A 40 años del golpe cívico-militar, cientos de personas confluyeron en plaza San Martín para condenar el terrorismo de Estado y exigir juicio y castigo a los genocidas. Se leyó un documento y al cierre de la jornada se realizó una marcha con todos los presentes.
La jornada contó con una amplia convocatoria de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas. La plaza se vistió con banderas, pancartas y diversas producciones artísticas, como muestras fotográficas que recuerdan a los desaparecidos, cordeles con consignas y textos de lectura y difusión.
Durante el acto se leyeron cartas de ex detenidos, desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura, hubo música y baile desde un comienzo con la murga Los Renegados de Siempre y también actuaron otros artistas locales.
Las organizaciones exigieron una vez más memoria, verdad y justicia, por la continuidad de los juicios, el juzgamiento por delitos sexuales, apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los nacidos en cautiverio, no al ajuste y represión de Macri y las provincias y no al acuerdo de pago a los fondos buitres.
El documento repudió el golpe que instauró el terrorismo de Estado, con el antecedente del accionar de la «Triple A» en un gobierno democrático como el de Isabel Martinez de Perón, las políticas económicas que destruyeron al país y la complicidad de sectores de la sociedad civil, las empresas y la iglesia.
En relación a las complicidades, señala que en La Pampa no han sido investigados la delación, las listas negras y la entrega de opositores por parte de la sociedad civil «pese a los testimonios que dieron las víctimas en el primer juicio a los responsables de la llamada Subzona 14, que denunciaron a personajes como Aragonés y Marín en carácter de delatores».
A su vez, recuerda que en nuestra provincia hubo 10 centros clandestinos de detención y tortura, y que «más de 50 pampeanos aún permanecen desaparecidos, dos niños fueron apropiados y hubo cientos de presos, cesanteados y exiliados internos».
Al respecto, remarca la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos, quienes pelearon por la restitución de los desaparecidos, los hijos apropiados, la re apertura de las causas de los genocidas y su juzgamiento.
En el documento también se expresa que «aún no hay certezas sobre el inicio del segundo juicio por la Subzona 14», y denuncia la justicia «cómplice de los genocidas», que entorpece y demora las causas, al mismo tiempo que solicita al Poder Ejecutivo la continuidad de los procesos judiciales.
Además, señala la continuidad del aparato represivo de la dictadura, con el secuestro y la desaparición de Julio Lopez que lleva casi diez años. En la causa no hay sospechosos, imputados o detenidos.
Por este caso, el asesinato de Silvia Suppo, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, Maximiliano Kosteki, Darío Santillan y Mártires López, se responsabiliza al Estado Nacional por garantizar la impunidad de los autores políticos y materiales de estos crímenes.
Las organizaciones criticaron de manera contundente al presidente Mauricio Macri y algunos funcionarios de su gabinete por intentar «imponer una política de conciliación, que busca minimizar la dimensión del terror dictatorial, y banalizar la lucha de los organismos y organizaciones populares que demandamos memoria, verdad y justicia».
Repudiaron «la instigación a la violencia», y la represión de la Policía de La Pampa a los vecinos de Villa Sauce, a cargo del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno».
También denunciaron «la criminalización de la pobreza y la discriminación de las barriadas humildes», en el marco de las medidas económicas y antipopulares que ha tomado en estos 100 días el gobierno de la alianza Cambiemos,
«El aumento de la llamada inseguridad, se encuentra en la participación y complicidad del aparato policial, judicial y político, en relación al narcotráfico, la trata de personas, Andrea López es una de las más de 700 mujeres secuestradas, prostituidas o asesinadas por las mafias amparadas por el poder», recordaron.
Al finalizar la lectura del texto, el repudió se centró en el «protocolo represivo de Macri y Bullrich», por tratarse de una norma anticonstitucional, y también se pidió por la derogación de la ley antiterrorista y del aparato de espionaje.
Por último, las organizaciones reclamaron la liberación de Milagro Sala y Nelson Salazar de la CCC de Salta, al mismo tiempo que repudiaron la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en nuestro país «¡Fuera Obama!», concluye el documento.
Para cerrar el acto, las organizaciones realizaron una marcha desde la esquina de las calles Avellaneda y 9 de Julio, pasando por Quintana, hasta General Pico y Av. San Martín, en donde se retomó hacia la plaza.
