Ante la Comisión de Presupuesto de Diputados expusieron los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña quienes brindaron datos sobre las reformas estructurales que se llevaron a cabo y las que están pendientes en el Congreso.
Funcionarios del Ministerio de Desregulación, cartera que conduce Federico Sturzenegger, expusieron este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, ante la cual respaldaron la reducción del Estado nacional porque genera un “ahorro permanente”. Además, dieron un adelanto de los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso.
El primero en exponer fue el secretario de Transformación del Estado y función pública, Maximiliano Fariña, quien planteó: “Después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023. Tenemos menos ministerios, tenemos menos cargos, organismos y 81.000 empleados públicos menos”.
“No solo estamos teniendo un Estado más chico, sino también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento”, precisó y contó que están trabajando para que las bases del Estado “se comuniquen entre sí porque encontramos situaciones donde el Estado usaba al ciudadano como un rehén”. En ese sentido, sostuvo que se está poniendo el foco en las contrataciones, en las transparencias y en cómo se compra: “El ahorro es permanente”.
El funcionario comparó la gestión con la de Alberto Fernández y comentó: “En 2023 recibimos 18 ministerios, hoy tenemos 8. Había otro problema que representaba el 80%: los cargos jerárquicos y organismos dentro del Estado”. Así, ejemplificó en términos históricos que desde 1983 hasta el 2023 se creció en un 150% en la cantidad de organismos y usó como ejemplo la situación de Vialidad Nacional: “Nos encontramos con que había 1.543 cargos jerárquicos con alrededor de 5.300 empleados. Es un cargo cada tres personas”.
Fariña detalló: “En primer lugar, reducimos la autoridad superior, pasamos de 307 autoridades en diciembre de 2023, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios, a 192. Es decir, redujimos en un 40% de la cantidad de cargos superiores. Esto lleva un ahorro de 15.000 millones anuales dentro del Presupuesto. Dentro de lo que es la administración central pasamos de 2.476 cargos a 1.994, es decir 500 cargos menos y 500 áreas que no tenían sentido y fueran eliminadas del Estado Nacional. Eso nos implicó, simplemente los salarios de los funcionarios, 35.000 millones de ahorros anuales y también este proceso fue con los organismos”.
En esa línea, comparó: “Recibimos 117 organismos dentro del Estado nacional y hoy estamos en 91 organismos, es decir un 22% menos”, y destacó que en el último año se han aprobado más de 140 normas de estructuras a fin de “mejorar el funcionamiento de cada uno de los organismos”.
Respecto del empleo público, comentó que desde diciembre a 2023 hasta septiembre de 2026 los puestos del sector de público se redujeron. “La dotación total del Estado nacional estos tres años bajó un 16%. Si miramos los números de este año, la reducción fue casi de 20.000 personas la mayor reducción está dentro de lo que es de personal civil de la Administración pública nacional”.
También, destacó la recomposición salarial para las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas porque “era una deuda pendiente”, y sumó: “Se crearon suplementos nuevos por función, por riesgo y por destino, que alcanzan a más de 47.000 efectivos y más del 50% de cada una de las fuerzas se vio beneficiado por esta medida”.
Fariña adelantó que tienen “un proyecto muy ambicioso para el año que viene que está enfocado en lo que es tener un Sistema Único de Recursos Humanos y liquidación”, porque “hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. En esas 150 áreas cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas, con diferentes sistemas, con diferentes softwares, lo que genera una dificultad al momento de tener reglas únicas y tener un control y una auditoría de lo que sucede con el empleo público”.
“Entonces estamos avanzando para generar un sistema único que sea utilizado por todos los ministerios y por todos los organismos del Estado nacional, para tener datos actualizados, poder realizar los cruces necesarios para evitar las incompatibilidades, y para tener un solo criterio de liquidación y control de ausencias en todo el Estado”, explicó.
