La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mintió cuando salió a justificar el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi a manos de Prefectura. La cartea que conduce informó que las fuerzas represivas actuaron luego de ser atacados con «armas de grueso calibre». La justicia es clara en su informe luego de la pericia ocular. No se hallaron armas.
Se hallaron numerosas vainas de armas nueve milímetros, usadas por los prefectos. Según la reconstrucción del hecho, Nahuel fue asesinado a más de mil metros de la tranquera, lo que implica que los uniformados avanzaron mucho terreno en la montaña y desmiente la versión del Gobierno.
Luego del asesinato de Rafael Nahuel, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado para justificar el crimen, en el que informaba que el grupo de mapuches estaba «encapuchado, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos».
El relato oficial añadió que «los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre».
Las pruebas recolectadas y los datos que surgieron de la diligencia judicial hacen muy complejo para el juez Gustavo Villanueva avalar la teoría del Ministerio de Seguridad sobre un “enfrentamiento”.
La diligencia judicial se concretó a doce días de la muerte del joven de 21 años que había viajado para acompañar a algunos familiares que participan de la recuperación territorial de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Además del magistrado y su secretario, participaron de la inspección –que se extendió por unas ocho horas–, la fiscal, la defensora de menores, el padre y el hermano de Rafael, las abogadas de la familia, el defensor, la diputada Victoria Donda –que estaba en el lugar junto a legisladores de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados– una abogada de Prefectura Naval y dos prefectos. Todos estuvieron custodiados dentro del territorio por unos 70 uniformados de diversas fuerzas federales. Otros 200 esperaron en la ruta.
La abogada querellante en nombre de la familia, Natalia Araya, dijo a En estos días que “en el interior de la comunidad no existen las tranqueras ni había árboles caídos o con orificios de bala”, a diferencia de lo que informó el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Incluso, el lugar del supuesto “enfrentamiento” tampoco coincidía con los dichos de la ministra: la cartera de Seguridad informó que se produjo a unos 400 metros de la tranquera de ingreso, pero durante la diligencia se comprobó que el lugar donde Rafael Nahuel fue ultimado está “a unos mil o 1.500 metros” de la tranquera, detalló la abogada. El dato demostraría que los efectivos del grupo Albatros de Prefectura avanzaron mucho terreno adentro de la montaña, hasta dar con el grupo de personas entre las que estaba Rafael.
Luego de esta inspección, el juez ya tiene en su poder una serie de nuevas medidas solicitadas por la querella, y se abrirá la posibilidad de que los prefectos -aún no imputados formalmente- puedan ser citados a declarar. También Villanueva deberá definir si accede al cambio de carátula de “NN sobre muerte dudosa” a “homicidio agravado”, solicitado por la querella.
