
El máximo tribunal falló a partir de una demanda de una clienta de Swiss Medical, que denunció que su cuota subió 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz declararon la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, a partir de los cuales se establecía que las prepagas puedan aumentar el valor de sus cuotas a los clientes sin autorización del gobierno. La definición de los magistrados llega justo el mismo día en que el Senado se dispone a ratificar la restitución de la ley de Tierras, objeto una polémica resolución que hundió todavía más la consideración pública del gobierno.
En un fallo de 8 páginas, los tres jueces de la Corte Suprema plantearon que «de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682», la norma que regula el sistema de medicina prepaga en la Argentina.
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Según el máximo tribunal, «el Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una ‘crisis del sistema de salud’ que exige ‘aumentar la competitividad del sistema’ para lo cual ‘se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga'». «Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley «.
La resolución de los cortesanos es un bombazo contra la Casa Rosada y las prepagas. «Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación», plantearon en su fallo, y agregaron: «no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país».
Fuentes judiciales explicaron al portal La Política Online que la decisión es en uno de los 300 casos de usuarios de medicina prepaga que, desde diciembre de 2023, demandaron ante el Poder Judicial contra los efectos de esos artículos del decretazo de Javier Milei. «Es la primera en la que se dispone la inconstitucionalidad de artículos del mega DNU 70/23, porque hasta ahora los planteos que habían llegado contra todo el texto o contra algunos artículos habían sido impulsados por actores que no tenían legitimación directa para iniciar esas demandas», indicaron.
Este fallo sienta jurisprudencia para los otros 300 usuarios de prepagas que, con el mismo argumento, tramitaron denuncias contra las empresas. «De ahora en más, van a ir saliendo fallos como este contra las prepagas», deslizó un camarista.
En el caso resuelto por la Corte, la denuncia fue iniciada por María Del Carmen Bobbio contra la empresa Swiss Medical después de un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre 2023 y febrero de 2024. Si se hubiese mantenido la aplicación de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento hubiera sido solo de 6,26 por ciento.Los artículos 267 y 269 del DNU derogaron el artículo 5° inciso G y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, que imponían el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de servicios de salud.
En primera instancia, la demandante recibió un fallo adverso pero llevó su reclamo a la Cámara Federal de La Plata y obtuvo una revocación de la sentencia. Ese tribunal declaró la inconstitucionalidad de esa parte del articulado y dispuso que la empresa ajuste sus aumentos al IPC. También ordenó que el Estado reasuma «las funciones que le corresponden».
Aunque la Corte aclaró que este fallo no implica una opinión sobre el resto del decreto, su opinión demolió nada menos que el carácter nodal de ese mamotreto jurídico que implentó Milei desde el inicio de su mandato. «Está impugnada la necesidad y la urgencia», comentaron a LPO en Comodoro Py.
Según sostuvo el tribunal de alzada platense, el DNU dejaba «librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud» pero señalaba que una decisión de esa naturaleza debió pasar por el Congreso, en sesiones extraordinarias incluso.
Ese fallo de segunda instancia fue apelado tanto por el Estado nacional como la empresa Swiss Medical, hasta llegar a la Corte Suprema. (Fuente: La Política Online).

