El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una movilización en defensa de las jubilaciones frente al Congreso, el 11 de septiembre de 2024.
El juez federal Daniel Rafecas lo encontró responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, y dispuso además su inhabilitación especial por dos años y seis meses. Es la primera condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad por su accionar en las protestas frente al Congreso durante el gobierno de Javier Milei.
El fallo llega después de más de dos años de una causa atravesada por la defensa oficial del accionar policial y versiones del gobierno nacional que intentaron atribuir el ataque a una manifestante.
Sin embargo, los registros audiovisuales, los testimonios y la documentación médica permitieron reconstruir lo ocurrido: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo, sin agredir ni ofrecer resistencia, cuando el efectivo les disparó gas irritante a corta distancia. La niña debió ser atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química, publicó ANRed.
El ataque ocurrió durante la jornada de movilización contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Fabrizia y su madre, Carla Mariana Pegoraro, estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia, en las inmediaciones del Congreso, cuando los efectivos avanzaron para despejar la calle. Rivaldi, que integraba la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades (DOUCAD) de la Policía Federal, utilizó el aerosol disuasivo que tenía asignado y roció a ambas en el rostro. Las dos debieron recibir asistencia y la niña fue atendida posteriormente en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.
La condena se produjo después de un juicio correccional que comenzó y terminó este miércoles 11 de noviembre. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y del abogado Gregorio Dalbón, representante de la niña y su madre. Durante la investigación fueron fundamentales los registros audiovisuales, que permitieron identificar al efectivo y reconstruir la secuencia. La documentación médica también acreditó las lesiones sufridas por Fabrizia. En su dictamen para llevar al policía a juicio, Taiano sostuvo que había actuado «de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia», y que ambas víctimas estaban «sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna».
El caso tuvo además un recorrido atravesado por el intento del gobierno nacional de desligar a las fuerzas de seguridad de lo ocurrido. Tras la difusión de las imágenes, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a la madre por haber llevado a su hija a una manifestación. Desde el Gobierno también se sostuvo que el gas habría sido arrojado por una mujer que participaba de la protesta y vestía de naranja. Esa versión fue desmentida por verificaciones periodísticas de AFP, que analizaron registros audiovisuales y material de periodistas presentes en el lugar y concluyeron que el gas que afectó a la niña había sido arrojado por un policía. Dos años después, la sentencia judicial confirmó la responsabilidad de Rivaldi.
Durante la instrucción, el efectivo negó haber visto a la niña y sostuvo que, de haber advertido su presencia, la habría apartado para evitar que resultara herida. También intentó justificar su accionar en el cumplimiento de las órdenes recibidas durante el operativo. Sin embargo, la Cámara Federal confirmó su procesamiento en julio de 2025 y consideró que las imágenes permitían observar cómo dirigía el gas hacia el sector en el que se encontraban madre e hija. El tribunal también descartó que estuviera probado que un tercero hubiera arrojado el gas. Los registros mostraban, además, que el policía tenía levantado el protector visual de su casco y podía observar el entorno.
El ataque policial a la madre y su hija no fueron hechos aislados, sino que se dan el marco de otros episodios de violencia policial durante las habituales represiones de las fuerzas de seguridad contra jubilados/as y manifestantes, entre ellos las lesiones sufridas por Beatriz Bianco, el abogado Matías Aufieri y las heridas de gravedad que casi acaban con la vida del fotoperiodista Pablo Grillo. En este marco, la condena de Rivaldi constituye un antecedente en el reclamo contra la impunidad de los efectivos que reprimen la protesta social.
Otra muestra: Guido Piotrkowski, fotógrafo de Página/12, registró cómo le apuntaban directo y tiraban desde la PFA durante la represión a la última Marcha Federal Universitaria. Le dieron en el pecho, y a un colega que estaba con él en las piernas.
La pena impuesta a Rivaldi es de cumplimiento en suspenso: no irá a prisión, aunque deberá cumplir las condiciones establecidas por el tribunal y queda inhabilitado para ejercer funciones durante dos años y seis meses. La Fiscalía había solicitado un año y seis meses de prisión en suspenso, mientras que la querella había pedido un año y ocho meses. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el 17 de noviembre.
En tanto, el abogado Dalbón celebró la resolución y adelantó que buscará avanzar sobre las responsabilidades de quienes defendieron públicamente al efectivo y difundieron versiones falsas sobre lo ocurrido: «no fue un exceso ni un accidente: fue un chorro dirigido, a corta distancia, contra dos personas que no representaban peligro alguno. Es el primer juicio oral por la represión de la protesta durante el gobierno de Milei, y terminó en condena», destacó el abogado, que también anticipó que avanzará contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva. (Fuente y foto: ANRed).
