La Liga Argentina por los Derechos del Hombre repudió la propuesta de la ministra Bullrich y aseguró que el actual gobierno representa a los grupos económicos que impusieron sus intereses en la última dictadura militar.
El documento de la organización de defensa de Derechos Humanos más antigua del país, dice:
En cercanías de un nuevo aniversario del sangriento Golpe de Estado de 1976, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Filial La Pampa, manifiesta su repudio al accionar de la clase dominante representada por los mismos grupos económicos que hace 40 años impusieron la muerte para mantener sus intereses.
Por primera vez en nuestra historia la derecha encontró condiciones para llegar al gobierno sin fuerzas intermediarias, desde donde ya es visible su política de ajuste hacia la clase trabajadora, y para la que es necesario el reciente Protocolo de Represión Estatal que garantice el suculento negocio de este modelo extractivista que beneficia a unos pocos en perjuicio de las mayorías y el medio ambiente.
Denunciamos y repudiamos el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado, que fue creado con la excusa de proteger los derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y asegurar el Orden Público, pero en realidad no hace más que establecer la prohibición y represión sistemática de cualquier manifestación pública y así expresa: “a los fines de lograr los objetivos planteados, el Ministerio de Seguridad de la Nación, o las autoridades competentes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a su jurisdicción, coordinarán los operativos con los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad federales, tanto en manifestaciones programadas como en manifestaciones espontáneas”. Bajo ese criterio, se prohíbe manifestarse prácticamente en cualquier espacio público “como calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, pero esa enumeración es ejemplificativa y no limitada, es decir las fuerzas de seguridad a criterio “objetivo” (arbitrario) pueden prohibir más espacios para manifestarse.
Por eso sostenemos que dicho Protocolo es Inconstitucional, viola el libre ejercicio de los derechos y garantías que protege nuestra Constitución y además se aplica interrumpiendo su observancia, por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático.
También nos parece preocupante la adhesión de 20 provincias al Protocolo, entre las que se encuentra la provincia de La Pampa, evidenciando lo contradictorio de nuestro gobierno que presentó por un lado un proyecto para derogar la Ley Antiterrorista en la Cámara de Diputados de la Nación, y por el otro justificó la reciente represión en la ruta 188 y adhirió al Protocolo Nacional Represivo como operatividad de la Ley Antiterrorista promulgada en el gobierno anterior, teniendo a esta ley como marco legal que establece como delito la protesta de quienes de diversas maneras resisten las consecuencias del sistema capitalista injusto e inhumano en todas sus formas.
