El diputado provincial, Martín Berhongaray, presentó un proyecto cuestionando la actitud de la gestión anterior del gobierno provincial por ocultar a la opinión pública la existencia de un expediente administrativo ante la Procuración del Tesoro de la Nación, donde Mendoza reclamaba el cobro de la totalidad de las regalías de los Nihuiles.
Hace unas semanas se conoció el dictamen de la Procuraduría del Tesoro de la Nación que aceptó el reclamo mendocino y consideró que la provincia de La Pampa no debe cobrar regalías por la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles.
El dictamen fue resuelto a mediados del 2015 y la demanda fue presentada hace muchos años atrás y sólo hace algunas semanas se dio a conocer a la opinión pública. Frente a este panorama, el diputado Berhongaray presentó un proyecto de ley donde expresa “un enérgico repudio a la actitud de ocultamiento asumida por el gobierno provincial que finalizó el 10 de diciembre de 2015 que no informó oportunamente a la ciudadanía pampeana la existencia del Expte. PTN N° s04:0045740/14 (N°. original s01:0176346/02) promovido por la provincia de Mendoza ante la Procuración del Tesoro de la Nación reclamando despojar a La Pampa del derecho a percibir el 50 % de las regalías generadas por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles”.
Entre los fundamentos Martín Berhongaray destaca que “A partir de declaraciones vertidas por el Fiscal de Estado de la provincia de Mendoza, la ciudadanía pampeana se anotició de la emisión de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación fechado el 6 de julio de 2015, que amenaza con lesionar seriamente nuestros intereses provinciales”.
“La decisión en cuestión resultó el corolario de un reclamo promovido hace varios años por el gobierno mendocino que persigue la derogación del Decreto 1560 del año 1973 que reconoció a la provincia de La Pampa el derecho a la percepción de la mitad de las regalías generadas por el Complejo Hidroeléctrico El Nihuil, con fundamento en la Ley Nacional de Energía N° 15.336”.
El legislador manifiesta que la pretensión mendocina aduce que “en nuestro país la base de la regalía era la fuente hidroeléctrica que sólo pertenece al Estado en cuyo territorio se encuentra la pendiente por la que se precipita el agua que genera la electricidad, esto es, al tramo comprendido entre el punto donde el agua se acumula (embalse) y el punto donde se turbina (puesto de generación)”, expresó.
Berhongaray resalta que “resulta incomprensible y merecedora del más enérgico reproche la actitud asumida por las autoridades pampeanas que resolvieron no informar a la ciudadanía sobre la existencia de un reclamo administrativo cuyo desenlace (dictamen del Procurador del Tesoro) reviste enorme peligrosidad para los intereses de nuestra provincia”.
El radical precisa que la opinión pública debió haber conocido con tiempo el reclamo mendocino “A sabiendas de la honda significancia del planteo instaurado en la Procuración del Tesoro de la Nación, el gobierno de La Pampa decidió ocultarlo a la opinión pública, situación que nos privó de asignar oportunamente a nuestros mejores hombres y a nuestra mejor tradición al servicio de defender la posición pampeana sustentada en sólidos argumentos fácticos y jurídicos”, indicó.
“Debieron explorarse a tiempo un conjunto de medidas alternativas y gestiones ante las más altas autoridades nacionales a efectos de disuadir al Procurador de Tesoro de la Nación respecto de la emisión de un dictamen que resultó manifiestamente negativo”.
Calificó como un grueso error político “circunscribir la estrategia pampeana únicamente a la discusión jurídica del asunto en los despachos de algunas reparticiones nacionales siempre propensas, en la disyuntiva, a congraciarse con las intenciones mendocinas, dada su mayor peso político, económico y electoral en el concierto nacional”, argumentó.
El diputado se preguntó :”¿Por qué es sumamente grave la decisión adoptada por el Procurador del Tesoro de la Nación? Cabe tener presente que este funcionario con jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, dirige el cuerpo de abogados del Estado y comanda a los servicios jurídicos de los distintos organismos que integran la Administración Pública Nacional”.
“Si bien brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional, los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos que sienta la Procuración del Tesoro de la Nación resultan obligatorios para todos los abogados del Estado”, precisó.
Berhongaray dijo que “no debe perderse de vista que el dictamen en cuestión reseña la intervención previa de distintas reparticiones del Estado Nacional (Asesor Legal y Dirección Nacional de Prospectiva de la Subsecretaría de Energía, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras), cuyas conclusiones resultan todas contrarias a la histórica posición defendida por La Pampa”.
Sostuvo que “Pese a que la provincia de La Pampa tuvo activa participación en el marco del expediente en cuestión, rechazando en diversas oportunidades la injustificada, ilegal y absurda petición de la provincia de Mendoza dirigida a derogar el Decreto N° 1560/73 y aportando material probatorio, nuestras autoridades optaron por ocultar a la ciudadanía la existencia y el progreso de un reclamo de tamaña envergadura”.
