La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) repudió a través de un documento el protocolo anti-piquetes y denunció que, además de atentar contra el derecho a la protesta, condiciona la práctica periodística y garantiza la impunidad de las fuerzas de seguridad.
La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) expresó a su profunda preocupación por el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que implica un fuerte retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos.
Para esta organización que nuclea a las carreras universitarias de todo el país, “la historia nos enseña que el derecho a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el gobierno al que se plantean las demandas”.
En este sentido, manifiestan que “al criminalizar las protestas sociales y extender las facultades policiales para reprimir -habilitando las detenciones arbitrarias y sin prohibir el uso de armas de fuego-, el Protocolo suscripto por el gobierno nacional y buena parte de los provinciales, implica entonces un serio atentado contra la libertad de expresión en Argentina”.
A su vez, remarcan la limitación al trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. “La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”, destaca el documento.
Un ejemplo citado por la Red fue el de la Masacre de Avellaneda. Si la actividad periodística hubiera estado “acorralada” el 26 de junio de 2002, no se hubieran conocido los responsables materiales de la llamada Masacre de Avellaneda. Para la organización, “la prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.
La REDCOM finaliza el documento convocando “a otras organizaciones de la sociedad civil a rechazarlo y solicita a los gobiernos una reconsideración de esa decisión”.
