La senadora por el PJ pampeano, elevó un pedido de informe al Poder Ejecutivo de la Nación por los despidos masivos en la administración pública nacional, y que es necesario contar con urgencia «tanto con datos institucionales acerca del número de trabajadoras y trabajadores afectados por las medidas expulsivas del gobierno y las razones esgrimidas para hacerlo».
Durango definió la situación como “uno de los aspectos más preocupantes que exhibe el rumbo del nuevo gobierno nacional», y señaló que no solo hubo perdida de puestos de trabajo en el sector público, sino también en el sector privado «a raíz de las medidas económicas asumidas».
«Tememos que las medidas que se han asumido desde la asunción del nuevo gobierno todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias», dijo la senadora y se refirió a un contexto en el que «reina la incertidumbre en relación a la inflación y el aumento de precios de la canasta básica, y cuando se ha anunciado una masiva suba de tarifas en servicios públicos esenciales».
La referente del PJ apuntó a los «tarifázos» anunciados por el ministro de Hacienda, Alfonso Pray Gay, y remarcó que las tarifas sociales previstas «apenas contemplan a 350 mil personas, no haciéndose cargo de la inmensa cantidad de trabajadores que deben tomar 2 o 3 medios de transporte diarios para llegar a su trabajo, o aún sin esa necesidad, el resto de los miles que afrontan su día a día con salarios retrasados y sin mejores perspectivas».
Por otro lado, Durango señaló que el gobierno actual «fue elegido democráticamente y que el pueblo estaba al tanto de algunas de las medidas que se tomarían», pero que al Estado «parece no preocuparle».
«Es cierto que el gobierno nacional tiene la autoridad para tomar las medidas que considera apropiadas desde su visión económica y filosófica, pero no puede, ni aún escudándose en los tiempos que conlleva cualquier transición, golpear drásticamente sobre los más necesitados mientras no se toman medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus ya magros ingresos», consideró.
Remarcó también que «la decisión de Macri de revisar los procesos concursales y de selección de personal en el ámbito público, diferenció los mecanismos de revisión que propició en dos grandes grupos. Por un lado, las designaciones que hubieran estado precedidas de procesos concursales y por el otro, las contrataciones de personal previstas en el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público. En el primer caso, instruyó a las diferentes autoridades de la Administración a efectuar un análisis de los procedimientos de selección y designación y, en caso de detectar irregularidades, activar los procedimientos tendientes a la declaración de nulidad de los mismos».
«Al segundo grupo, a su vez, lo subdividió en las contrataciones celebradas durante los últimos tres años y las que hubieran sido realizadas con anterioridad a 2013. Las primeras, como principio general, se renovarían por tres meses y las segundas, hasta el 31 de Diciembre de 2016. En ambos casos, además, las autoridades podrían determinar la rescisión o renovación de las contrataciones revisadas», explicó.
«Hace apenas horas, el Ministro de Modernización confirmó que en los últimos meses han sido despedidos 10921 trabajadores estatales, en lo que consideró la primera etapa de la revisión dispuesta por el Decreto 254/15. El Ministro avaló la medida en la no prestación de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que representan el 5 % de los empleados estatales», señaló.
Asimismo, declaró que «el 90 % de los despedidos hasta aquí habían sido contratados en los últimos tres años, que 7311 correspondieron a contratos que vencieron en diciembre del año pasado y 3610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados. Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía».
Por otro lado, Durango recordó que entre los afectados «se encuentran profesionales que trabajan en temas tan sensibles como graves, por ejemplo, la trata de personas».
En La Pampa «las consecuencias de la política económica también se han dejado sentir en la actividad privada», y que si bien no cuentan con estadísticas fiables, «la información suministrada por los gremios UOCRA y de Comercio, entre otros, es preocupante aun cuando las fuentes de trabajo perdidas no puedan ser cuantificables por tratarse de trabajo informal», dijo.
Pedido de informe. Durango solicitó al Poder Ejecutivo que informe a partir del Decreto 254/2015 de Revisión de Procesos Concursales y de Selección de Personal, los resultados de los procesos de revisión de las designaciones efectuadas por procesos concursales, a efectos de analizar la legalidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los postulantes.
En ese sentido, informar si se hubieren detectado irregularidades, omisiones o vicios que implicaran nulidad de los procesos de selección y/o designaciones y sobre las medidas que se hubieren tomado como consecuencia de ello.
Del mismo modo, sobre los resultados de los procesos de revisión de las contrataciones de personal de los últimos 3 años, para el que se analice el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la normativa aplicable y meritúen las necesidades de servicio para la contratación.
También, acerca de la renovación o rescisión de las contrataciones de personal que se hubieran efectuado, antes del 31 de Diciembre de 2015.
Solicita además, información sobre la renovación o rescisión de las contrataciones de personal efectuada con anterioridad al año 2013, así como sobre los resultados de los procesos de revisión respecto de la necesidad y continuidad de dichas contrataciones.
Y por último, los casos y los motivos en que se hubiera fundado toda desvinculación de personal dispuesta del 10 de diciembre pasado a la fecha, cualquiera fuera su causa, y que no fuera resultado de la aplicación del Decreto 254/15.
Además, ante la posibilidad de que algunos despidos se hayan producido fuera del marco de dicha regulación, solicita se preste informe sobre los casos y los motivos de los mismos.
La senadora por el PJ pampeano, manifestó que «se advierte que los despidos en el Estado nacional motorizan despidos en las provincias, en los municipios, además de el sector privado», y agregó “desde nuestra posición partidaria ideológica, no podemos menos que disentir con el criterio asumido por el gobierno para avalar estas medidas».
Respecto a la discusión del número de trabajadores en el Estado, Durango dijo «se dice que es excesiva y esto es relativo, no hay un número óptimo, y por otro lado también que un Estado moderno y desarrollado debe tener menos empleo público. Esto no es así” expresó.
Señaló además que «tampoco es cierto», que las y los trabajadores «no tienen preparación adecuada», y al respecto argumentó que «según directivos del CIPPEC el 44% de los empleados públicos cuenta con formación universitaria y si sumamos a los que terminaron la secundaria o poseen estudios universitarios incompletos la tasa se eleva a ocho de cada diez personas, y en otro estudios se destaca que trabajadores del sector público tienen un promedio de 14 años de estudio, mientras que en el sector privado formal tienen 12 y en el informal diez».
Durango se refirió también a las contrataciones en el Estado fruto de la llamada «politización del empleo público», a lo que respondió que » entre 2011-2015 el gobierno realizó unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del Sistema Nacional de Empleo Público, esto es un 70 por ciento más de concursos que en los anteriores 18 años, por lo que estos últimos años la administración pública nacional ha vivido un vigoroso proceso de profesionalización de su plantel».
Otros de los argumentos, que la senadora señaló como el «más nefasto», es que se despiden trabajadores «porque no prestan efectivamente las tareas por las que reciben su salario».
En referencia a esto, dijo que «es prácticamente imposible que en el tiempo transcurrido se pudieran haber hecho las investigaciones necesarias para tamaña imputación», y que además constituye «una acusación que daña psicológica y moralmente al trabajador público, esmerilando además a todo el sistema burocrático estatal, deslegitimando y poniendo en sospecha todo el sistema público».
«Trabajadoras y trabajadores con años de antigüedad y nombrados por concurso, compañeras embarazadas, madres de discapacitados, personal a los que se les prohíbe el ingreso a su lugar de tareas sin más comunicación que la que le da el personal de seguridad del edificio, son desvinculados de su empleo en un contexto donde el único principio rector pareciera ser la arbitrariedad y el maltrato”, señaló Durango en la iniciativa.