Por otro lado, destacó la mejora en las contrataciones públicas: “Se eliminó con un privilegio que se había instaurado hace varios años en donde el Estado se veía obligado a comprarle combustible YPF sin poder hacer procesos competitivos. Esto permitió un ahorro con respecto al precio surtidor de 4%, lo cual estimamos que va a generar un ahorro de 7.000 millones de pesos para el año entrante”.
“Lo que estamos haciendo no solamente es teniendo un Estado más pequeño, donde estamos revisando sus funciones, sino también trabajando para que eso se vea en el día a día de cada uno de los ciudadanos y que sea más eficiente”, cerró su intervención.
A continuación, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, ratificó ser la jurisdicción “más pequeña por los ahorros que generamos dentro del Estado y para los propios ciudadanos en términos de los impuestos, de los trámites y lo que se les facilita a las personas, a las empresas para poder llevar adelante sus actividades”.
“Entonces ese ahorro que se logra es el gran mérito creo de la gestión. La figura de la desregulación y la transformación del Estado es uno de los ejes centrales en la política del Presupuesto porque, en definitiva, una clave del programa económico y de la política que el presidente Milei ha impulsado”, manifestó el puntano.
Cacace destacó el trabajo parlamentario en términos de las reformas estructurales que “el país necesita” y mencionó cuáles son las que restan que son para que “vayan resolviendo un problema que un ciudadano tiene y haciendo con eso nuestra economía más más ágil”.
Así, recordó la sanción de la Ley Bases que “sentó las bases de la transformación de la República Argentina. Cambiamos esa regla del exportar y ahora hay récord de producción de petróleo récord de exportación de combustibles con una proyección para que en 10 años sea prácticamente el nivel del agro. Este año, por primera vez, superamos los 100 mil millones de dólares de exportaciones, todo por un cambio en una regla y que, también implicó, una transformación importante para la minería, para los grandes proyectos de inversión”.
En tanto, recordó la sanción del Presupuesto 2026 con la regla de equilibrio fiscal que “era uno de los puntos fundamentales del Pacto de Mayo, se hizo la ratificación del acuerdo Mercosur e Unión Europea, se aprobó el acuerdo con Singapur, se firmó el acuerdo con el comercial y de inversiones recíprocas con Estados Unidos que resta el envío al Congreso para su tratamiento. Se están negociando otros acuerdos. Vamos a llegar a tener integración con el 50% del PBI mundial”.
A su vez, mencionó la sanción de la Ley de Modernización Laboral, otro de los puntos que marcaba el Pacto de Mayo firmado entre por el Presidente y 18 gobernadores. También destacó que en el índice de libertad económica Argentina estaba en el puesto 146 y avanzó 20 puestos el primer año y celebró: “Somos el país que más ha avanzado en términos de libertad económica, pero la parte que falta que no estamos ni entre los primeros 100, o sea, tenemos que hacer muchísimo más si queremos estar en el concierto de las naciones avanzadas que tienen más libertad económica”.
Además, resaltó la media sanción al proyecto de ley “Hojarasca”, el Súper RIGI, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, la media sanción al PCT que “es la revolución más importante para la investigación en el país en 50 años”; el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Las reformas que va a impulsar el Gobierno está todo en el informe del Consejo de Mayo”.
Cacace planteó la reducción de gastos e impuestos para bajar el PBI, pero debe ser un trabajo mancomunado con los gobernadores. En tanto, resaltó la aprobación de la Ley de Glaciares y el cambio en el Régimen Minero que “ha hecho que las exportaciones de oro, plata y litio que estaban en 2024 en 2797 millones de dólares sean ahora 6,251 millones de dólares”.
Por otro lado, contó que “hay una discusión para tener una próxima nueva ley de semillas que se está llevando adelante en el ámbito de la Secretaría de Agricultura de la que participan las entidades de la producción como Sociedad Rural, Federación Agraria, empresas productoras de semillas tanto locales como internacionales”.
“Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro. Esperamos llegar a un consenso con eso como para poder remitir este proyecto acá y que lo discute el Congreso”, explicó.
