La Libertad Avanza quedó en una situación incómoda ante la promesa de un proyecto “superador” y lo que prevé “la ley de leyes” enviada por el Gobierno horas atrás, que se contradice. La reunión informativa de comisiones emplazadas contó con una veintena de oradores.
En medio del debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en la Cámara de Diputados alertó por lo que se propone en el Presupuesto 2027 -ingresado horas atrás- sobre la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, la vuelta al modelo de pensiones por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la ley 27.793.
En el arranque de la reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, emplazadas para tal fin y con el mandato de dictaminar dentro de una semana, las críticas de la oposición y también de los invitados presentes se sintieron fuerte.
Es que mientras el oficialismo parlamentario planteó la promesa de presentar un proyecto “superador” que garantice de forma permanente la asistencia a este sector vulnerable de la población, el proyecto de Presupuesto 2027 que fue remitido por el Gobierno avanza con cambios de fondo que se contradicen con eso.
Autor de la iniciativa que prevé la prórroga por un año de la emergencia dispuesta por la Ley 27.793 (vetada por Javier Milei, insistida por el Congreso y judicializada), el diputado de Unión por la Patria Juan Marino señaló que el capítulo VI del Presupuesto “genera un nuevo contexto a esta discusión” ya que se “propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y de conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”.
“Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, enfatizó.
El bonaerense agregó que entre los artículos que se derogan figura el estudio de costos para la movilidad, que consideró muy importante para los prestadores, citando que hoy el arancel está en 900 pesos por kilómetro, y el estudio que ellos hacen da un concepto de 1.600 pesos, un 80% más alto.
“Vuelven para atrás todo el sistema de pensiones; vuelven a un esquema de invalidez laboral”, remarcó, alertando sobre “una destrucción del sistema tal cual existe”, lo que lleva a profesionales de la salud y terapistas a no poder seguir asistiendo a las personas con discapacidad, que “quedan libradas a su propia suerte, y el que tenga plata va a poder pagar y el otro no”.
Por ese motivo, Marino solicitó el retiro del capítulo VI del Presupuesto e hizo votos por poder avanzar hacia un dictamen para la prórroga de la emergencia.
Los cambios en el Presupuesto
El proyecto, según publicó Página/12, asesta un nuevo golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
De acuerdo con el texto del proyecto enviado al Congreso, la Casa Rosada busca que el nomenclador de las prestaciones básicas no contemple valores universales.
Así, cada prepaga u obra social quedará autorizada a fijar sus propios valores. “La universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, dice el texto.
Las actualizaciones mensuales serán suprimidas y, en cambio, se reemplazarán por una pauta trimestral discrecional.
Además, de avanzar será un retorno al modelo de “invalidez laboral”: así, Argentina podría quedar al margen de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad no es una enfermedad individual, sino el resultado de la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras impuestas por el entorno que le impiden participar de forma plena en la sociedad.
En cambio, la propuesta busca el regreso a un modelo de criterio médico anacrónico, estrictamente clínico, por lo que la otorgación de las pensiones dependerá de dictámenes médicos.
También se elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y se establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, actualmente compatibles (tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos). Si se aprueba el Presupuesto, cualquier trabajo o alta tributaria extinguirá las pensiones.
Desde La Libertad Avanza, que quedó en un plano incómodo, recogió el guante Silvana Giudici, quien arrancó destacando que los funcionarios del área “explicaron muy bien los aspectos de la ley que está cumplida, desde la ejecución presupuestaria hasta la reglamentación del COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad). Esa reglamentación claramente es a favor de los discapacitados”.
Además, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista dijo que hay “un cronograma que se viene cumpliendo en el pago de compensaciones y la efectiva prestación de cada una de las pensiones”.
“Este bloque mantiene la disposición para lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva estos beneficios permanentes”, aseveró y lanzó: “Hay división de poderes en nuestro país, nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar después el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”.
Giudici llamó a “seguir trabajando en un dictamen, si se puede de unidad, para atender las necesidades de la población con discapacidad de manera permanente”. Intención que tenían desde LLA para seducir a los aliados y frenar la propuesta de la oposición más dura, aunque lo previsto en el Presupuesto generó un nuevo cortocircuito. También desconcierto entre los propios legisladores del oficialismo.
