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Una de las familias propietarias de la popular confiter\u00eda c\u00e9ntrica\u00a0denunci\u00f3 ante el Jurado de Enjuiciamiento a la jueza Susana Ethel Fern\u00e1ndez, por mal desempe\u00f1o en sus funciones.<\/p>\n
Antonio Corredera, Santiago Corredera e Ilda Palacios (viuda de Abel Corredera), acusan a la magistrada de haber violado deliberadamente el art. 23 de la Ley Nacional 17801 y art.\u00a035 inc.\u00a0a)\u00a0del Dec. Ley Provincial 483\/68.<\/p>\n
La abogada que pidi\u00f3 el jury, Rosa Mercedes Arosteguichar, explic\u00f3 que\u00a0los denunciantes acusan a la Jueza Fern\u00e1ndez de \u00abhaber autorizado, en clara contravenci\u00f3n a la ley citada, en la sucesi\u00f3n de Angel Ortiz Cereceda la inscripci\u00f3n del 50% del derecho de La Recova, a nombre de los herederos de Angel Ortiz Cereceda sin haber exigido previamente la presentaci\u00f3n del titulo de propiedad a nombre del causante (Angel Ortiz Cereceda), habiendo autorizado dicha inscripci\u00f3n con base solamente en un informe de dominio exped\u00eddo por el Registro de la Propiedad inmueble\u00bb.<\/p>\n
Denuncian que el 50% del derecho de dominio que la Jueza Fern\u00e1ndez\u00a0autoriz\u00f3 inscribir a nombre de los herederos de Ortiz, \u00abse encuentra en litigio\u00bb, y que la inscripci\u00f3n registral efectuada a nombre de Angel Ortiz Cereceda \u00abse encontraba impugnada administrativamente\u00bb.<\/p>\n
\u00abAhora ya se inici\u00f3 demanda contenciosa administrativa contra el Registro, en virtud de que el registro efectu\u00f3 una inscripci\u00f3n sin existir orden judicial en tal sentido, plantean la nulidad de dicho asiento registral en tanto Angel Ortiz Cereceda nunca fue titular registral de dicho inmueble, ni existe t\u00edtulo alguno a nombre de dicha persona\u00bb, indic\u00f3 la letrada.<\/p>\n
Arosteguichar dijo explic\u00f3 que se acusa a la Jueza Fern\u00e1ndez de actuar en forma \u00abincompetente y negligentemente, en tanto habiendo sido advertida reiteradamente mediante distintas presentaciones judiciales de la existencia de la impugnaci\u00f3n administrativa del asiento registral a nombre de Ortiz Cereceda, de la existencia de una causa civil (tramitada en el Juzg. 4) contra los herederos de Ortiz Cereceda y de la posesi\u00f3n p\u00fablica (de ese 50 % del inmueble) que ostenta Antonio Corredera desde hace 30 a\u00f1os (pues, el otro 50 % de la propiedad se encuentra en posesi\u00f3n de los herederos de Abel Corredera), hizo caso omiso a dichas presentaciones y en clara violaci\u00f3n a la ley nacional de orden p\u00fablico que regula la inscripci\u00f3n de los documentos que instrumentan la adquisici\u00f3n y\/o modificaci\u00f3n de los derechos reales sobre inmueble, autoriz\u00f3 la transferencia de dominio de dicho bien a nombre de los herederos de Ortiz Cereceda sin haber exigido la presentaci\u00f3n del titulo de propiedad a nombre del causante\u00bb.<\/p>\n
Los denunciantes dicen tambi\u00e9n que los herederos de Ortiz Cereceda, \u00abde mala fe y basados solamente en una err\u00f3nea inscripci\u00f3n registral que se encuentra impugnada, se arrogan derechos inexistentes respecto de dicho inmueble, pues el causante no ten\u00eda t\u00edtulo suficiente a su nombre ni la posesi\u00f3n de dicho bien\u00bb.<\/p>\n
\u00abQue de conformidad a nuestro ley nacional (art. 1892 del C\u00f3d. Civ. y Com. )el derecho real se adquiere mediante t\u00edtulo suficiente y modo (tradici\u00f3n posesoria), si hay t\u00edtulo y no hay tradici\u00f3n – posesi\u00f3n del bien, no\u00a0 habr\u00e1 nacido el derecho real, simplemente existir\u00e1 un derecho personal\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 la abogada.<\/p>\n
Por otra parte, la representante de los Corredera dijo que de acuerdo a la ley (art. 1893, 2da. parte del\u00a0C\u00f3d. Civ. Com) de doctrina y jurisprudencia argentina, \u00abla posesi\u00f3n constituye un modo eficaz de publicidad de los derechos reales; posesi\u00f3n que hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00a0 perdi\u00f3 Ortiz Cereceda cuando se form\u00f3 la sociedad \u00abLa Recova SRL\u00bb en formaci\u00f3n y dichos bienes pasaron a formar parte del patrimonio o capital social. Luego, disuelta la sociedad, se tramit\u00f3 judicialmente la liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes sociales, habi\u00e9ndose resuelto dicha cuesti\u00f3n mediante contrato de liquidaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de bienes, que fue homologado judicialmente, donde Antonio y Abel Corredera resultan adjudicatarios del inmueble en cuesti\u00f3n\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n
Por lo tanto, m\u00e1s all\u00e1 de la nulidad de la Escritura 412, \u00abni Ortiz Cereceda ni los herederos de dicha persona, poseen derecho alguno sobre el inmueble\u00bb, concluy\u00f3 Arosteguichar.<\/p>\n
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