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En un reciente fallo del martes 21 de mayo, en el caso \u201cGarrido, Carlos Manuel c\/ EN – AFIP s\/ amparo ley 16.986\u201d, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ratific\u00f3 el derecho de todo habitante a acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La causa la inici\u00f3 el por entonces Diputado Nacional, Manuel Garrido, solicitando informaci\u00f3n sobre un ex agente de la AFIP y su nombramiento, como as\u00ed tambi\u00e9n respecto de cargos y funciones que hubiera desempe\u00f1ado y el estado de un sumario administrativo que se le inici\u00f3 en 2010.<\/p>\n
Al fallar, la Corte ratific\u00f3 su doctrina referente al derecho que le asiste a todo habitante de acceder a la informaci\u00f3n de inter\u00e9s general que estuviese en poder del Estado Nacional o sus reparticiones. La misma record\u00f3 en los considerandos el precedente sentado por el caso \u201cCippec\u201d, del 26 de marzo de 2014, en el cual ADC fue patrocinante letrado. En este fallo se reconoci\u00f3 que no era necesario exigir un inter\u00e9s calificado por parte del requirente de la informaci\u00f3n cuando se trata de informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico, puesto que \u00e9sta no pertenece al Estado sino al pueblo de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
El nuevo fallo se\u00f1ala que la ley 25.326 de Protecci\u00f3n de Datos Personales, en cuanto subordina la cesi\u00f3n de esos datos a la existencia de un inter\u00e9s leg\u00edtimo, no alcanza a los supuestos referentes a informaci\u00f3n personal que forma parte de la gesti\u00f3n p\u00fablica, excepto para asegurar el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico, la salud o la moral p\u00fablicas.<\/p>\n
Asimismo, destaca que la informaci\u00f3n solicitada por el demandante no se relaciona con datos sensibles en los t\u00e9rminos de la ley mencionada sino que ata\u00f1e exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable inter\u00e9s p\u00fablico en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gesti\u00f3n de los asuntos del Estado y facilita a quien requiere la informaci\u00f3n, ejercer el control sobre la regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la Administraci\u00f3n. Finalmente, se\u00f1ala que el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios p\u00fablicos se desempe\u00f1an supone el reconocimiento de un \u00e1mbito limitado de la vida privada de estos.<\/p>\n
Desde hace a\u00f1os, venimos observando una tensa relaci\u00f3n entre el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la garant\u00eda de protecci\u00f3n de datos personales. Particularmente, cuando se requiere informaci\u00f3n de funcionarios del estado y \u00e9ste se ampara en la protecci\u00f3n de dichos datos para negar el acceso a informaci\u00f3n relativa a agentes p\u00fablicos, impidiendo el ejercicio del control de la gesti\u00f3n estatal.<\/p>\n
Desde ADC coincidimos con la correcta interpretaci\u00f3n que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, que encuadra el derecho a saber en el marco de la protecci\u00f3n interamericana de los derechos humanos.<\/p>\n
Es por ello que aplaudimos la ratificaci\u00f3n de esta doctrina de la Corte, que redunda finalmente en la posibilidad de un mejor control de los actos de gobierno. La misma contribuye a transparentar la gesti\u00f3n estatal, evitar el secretismo de las estructuras estatales y empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de un derecho tan fundamental para el sostenimiento y supervivencia de los sistemas democr\u00e1ticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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