Desde el Frente Pampeano Para la Victoria sostuvieron que el Protocolo de seguridad para el control de las manifestaciones públicas es “un burdo instrumento para criminalizar la protesta social, pretendiendo legalizar una acción estatal represiva claramente ilegal y arbitraria”. Critican al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, y piden que La Pampa rechace el Protocolo.
En un comunicado de prensa del Frente Pampeano Para la Victoria (Nuevo Encuentro, Partido Humanista y Partido Comunista K) denuncian al protocolo de seguridad emitido por el gobierno nacional para el control de las manifestaciones públicas, como “un burdo instrumento para criminalizar la protesta social, pretendiendo legalizar una acción estatal represiva claramente ilegal y arbitraria”, violatorio de la constitución provincial, nacional y de obligaciones internacionales vinculantes para el Estado Argentino”.
Señalan que “Desde el punto de vista técnico es insostenible, por contradictorio, erróneo y falaz en la mayoría de sus términos, ya que desconoce principios mínimos del orden legal de la Nación”, expresan.
“Sin embargo, la cuestión central no es legal sino política: se pretende cubrir con un manto de pseudolegalidad la violación de derechos elementales de la vida democrática, como los de expresión, manifestación, petición, reunión y uso cívico y político del espacio público. Este fraude, en parte, pretende sustentarse nada menos que en la propia doctrina de los derechos, haciendo referencia a la defensa del derecho de libre circulación. Se trata de un sustento falaz -cuando no hipócrita- ya que un principio básico en la temática establece que no hay jerarquías, y que todos los derechos deben ser aplicados de forma integral y armónica. Peor aún es pretender que un derecho –circulación- pueda ser cumplido a través de la violencia institucional”, indican.
El Frente Pampeano Para la Victoria destaca que “en el fondo la cuenta es simple: se está reimplantando ferozmente un sistema económico excluyente de las grandes mayorías y sólo es aplicable mediante la violencia estatal sistemática y generalizada”.
A nivel provincial manifiesta que “el daño sería doblemente grave, por cuanto se le otorgaría este instrumento represivo a un ministro de Seguridad que ha dado claras y reiteradas muestras de su enfermiza furia represiva”.
Exigen al gobierno La Pampa que “asuma su responsabilidad constitucional a favor de los derechos, y rechace clara y enfáticamente, la aplicación de tal protocolo a nuestra provincia”.
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