Avanzada la reunión, Eduardo Valdés denunció: “Están destruyendo fundamentalmente el nomenclador, que es el respeto a la universalidad de las políticas de discapacidad”. “Aprovechemos el Presupuesto y resolvamos las emergencias de las personas de carne y hueso de este país. Si los funcionarios encargados del área no resuelven los problemas de las personas con discapacidad, los resolveremos los diputados”, anticipó el diputado de UP.
Por su parte, el jefe del bloque Argentina Federal, el misionero, Oscar Herrera Ahuad, observó que lo propuesto en el Presupuesto “sentencia a la discapacidad a la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad”. Y reclamó: “Hagamos un dictamen unificado derogando eso y que el dictamen que saque esta comisión sea para sostener la emergencia”.
También desde LLA, otra bullrichista, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, pidió ratificó que el bloque está “está trabajando -y convoco a los que se quieran sumar- por un concepto superador de lo que son y han sido siempre las emergencias en Argentina”.
“A nosotros nos gustan que los derechos queden instalados de manera permanente en la normativa que este Congreso aprueba, no nos gustan las emergencias que año a año se tienen que ir renovando”, dijo y llamó a “un consenso plural” y pidió “no utilizar nuevamente en materia política este tema”. “Así que convocados todos a trabajar en una ley superadora de la emergencia”, completó.
Representantes del colectivo, a favor de la emergencia
Al exponer ante el plenario, Isabel Dora Soria, directora General de Discapacidad de Salta, subrayó que “cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de protección social, de acceso a salud y de subsistencia familiar” y “a nivel nacional la situación es alarmante”. Al pedir por la prórroga de la emergencia, aclaró: “No para perpetuar una emergencia, sino para garantizar derechos, sostener las respuestas que ya existen, fortalecer lo que todavía falta y construir en ese tiempo un sistema federal de discapacidad que pueda sostenerse más allá de la emergencia”.
A su turno, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones e integrante del COFEDIS, expresó: “Venimos a que se prorrogue la ley y se implemente de manera efectiva, pero hoy nos encontramos con un escenario del Presupuesto 2027, donde una vez más nos encontramos con artículos que avasallan derechos de las personas con discapacidad”.
“Como representante del Consejo Federal jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la SENADIS en contra de las personas con discapacidad. ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo haya pensado en hacer este tipo de modificación sin haber convocado al Consejo Federal? Este año nos han convocado solo dos veces”, se quejó.
En tanto, Iván Gabriel Poggio, director General de Discapacidad de La Pampa, dijo: “Estamos a favor que se prorrogue la emergencia, pero no tiene sentido que después la Ley de Presupuesto venga a borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Y pidió, en ese sentido, que se elimine el capítulo XI del Presupuesto.
Daniel Mazzuso, transportista en representación de UTBA, señaló que “en el gobierno anterior ya veníamos diciendo que el nomenclador era un desastre” porque “no había aumentos”, pero “hoy está peor; hoy nos encontramos con un valor recontra atrasado”. “900 pesos el kilómetro es inviable, y desregular y que sea a libre albedrío va a ser una locura también, porque no pueden establecer las obras sociales lo que quieren”, advirtió.
Patricio Carrillo, de la Asociación Todos Juntos de Jujuy, manifestó que “cuando encaramos esta discusión desde una postura de costos, lo que hacemos es perder de vista que hay una persona atrás y que una persona es una integralidad, no solamente un parámetro médico”.
Ante la alerta de que “se va a empezar a abarrotar el sistema de salud” si no se prevén ciertas situaciones, Carrillo pidió “certidumbre y no que nos desayunemos con un Presupuesto que tira abajo una ley que estamos intentando que se prorrogue”.
En cuanto a la Ley 27.793, Leandro Damián Ator, de la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, afirmó que “la ley se está incumpliendo en tres puntos: desfinanciamiento de la Secretaría de Discapacidad; ínfima actualización de los aranceles de los prestadores y fortalecimiento del sistema no cumplido”.
Entre la veintena de oradores, Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, enfatizó: “El artículo 39 del Presupuesto pretende desregular el nomenclador, que se creó para garantizar la universalidad y un mismo derecho en todo el país. Si sacan los valores universales y cada jurisdicción fija un arancel, están federalizando la desigualdad. Esto viola el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. “No necesitamos que desregulen, necesitamos que hagan políticas en serio”, añadió. (Parlamentario).
