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La diputada del Frente de Todos (FdT) Gisela Marziotta present\u00f3 hoy un proyecto que promueve la intervenci\u00f3n federal a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Jujuy ante la situaci\u00f3n que atraviesa esa provincia tras la aprobaci\u00f3n parcial de la reforma de la Constituci\u00f3n provincial, donde se limita el derecho a la protesta.<\/p>\n
Marziotta dice en su iniciativa que es necesario esta medida para \u00abrestablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (art\u00edculo 6\u00ba, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Nacional (art\u00edculo36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art\u00edculo 75, inciso22\u00ba CN)\u00bb.<\/p>\n
Explica que su propuesta est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n Nacional que se refiere a la conmoci\u00f3n interior \u00abpor el intento de alterar la estructura jer\u00e1rquica del orden jur\u00eddico establecido por los art\u00edculos 31 y 75, inc. 22\u00ba de la C.N. y la ostensible lesi\u00f3n a lo preceptuado por el art\u00edculo. 75, inc. 17 de la C.N. de reparaci\u00f3n hist\u00f3rica a los pueblos originarios y su derecho a habitar en comunidad sus tierras ancestrales\u00bb.<\/p>\n
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo designar\u00e1 al Interventor federal, la cual se extender\u00e1 por un plazo de 180 d\u00edas \u00abprorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional por un per\u00edodo igual\u00bb y que \u00abpara asegurar la normalizaci\u00f3n y pleno funcionamiento de los Poderes Provinciales el Interventor deber\u00e1 convocar a elecciones\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se dispone en la provincia intervenida \u00abla inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo\u00bb y que se declare \u00aben comisi\u00f3n a los miembros del Poder Judicial\u00bb.<\/p>\n
En los fundamentos se dice que \u00abel Gobierno de la Provincia de Jujuy decidi\u00f3 realizar una reforma parcial de la Constituci\u00f3n provincial, que en sus modificaciones contradice los principios garantizados por la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb.<\/p>\n
Marziotta dijo que en ese contexto \u00abel pueblo juje\u00f1o decidi\u00f3 movilizarse por sus derechos y afirmarse contra la nueva reforma de la constituci\u00f3n de Jujuy. En esas circunstancias, el gobierno provincial reprimi\u00f3 a los argentinos y argentinas que alzaron la voz en la provincia de Jujuy. El nivel de violencia y represi\u00f3n fue tan grave, que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos exclam\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el accionar de la polic\u00eda local ante las movilizaciones, los arrestos y el uso excesivo de la fuerza\u00bb.<\/p>\n
\u00abEs necesario destacar que, adem\u00e1s de los motivos previamente mencionados, la provincia de Jujuy posee antecedentes recientes de alteraci\u00f3n de la forma republicana de gobierno, en tanto su poder judicial no solo es dependiente del poder pol\u00edtico, sino que de hecho se encuentra cooptado por este en gran medida\u00bb, subray\u00f3.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abesto se refleja en la ampliaci\u00f3n por ley del Tribunal Supremo de la provincia de 5 a 9 miembros, donde dos de los nuevos miembros incorporados fueron diputados que votaron dos d\u00edas antes por esta ampliaci\u00f3n. A\u00fan m\u00e1s, el gobernador inst\u00f3 a renunciar a tres de los integrantes previos, con el pretexto de imponer su propia mayor\u00eda. Adem\u00e1s, la provincia de Jujuy registra un historial de persecuci\u00f3n y presos pol\u00edticos, teniendo el caso de Milagro Sala como antecedente. Estos hechos constituyen una gravedad institucional extrema\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n record\u00f3 la diputada oficialista que Morales \u00abfue electo como uno de los convencionales constituyentes, y fue propuesto incluso para presidir dicha comisi\u00f3n, lo cual est\u00e1 expresamente prohibido en la Constituci\u00f3n de Jujuy de 1986\u00bb.<\/p>\n
Record\u00f3 que la limitaci\u00f3n del derecho a la protesta contemplado en el articulo 67 del nuevo texto de la Carta Magna \u00abcontradice el derecho a la protesta contemplado en la Argentina en la Constituci\u00f3n Nacional como forma de libertad de expresi\u00f3n (art\u00edculos 14 y 32) y amparado por los Tratados Internacionales que integran el bloque de constitucionalidad (art\u00edculo 75 inciso 22), como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi\u00f3n (art\u00edculo 18), la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n (art\u00edculo 19) y la libertad de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edfica (art\u00edculo 20)\u00bb.<\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la protesta constituyen no s\u00f3lo garant\u00edas constitucionales, sino tambi\u00e9n son la base indispensable del funcionamiento del sistema democr\u00e1tico. Por este motivo, la reforma constitucional desarrollada en Jujuy impulsada por el gobierno de Morales resulta inconstitucional y antidemocr\u00e1tica, en tanto pretende avasallar derechos constitucionales establecidos en la ley suprema de la Naci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
En ese sentido agreg\u00f3 que \u00aba\u00fan m\u00e1s, la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 36 sobre el derecho a la propiedad privada afecta los derechos de los pueblos originarios\u00bb contemplados por el art\u00edculo 75 inciso 17 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n
Fuente: telam<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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