Este martes se produjo un tenso cruce entre la legisladora de la UCR, Gisela Cuadrado, Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada y el subsecretario de Niñez, Juan Pablo Bonino, ante la ausencia del equipo técnico que llevó adelante el proceso de guarda y adopción de un bebé en Rancul.
La Comisión Especial no tiene incumbencia para citar a empleados públicos y como queda claro en la Constitución Provincial, solo pueden citar a funcionarios de alto rango. Las y los empleados estatales pueden ser investigados en el marco de la ley 643 o de la Fiscalía de Investgaciones Aministrativas.
“La decisión de la Comisión fue notificada hace una semana, con una semana de anticipación de que hoy tenía que venir el equipo y las autoridades al mediodía”, señalaron las legisladoras, a lo que Bonino agregó que “la Comisión no tiene facultades para obligarnos a concluir. Venimos porque queremos colaborar, porque queremos colaborar con la Comisión”.
El funcionario, les reiteró lo dicho con anterioridad a Plan B: “Los equipos técnicos son agentes 643. Y en el caso de haber alguna irregularidad con respecto a su ejercicio, el régimen sancionatorio que se le aplique es el que establece la ley”.
Igualmente, Cuadrado y Fonseca insistieron en la resolución votada por unanimidad de la Cámara de Diputados, que pedía entrevistar a los equipos.
“En segundo lugar, tienen secreto profesional, del que pueden ser relevadas solamente por un juez. Tiene el deber de confidencialidad, de no hablar de sus intervenciones con niños, niñas y adolescentes. Todas sus intervenciones fueron controladas y fueron parte de expedientes judiciales. Nosotros hicimos un informe que presentamos donde dimos cuenta también de quiénes eran los profesionales y toda su actuación puede tranquilamente ser contada por todos los funcionarios que estamos hoy presentes”, reiteró el funcionario.
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“Ahora lo vamos a hacer pasar y todo lo que me dice acá va a ser contado de allá. Lo único que quede claro es que el equipo fue notificado hace una semana con anticipación y hoy, que es el día, no están en este lugar para hacer entrevistas y escuchar el relato”, cuestionaron las legisladoras.
“Lo demás ahora lo vamos a hacer pasar por una cuestión que quede constancia de lo que acaba de decir y lo que usted quiera, y quede constancia en el audio, que es lo que vale”, dijo Cuadrado.
“En la toma de decisiones nosotros priorizamos el interés superior que tiene una protección esforzada. Por eso nosotros no queremos este pasillo y este escenario”, agregó Fonseca. “Queremos la responsabilidad, lo que pasa es que usted estaba citado en otro horario. Nosotros acá estamos ejerciendo un rol que institucionalmente nos pidió la Cámara. Usted estaba citado a las 12”, afirmó.
Comisión Especial
Las integrantes de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa presentaron una nota al gobernador Sergio Ziliotto para solicitar medidas que permitan garantizar el normal desarrollo de la investigación por presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El planteo surgió luego de que el subsecretario Juan Pablo Bonino se presentara con su equipo y comunicara que los profesionales convocados no declararían de manera individual, al invocar el secreto profesional.
Desde la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa, constituida por Resolución N° 106/2026 para investigar Presuntas Irregularidades en la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, elaborron un comunicado donde expresan que «se produjo una situación de gravedad institucional».
Textualmente señalan lo siguiente:
Los integrantes del Sistema de Protección Integral que intervinieron en distintas instancias del caso habían sido convocados durante la semana anterior, sin que se formularan objeciones a la modalidad de las entrevistas dispuesta por la Comisión, sin embargo el Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Juan Pablo Bonino, se presentó con su equipo de funcionarios avasallando e intentando imponer una modalidad de declaración conjunta, en lugar de las entrevistas individuales establecidas por la Comisión.
Asimismo, comunicaron que los equipos técnicos convocados no comparecerían, invocando el secreto profesional.
Las integrantes de la Comisión consideraron por unanimidad que estas decisiones constituyeron un obstáculo para el normal funcionamiento de la Comisión Investigadora y dificultan el esclarecimiento de las actuaciones administrativas que se encuentran bajo análisis.
Frente a esta situación, integrantes de la Comisión se trasladaron personalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar una reunión con su titular, el ministro Diego Álvarez, a fin de solicitar que cese la obstrucción de dichos funcionarios en la investigación objeto de la comisión; se informó que el Ministro no se encontraba presente, motivo por el cual no pudieron ser recibidas.
Ante la gravedad institucional de lo ocurrido, se presentó una nota formal al gobernador Sergio Ziliotto, solicitándole que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, arbitre las medidas conducentes que estime corresponder para poner fin a los obstáculos que afectan el desarrollo de la investigación legislativa.
La Cámara de Diputados, a través de sus mecanismos institucionales, tiene la responsabilidad de ejercer el control de las actuaciones del Poder Ejecutivo. Esta función requiere colaboración, transparencia y respeto por las competencias de cada poder del Estado.
El secreto profesional y la protección de la intimidad deben ser plenamente respetados, pero su invocación no puede convertirse en una negativa genérica a brindar información sobre las actuaciones administrativas y protocolos en general.
Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el respeto por los derechos del niño y el ejercicio pleno de las facultades de investigación y control legislativo de las cuales fuimos investidas en el marco de la resolución antes mencionada.
Investigar las actuaciones del Estado no es una opción: es una responsabilidad institucional reforzada por el principio sobre el Interés Superior del Niño.
