La Sala V de la Cámara Federal Contencioso Administrativo reconoció el derecho a reclamar un resarcimiento por todo el tiempo que pasaron fuera del país a Martín Solé, hijo de Miguel Solé, militante peronista pampeano exiliado en Suecia durante la última dictadura militar.
El fallo, firmado por Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Federico Alemany y Guillermo F. Treacy, favorece al ingeniero Químico Martin Solé (40), que regresó a la Argentina desde Suecia en 1984, cuando tenía 8 años, por integrar una familia que se vio obligada a dejar el país ante la existencia de un peligro real hacia la vida de su padre, sobre quien pesaba un pedido de captura por considerarlo integrante de Montoneros.
En la sentencia se lee que “los hechos permiten concluir acerca de la existencia de la persecución política que aquejaba al padre del solicitante y de un ‘temor fundado’ respecto de su libertad, así como de su propia vida e integridad física y la de su grupo familiar, lo que condujo a éste último preventivamente al exilio”.
La Cámara Federal recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una interpretación amplia del término ‘detención’ en la causa “Yofre de Vaca Narvaja”, sentencia del 14/10/2004; y extendió el beneficio de la Ley 24.043 a los hijos menores de edad de los perseguidos políticos que, como consecuencia de dicha persecución, hubieran debido exiliarse y ser criados en el exilio”.
El caso de Solé se circusncribe a los estipulado por el máximo tribunal nacional. Martín Solé explicó que el fallo favorable “salió el 10 de marzo de 2016. Según la ley 24043, se permite a quienes hayan vivido en el exilio durante la última dictadura militar argentina comiencen el trámite ante la secretaria de DDHH de la Nación, no es algo sencillo, pero tampoco imposible”.
Con la desclasificación de archivos de inteligencia de la policía de la provincia de buenos aires (EX DIPBA) en el año 2003, la secretaria libró oficios para que le remitan el material relacionado a la persecución de sus padres, y también lo hizo a la policía de La Pampa, organismos militares y a la casa de gobierno de nuestra provincia.
“El caso es que las pruebas se encontraron tanto en el legajo del padre en el Gobierno de La Pampa, donde fue cesanteado por la dictadura y luego reincorporado por la ley provincial 761 y la comisión de reincorporación”, detalló Solé
“También en la ex- DIPBA figuraba un listado de la Dirección de Inteligencia Naval, fechado en el año 77, en donde aparece el nombre del padre de la persona que hizo el reclamo ante DDHH, sindicado como montonero y donde se ordenó su detención y pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, además de una ficha de su residencia con su ex-esposa en la ciudad de Mar del Plata en la misma época”, agregó.
El recurso a la Justicia federal se debió a que “si bien la Secretaría de DDHH del ministerio de Justicia de la Nación, expresó que las pruebas eran suficientes y firmes, el expediente luego pasó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo Ministerio de Justicia en el año 2014. Una vez Allí, el grupo de abogados de la repartición rechazó sin fundamentos el pedido de reparación y reconocimiento, lo cual constituye un verdadero inconveniente para quienes buscan cerrar una historia tan difícil”, indicó
Por esta razón el joven necesitó recurrir a un abogado patrocinante para acceder al fuero federal, algo que el ve como una dificultad más y reconoce “que muchos desisten por este tipo de acciones por parte de esta dirección y considera que deberían revisarse las actuaciones de estos letrados”.
Las leyes reparatorias son el único mecanismo existente y se aplican según el caso, sean familiares de desaparecidos, detenidos o exiliados durante la última dictadura militar.
El damnificado consideró que “este 24 de marzo tendrá otra razón para recordar el golpe de estado y espera que se allane el camino para quienes merecen una reparación justa del estado argentino”.