El funcionario reclamó que “desde el Congreso hay algunas reformas que están pendientes como el mercado de carbono, también la ley de sociedades que tiene que ver con poder modernizar todo el marco regulatorio societario. Esas son las tareas que hacen falta completar”.
El ida y vuelta con los diputados
Al momento de responder preguntas de la oposición, Cacace señaló que algunas eran «para la Secretaría de Hacienda o la Agencia de Privatizaciones». No obstante, ambos funcionarios contestaron sobre los temas de su competencia.
Entre las consultas, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz indagó sobre la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba. «Se escuchó al sector, a las autoridades de Misiones y Corrientes, nos reunimos con el directorio entero», aseguró Cacace y planteó: «¿Hay que proteger a la cadena o al consumidor? Siempre nosotros estamos a favor de proteger al consumidor».
«Había una serie de normas que eran muy restrictivas de la oferta de yerba», dijo el secretario de Desregulación y ratificó que «la idea del presidente Milei es que no haya distorsiones sobre los mercados». Al defender las medidas que se tomaron, habló de un «récord histórico de exportaciones» con un «incremento del 32%», más «un 3% de aumento del consumo de yerba y además cayó el precio en góndola».
Sobre las partidas presupuestadas para el Ministerio, Fariña aclaró: «No es que estamos queriendo contratar consultores o consultorías». Y, a continuación, señaló que «el aumento de 7 mil millones de dólares» se explica en la contratación estimada del «sistema único de gestión de recursos humanos» para auditar el empleo público. «Figura como un gasto pero no está dimensionado el ahorro que va a traer ese sistema», defendió.
En cuanto al INTI e INTA, el secretario de Transformación del Estado aseveró que «no es una buena práctica que el presupuesto de un organismo esté atado a una asignación específica; para nosotros el presupuesto del organismo tiene que ser por lo que se vote en el Presupuesto».
En cuanto a la eliminación de servicios, el funcionario resaltó que «no se eliminaron servicios públicos, sino diferentes certificaciones» que «terminaban cobrando un precio subsidiado, eliminaban las empresas privadas que se encargaban de ofrecer esos servicios y el productor terminaba siendo rehén del INTI».
«La revisión de los servicios se hizo a consciencia», manifestó y afirmó que se trató de dar «una respuesta al sector privado». «No queremos tener un organismo que tenga un monopolio y sea un bloqueador para el desarrollo de nuestras empresas. Queremos lo contrario, que haya competencia y las certificaciones a los productores y empresarios le sean lo más económicas posibles», completó.
Por otra parte, el diputado de Primero San Luis Ernesto «Pipi» Alí cuestionó el recorte en personal de Vialidad Nacional: «Comparto la idea de la eficiencia, la transparencia y la honestidad en la función pública, pero el presupuesto que pasó y el que viene demuestra que no han tenido ningún tipo de actividad».
Fariña confirmó que se pasó de 1.500 empleados a 176 y aún «se puede reducir más». «Nosotros entendemos que ajustar es cuando aumentan los impuestos. Esto significó un ahorro no solamente en salarios, sino edificios y diferentes elementos, cercano a los 3 mil millones de dólares anuales y ese ahorro es el que después permite la baja de la presión impositiva», justificó, a lo que Alí devolvió: «No se trata de echar funcionarios, sino de hacer rutas, esa es la visión distinta que tenemos».
En medio de un conjunto de preguntas sobre fondos fiduciarios y conflicto con los prácticos, entre otros, el jefe de UP, Germán Martínez, valoró que se puedan «subsanar dudas» respecto a distintos temas, pero observó que se estuvieron «debatiendo cosas que nada tienen que ver con el Presupuesto y muchas cosas que tienen que ver y no las estamos discutiendo». «No entiendo por qué van a acelerar el debate cuando hay tantos temas que se podrían incorporar», cuestionó y pidió que se dictamine más cerca de la fecha tentativa -18 de noviembre- en la que el oficialismo piensa una eventual sesión para tratar el proyecto. (Parlamentario).
