza aquellas que la Constitución Provincial le confiere expresamente y que resultan aplicables al caso.
Luego de la exposición se realizó un cuarto intermedio, tras el cual la familia hizo entrega formal del petitorio a la Cámara de Diputados.
En dicho contexto, la diputada Sandra Fonseca, del bloque Comunidad Organizada, informó que junto a las diputadas Celeste Rivas, Noelia Viara, y el diputado Maximiliano Aliaga, se presentó un proyecto que fue reservado en labor parlamentaria para solicitar su tratamiento sobre tablas, pero que a partir del contenido del petitorio presentado, se acordó avanzar en la creación de una comisión especial que permita analizar las irregularidades denunciadas.
Al respecto manifestó: “Dadas las características y el petitorio contundente de la familia, integrada por Ana Laura Pizzani y Joaquín Alejandro Díaz, es que acordamos en labor parlamentaria armar una comisión especial y específica, que tenga en cuenta el Interés Superior del Niño, ya que como representantes del pueblo somos parte del sistema de protección y tenemos una corresponsabilidad. Esta legislatura debe estar a la altura de las circunstancias y solamente decirles a las familias que tenemos el compromiso de todos los bloques de reunirnos a partir de la lectura de los hechos.”
Asimismo en dicho recinto se denegó la solicitud del tratamiento realizado por el diputado Maximiliano Aliaga, sobre el Proyecto de Resolución, por el que se solicita al Poder Ejecutivo y a Pampetrol S.A.P.E.M., remitan información y concurran a la Cámara de Diputados, por el cual expresó: “ esta Cámara debe desarrollar y cumplir el control legislativo institucional sobre toda la actividad de explotación de gas y petróleo y que ha sido privada por ello hasta el momento, al no cumplirse con la ley de Pampetrol. Es cierto que ahora vienen y dan algunos informes, inclusive mensuales, pero esto no sustituye el informe integral que está determinado por la ley.”
Sobre el tratamiento del Proyecto de autoría de la legisladora Sandra Fonseca por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la aplicación efectiva de las Leyes Provinciales N° 2.950 “Programa Provincial de Reducción de Sodio” y N° 3.393 de “Entornos Saludables”, la diputada expresó: “El proyecto tiene como objetivo conocer cuál es el grado de aplicación efectiva de las dos leyes provinciales vinculadas directamente a la prevención y el derecho de la salud; conocer cómo se está trabajando en relación a la alimentación saludable, la prevención y la educación, con relación a los alimentos y las bebidas que se ofrecen en determinados ámbitos, y especialmente en los entornos en los que nuestros niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de sus días.”
“Nuestras leyes hablan de la promoción de la salud y realmente no debe quedar reducida a una recomendación individual, sino, precisamente, llegar con políticas públicas activas, para proteger esos entornos. Estas leyes no son aisladas, están coordinadas en un recorrido legislativo que, trabajado, fundamentalmente, de la Organización Mundial de la Salud cuyas estrategias son: “la promoción de la actividad física, la alimentación saludable, la reducción del tabaco y el alcohol, para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles”
Sobre el tratamiento del Proyecto de Ley, por el que se adhiere la provincia de La Pampa al Decreto Nacional 196/25 modificatorio de la Reglamentación General de la Ley Nacional N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, Comunidad Organizada votó afirmativamente, Maximiliano Aliaga en el recinto fundamentó: “La seguridad vial no es simplemente conocer las señales de tránsito ni una cuestión meramente operativa. Es abordar una de las causas de muerte más tremendas, recurrentes y extendidas en el tiempo en la Argentina y también en nuestra provincia”.
Fonseca dijo que “Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de vidas, particularmente de una franja etaria entre los 18 y los 39 años que concentra una cantidad muy importante de víctimas, sin embargo, en materia de seguridad vial, en La Pampa no se ha hecho absolutamente nada, un indicador concreto de esta situación es el no funcionamiento del Consejo Provincial de Tránsito, cuya normativa establece que debe reunirse como mínimo cada cuatro meses y esto no se cumple».
«Los tres bloques no oficialistas presentamos un a fin de adherir a las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Seguridad Vial que necesita la adhesión provincial. Esto significa para los pampeanos simplificar los trámites para obtener la licencia de conducir, incorporar las revisiones psicofísicas, los exámenes de conducción, reducir costos y avanzar en la digitalización de la licencia; permitir que los conductores de transporte interjurisdiccional puedan realizar en nuestra propia provincia los trámites correspondientes, sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones, y avanzar sobre el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, porque en La Pampa existe una situación que venimos denunciando hace tiempo, siendo inadmisible pretender justificar la existencia de un sistema de revisión técnica bajo el argumento de la autonomía municipal. Nosotros hemos cuestionado la situación generada alrededor de la revisión técnica vehicular en Santa Rosa y hemos señalado la existencia de un sistema ilegal. Pero hay algo todavía más importante que esta discusión puntual, las leyes deben cumplirse y porque detrás de esta discusión no hay solamente una cuestión administrativa, una licencia o una revisión técnica. Está en juego la seguridad y, fundamentalmente, la vida de los pampeanos.”
Sobre la aprobación del pliego por el que solicita prestar acuerdo para cubrir el cargo de Titular en la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, al abogado Francisco Agustín Trucco, Comunidad Organizada votó negativamente, fundamentando la legisladora Fonseca: “Debemos respetar la Constitución, venimos acá, juramos un acto, y después la Constitución no se cumple para el ingreso de cargos judiciales, el procedimiento para ingresar a un cargo de juez, de fiscal, de defensor, tiene que ser el procedimiento establecido por la Constitución, no otro. Trucco hoy se presenta como fiscal, viene siendo sustituto, reemplazó, ejerció, practicó, tuvo una experiencia que no tuvieron los que se presentaron al concurso, genuinamente de la matrícula. Entonces, estas leyes se hacen para acomodar y después, así nos va con la justicia. Yo voto a los que tienen y vienen por la Constitución y cumplen con la legalidad vigente”.
“Hoy presentamos nuevamente un proyecto de ley para terminar con este sistema de dedos y acomodos políticos, que le llaman sustitutos.Tenemos que hacer un replanteo profundo de cuánto cumplimos con la Constitución, lo que nos hace jurar por la Constitución. Por eso nosotros, no solamente no vamos a votar a Trucco, sino que estamos diciendo que el sistema de sustitución es un sistema perverso que va en contra de toda la ciudadanía. Lamentablemente, después de las tragedias, después de todos los dolores, ahí aparecen las reflexiones”, concluyó la diputada.
