Como parte de las medidas reparatorias solicitadas por las víctimas se colocó una placa con la leyenda «Aquí se juzgó genocidas», en la antesala del Aula Magna de la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), uno de los lugares más atacados por la dictadura y donde, en el año 2021, se desarrolló el tercer tramo del juicio a los represores de la dictadura conocido como Subzona 14.
En un acto que se desarrolló el martes por la tarde y a un año de la lectura de la sentencia contra los represores pampeanos, se colocó una placa que señala la realización del tercer juicio de la Subzona 14, en el Aula Magna de la sede la UNLPam de la calle Gil 353.
El mismo se realizó con la participación destacada de víctimas del terrorismo de estado y querellantes en las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia entre 1975 y 1983, quienes además fueron los impulsores de una serie de medidas reparatorias y de garantía de no repetición, solicitadas a los jueces del Tribunal Oral Federal. Una de ellas se concretó este jueves con la colocación de la placa.
La presentación estuvo encabezada por la vicerrectora en a cargo del Rectorado, María Ema Martín, junto a la abogada querellante en el tercer juicio de la Subzona 14 y coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la UNLPam. Además contó con la intervención de Raquel Barabaschi, víctima de la represión ilegal.
Entre el Programa y las víctimas se decidió la leyenda que fue tallada en la placa y que de ahora en más se exhibe en el ingreso al Aula Magna:
“AQUÍ SE JUZGÓ A GENOCIDAS. Entre 2021 y 2022, en esta Aula Magna se desarrolló el III juicio de la Subzona 1.4, en el que se condenó a responsables de violaciones de Derechos Humanos cometidas en La Pampa entre 1975-1983. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”
Una de las encargadas de descubrir la placa fue la propia Raquel Barabaschi junto Juan Carlos «Pinky» Pumilla, otro de los trabajadores y militante popular víctima de la dictadura. También significó un gesto de reconocimiento a quienes con su lucha vienen impulsando y sosteniendo a lo largo de todos estos años el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en La Pampa.
La UNLPam fue uno de los espacios de pensamiento y militancia donde la dictadura descargó particularmente sus métodos represivos, como la intervención de la misma, cierre de espacios como lo fue el Centro de Estudios Regionales, y persecución a estudiantes, docentes y autoridades de gobierno, solo por enumerar algunos. También ocurrió con otras instituciones educativas, como la Escuela José Ingenieros de Jacinto Arauz o la UTN de General Pico.
También estuvieron presentes la fiscal federal Iara Silvestre, el subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fasce, la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto.
La placa pone en valor la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ya que se trata de una intervención permanente en un espacio público por donde transitaron y transitarán estas y las futuras generaciones, y donde 46 años después se obtuvo una tercera sentencia de un Tribunal contra los responsables del plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, exterminio y desaparición de personas en nuestro país, y que echan por tierra la idea de que La Pampa fue una isla.
Juicio Subzona 14 III
El lunes 2 de mayo del 2022, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó al ex jefe de Policía de La Pampa, Luis Enrique Baraldini a la pena de 18 años de prisión, y a Carlos Reinhart a 12 años, en el juicio por la Subzona 14.
Baraldini fue condenado por segunda vez por crímenes de Lesa Humanidad: la primera sentencia se le dictó el 16 de agosto de 2019 en el marco del segundo juicio, cuando le dieron 25 años de prisión.
En el caso del ex comisario Carlos Reihnart fue la tercera sentencia en su contra por se parte del terrorismo de estado: En 2010 le dieron 20 años de prisión y en 2019, 14 años de prisión.
Baraldini no fue condenado en 2010 porque estaba prófugo de la justicia, escondido en Bolivia, donde además en 2011 se le comprobó que fue parte de un complot para asesinar al entonces presidente Evo Morales.
El tercer juicio también fue muy importante porque se juzgaron por primera vez los delitos contra la integridad sexual de las víctimas.
La Fiscalía también había pedido 25 años de prisión para Jorge De Bártolo, quien se desempeñaba como oficial de Logística del Regimiento de Toay e integraba la plana mayor de la Subzona 1.4, pero murió por razones de salud. Al exmilitar se lo había llevado por primera vez al banquillo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, entre ellos, el de abuso sexual con acceso carnal. Las víctimas no tendrán justicia.
El caso de De Bártolo es igual al del exmilitar Gerardo José Jauregui y el expolicía Humberto Rifaldi, ambos fallecidos sin condena por sus crímenes.
También estaban enjuiciados el exsecretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, fallecido en diciembre de 2021. En su caso, había sido condenado a 25 años de prisión en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad.
Otro de los imputados que zafó del juicio es el excomisario Roberto Fiorucci, también por motivos de salud. Ya había quedado afuera del juicio de 2017 por el mismo impedimento. La decisión del Tribunal fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos. Murió en octubre del 2022.