El diputado socialista, Luis Solana, manifestó que en Winifreda se le cobra a los vecinos como tasa la imposición de cámaras de vigilancia, cuando se trata de un servicio provincial.
El legislador explicó que se transfiere parte de la seguridad al municipio cuando debe ser un servicio provincial, «sentando un peligroso antecedente que se podría trasladar a otras localidades».
«Esperemos que esto no sea un plan del Ministerio de Seguridad que se quiera trasladar a otras localidades, y como parte del ajuste que se lleva adelante a nivel provincial», expresó.
Solana indicó que la medida «no solamente es una doble imposición económica», sino un mal precedente para toda la provincia ya que «le impone a los vecinos un cobro por el servicio que la Policía lo presta en el resto de las localidades».
En ese sentido, alertó que la decisión «podría extenderse a otras localidades».
Además, consideró que la ordenanza aprobada en Winifreda va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades «porque la municipalidad no puede crear nuevas tasas sin la autorización del Poder Ejecutivo Provincial, según el artículo 104».
Solana manifestó no estar en desacuerdo «con que se tomen medidas para dotar de mayor seguridad a los habitantes», pero por otro lado «no significa que se deba considerar como un servicio público a la seguridad».
«El servicio lo debe prestar la Provincia, superponiendo jurisdicciones y metiéndole la mano en el bolsillo al vecino por algo que ya le está cobrando. Y esto genera un mal antecedente para otras localidades», remarcó.
El Concejo Deliberante de Winifreda votó a favor de la ordenanza «sin el apoyo del Frepam», señaló el diputado, luego de una manifestación de vecinos que reclamaron por mayor seguridad.
Además, el legislador se mostró en desacuerdo tambíencon que «se faculte al municipio a suscribir convenios de concesión para tercerizar el control de las mismas».
Actualmente en La Pampa el servicio de video-vigilancia en la zona urbana se presta en más de diez localidades, además de Santa Rosa y General Pico, entre las que se cuentan Intendente Alvear, Macachín, Quemú Quemú y Alta Italia a cargo de la Policía y sin imposición de una nueva tasa a los vecinos, informó.
«Los ejemplos de Intendente Alvear y Quemú Quemú en la que la intendencia y los vecinos se organizaron, se compraron las cámaras y las maneja la policía, son ejemplos en toda la provincia», destacó Solana.
«No se puede dejar en manos de una empresa privada la videovigilancia de los habitantes de una localidad, y además cobrarles», dijo.
