
El diputado provincial, Hipólito “Poli” Altolaguirre, explicó el rechazo del bloque de la UCR al Presupuesto 2027 durante la sesión de la Legislatura pampeana y cuestionó la distribución de los recursos provinciales. Entre sus principales planteos, señaló que el Ministerio de la Producción administrará apenas el 1,23% del presupuesto, advirtió sobre el peso de los gastos de funcionamiento del Estado y reclamó mayores inversiones en infraestructura, caminos rurales y asistencia social. También cuestionó las diferencias entre los porcentajes difundidos por el Gobierno y las partidas asignadas directamente a cada ministerio.
En la sesión ordinaria de la la Legislatura pampeana, el diputado Hipólito “Poli” Altolaguirre explicó los motivos por los que el Bloque UCR votó en contra del Presupuesto 2027, que contempla gastos por más de 3,28 billones de pesos. Cuestionó las diferencias entre las cifras difundidas por el Gobierno y los fondos asignados a cada ministerio, el peso de los gastos administrativos, la falta de inversiones y la distribución de recursos.
Durante su intervención, sostuvo que las prioridades del Gobierno no responden adecuadamente a las necesidades de quienes producen, trabajan y viven en La Pampa.
El legislador explicó que su bancada analizó las planillas oficiales y solicitó aclaraciones a los funcionarios durante las reuniones de comisión. A partir de ese trabajo, señaló diferencias entre los porcentajes anunciados públicamente y los recursos que cada ministerio tendrá bajo su administración directa.
Producción: Del 17% anunciado al 1,23% del Ministerio
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los fondos destinados al desarrollo productivo.
Altolaguirre señaló que el Gobierno presentó una asignación cercana al 17% del presupuesto para actividades vinculadas con la producción. Sin embargo, explicó que ese cálculo incluye gastos de rutas, comunicaciones y operaciones de compra y reventa de energía eléctrica.
Según el análisis expuesto por el diputado, el Ministerio de la Producción administrará directamente $40.323 millones, equivalentes al 1,23% del presupuesto provincial.
Para el legislador, esta diferencia resulta especialmente preocupante en una provincia cuya economía depende en gran medida del campo, la industria y el comercio.
Educación y Desarrollo Social: Cuestionamientos a las cifras oficiales
Altolaguirre también puso el foco en la distribución de los recursos educativos.
Indicó que, mientras el Gobierno difundió una participación del 25,45% para educación, el presupuesto propio del ministerio representa el 20,58% del total. Explicó que el porcentaje más elevado incorpora partidas de otros organismos y gastos relacionados con esa finalidad.
Una situación similar, sostuvo, se presenta en Desarrollo Social. Según detalló, el área contará con $111.276 millones, equivalentes al 3,39% del presupuesto, frente al 7% anunciado para el conjunto de políticas comprendidas en esa función.
Además, cuestionó cuánto dinero se destina al funcionamiento administrativo y cuánto llega directamente a las personas que necesitan asistencia.
“De cada 10 pesos en Desarrollo Social, casi 4 se quedan adentro del propio Estado antes de llegar a un vecino”, expresó.
Menos inversión y más gastos de funcionamiento
Otro de los ejes del discurso fue el costo de las estructuras estatales.
El diputado mencionó el caso del Ministerio de Conectividad y Modernización, cuyo presupuesto asciende a $23.900 millones. Según su exposición, una parte considerable de esos recursos se destina a salarios y licencias informáticas, mientras que la inversión en equipamiento registra una fuerte reducción.
También cuestionó el sostenimiento de proyectos que, de acuerdo con la información obtenida en comisión, todavía no alcanzaron los resultados esperados.
Entre ellos mencionó el laboratorio de medicamentos de General Pico, que aún no comenzó a producir, el frigorífico de Santa Isabel, actualmente sin actividad de faena, y el fideicomiso Mamúu, que todavía no se puso en funcionamiento.
En ese contexto, reclamó mayor eficiencia y controles sobre la utilización de los fondos públicos.
Obras Públicas: Preocupación por las rutas y los pueblos del interior
La infraestructura provincial ocupó un lugar central en la intervención.
El legislador advirtió que el presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos representa el 4,18% del total, una participación inferior a la de ejercicios anteriores.
También señaló que los recursos previstos para el mantenimiento de los caminos rurales resultan insuficientes frente al deterioro de la red vial y el incremento de los costos de reparación.
Como ejemplo, mencionó la situación de la Ruta Provincial 20 y otros cruces que requieren mejoras de seguridad e iluminación.
Asimismo, comparó los $213,6 millones previstos para el programa de agua potable y saneamiento PROPAyS, destinado a las localidades pampeanas, con los $2.100 millones correspondientes a la licitación de un salón de usos múltiples en la sede central del IPAV.
Para el diputado, esta distribución refleja prioridades que deberían revisarse para atender las necesidades de los municipios y las comunidades más pequeñas.
Reclamos por transparencia y control del gasto
Durante su discurso, Altolaguirre también planteó cuestionamientos sobre la administración de bienes y recursos provinciales.
Recordó que, ante una consulta realizada en comisión sobre la cantidad de aeronaves pertenecientes al Estado, un funcionario de Hacienda respondió que desconocía ese dato.
El legislador consideró necesario contar con información precisa sobre el patrimonio público y garantizar que las decisiones de gasto respondan a prioridades claramente justificadas.
Por otra parte, objetó que el proyecto presupuestario incluya modificaciones permanentes a otras normas, entre ellas la Ley de Contabilidad, la Ley de Emergencia Agropecuaria y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los motivos del voto en contra
En el cierre de su intervención, sostuvo que el Presupuesto 2027 no es solamente una estimación de ingresos y gastos, sino una herramienta que permite identificar las prioridades políticas del Gobierno.
Desde esa perspectiva, cuestionó el peso de la administración estatal, la distribución de los fondos y la falta de inversiones que, a su entender, permitan fortalecer la producción y mejorar la infraestructura provincial. “Un presupuesto define prioridades morales y políticas”, afirmó.
Finalmente, explicó que el rechazo del Bloque UCR responde a esas diferencias sobre el destino de los recursos públicos: “Por coherencia con los pampeanos que producen, trabajan y sostienen esta provincia todos los días, el bloque de la Unión Cívica Radical vota negativamente”, concluyó.

